El año en el que la inflación recortó las pensiones

La última vez que España se enfrentó a una espiral de subida de precios como la actual, en 1985, había menos de dos millones y medio de jubilados, y se abonaban poco más de un millón de pensiones de viudedad. Hoy, se pagan casi 10 millones de pensiones contributivas, más del doble que entonces, y hay 6,23 millones de jubilados, un 150% más, con el doble de pensiones de viudedad abonadas en marzo pasado (2,35 millones) respecto a las de 1985.

En aquel entonces, las expectativas del inminente ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, disparaban los precios en mayo hasta el 9,9%. Ese mismo 1985, los socialistas aprobaban una ley de pensiones que suponía, según denunciaba UGT, un recorte de la pensión media de jubilación del 21,3%, con una rebaja de las prestaciones medias del régimen general del 11,4%.

Al Gobierno de entonces, presidido por Felipe González, no le quedó otra que aprobar una reforma en la que las prestaciones de jubilación de todos los regímenes de la Seguridad Social pasaban de un importe medio de 62.417 pesetas a 40.115 pesetas, explicaba la UGT, también de entonces.

Hoy, el Estado afronta un desembolso adicional récord para este año y otro que lleva rumbo de poner al límite las cuentas del Estado si no obra un milagro y como consecuencia de la nueva ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones.

Para este año, la indexación de las pensiones al IPC ha supuesto un incremento del 2,5% para las contributivas y de las Clases Pasivas del Estado, al que se añadió un alza del 3% de las pensiones mínimas y de las no contributivas, entre ellas el Ingreso Mínimo Vital. La revalorización de 2022, que beneficia a 11,5 millones de pensionistas, según el Gobierno, ha supuesto 6.500 millones de euros de desembolso extra.

La desviación del IPC real de 2021, situado en el 2,5%, respecto a las previsiones del 0,9% de alza de los precios, se llevó 2.600 millones de euros (2.230 millones en pensiones contributivas) por esos 1,6 puntos de desajuste.

La inflación media de 2021 fue del 3,1% tras un fuerte alza del 6,5% en diciembre. Sin embargo, la indexación de las pensiones se realiza con el IPC de diciembre de 2020 a noviembre de 2021. Hay que tener en cuenta, que hasta abril del pasado año los precios crecían muy por debajo del 2%.

Con estas cifras, y pese al crecimiento del 5,1% alcanzado por la economía en 2021, el gasto en pensiones se mantiene en el 12% del PIB como consecuencia del momento elegido para recuperar una doble revalorización (2021 y 2022), que coincide con la inflación más alta desde el estallido de la burbuja inmobiliaria.

El gasto total en prestaciones alcanzó los 173.814 millones de euros en 2021, un 5,9% más que en 2020, y una cifra que representa el 90,5% del gasto total realizado en el sistema de la Seguridad Social.

La mayor partida, 160.588 millones, correspondió a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento anual del 5,4%. En concreto, el gasto en pensiones contributivas de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares aumentó un 4,9%, hasta los 138.0459 millones de euros, como consecuencia del mayor número de pensionistas, de la elevación de la pensión media y de la revalorización de las pensiones contributivas.

Y la cifra sigue engordando. De hecho, el gasto mensual en todas las pensiones creció un 6,5% el pasado marzo, alcanzando el récord de 10.781,75 millones de euros. Las pensiones de jubilación suponen el mayor desembolso, acumulando 7.795,57 millones de euros, por encima de las pensiones de viudedad (1.823,52 millones de euros).

En función de las nuevas altas que se produzcan a lo largo de este año y del saldo con las bajas, que el pasado año supuso 107.000 pensiones más, y del cierre de la inflación, el Estado debería de afrontar un nuevo desembolso adicional superior a los 10.000 millones de euros solo para asegurar la capacidad adquisitiva de 11,5 millones de pensiones (10 millones de ellas contributivas).

El último cálculo de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) sitúa en el 6,8% su previsión de media anual de la inflación para 2022, y en el 2,8% en 2023.

De trasladarse íntegramente ese subidón del IPC a las nóminas de los pensionistas, habría que destinar una cifra extra que rondaría más bien los 11.000 millones de euros. Aún en el caso de que las medidas que ha tomado el Gobierno para tratar de contener la escalada de precios dieran resultado, el Estado debería abonar esos casi 10.000 millones ya que el impacto en los precios se verá reducido a apenas un punto. Según los cálculos de la Autoridad Fiscal AIReF, el desembolso adicional en estas prestaciones sería ligeramente inferior, ya que que calcula que por cada punto adicional de inflación, el gasto en pensiones sube en 1.500 millones.

Ante esta situación, los empresarios han pedido que el Pacto de Toledo se reúna cuanto antes para trasladar una propuesta a los agentes sociales sobre esta situación en el contexto del denominado pacto de rentas que promueve el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el cual se pretende alcanzar un marco de acuerdo entre la patronal y los trabajadores para obtener un equilibrio más ajustado a la realidad actual inflacionaria entre los márgenes empresariales y los salarios.

Los empresarios llaman la atención sobre la excesiva carga que pesa sobre la economía productiva, que debe mantener esos 11,5 millones de pensiones y subsidios, cuya capacidad adquisitiva ha quedado blindada ya que con la nueva ley siempre ganarían poder de compra, subieran o bajaran los precios, mientras que a las empresas y los trabajadores se les pide un nuevo sacrificio.

Para evitar el denominado efecto de segunda ronda, a los trabajadores se les pide contener sus demandas salariales a costa de perder capacidad adquisitiva. Para ellos, se estima una subida media que esté en concordancia con la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta el coste de la energía ni los alimentos no elaborados, que fue del 3,4% en marzo. Tras un año caducado, el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva de los salarios cerraron 2021 con incrementos que apenas rozaban el 1,5%. Los convenios firmados durante los dos primeros meses del año han cerrado con una subida salarial media de un 2,59%, según las cifras del Ministerio de Trabajo. A la espera de conocer los datos del pasado marzo, la subida salarial pactada en convenio en marzo del pasado año, del 1,58%, por encima del IPC (1,3%).

Hay que tener en cuenta que, en el mejor escenario, Funcas pronostica una reducción de la renta disponible bruta de los hogares que superaría los 18.500 millones de euros. Una reducción que no afectaría en la misma medida a las nóminas de los pensionistas.