Planas promete una ayuda al olivar tradicional sin decir su importe

El ministro de Agricultura ha anunciado la creación de una nueva ayuda asociada al olivar tradicional. Lo ha hecho en plena precampaña electoral en Andalucía, en Montoro (Córdoba). Esta medida supondrá una rectificación del Plan Estratégico Nacional de la PAC que Luis Planas envió a Bruselas. En este documento se contemplaba una línea de apoyo a este sector mediante un programa operativo que se iba a canalizar a través de organizaciones de productores, por lo que el dinero no llegaría directamente a los olivareros. Poco más se sabe de esta medida, ya que, según fuentes oficiales del Ministerio, todavía se está estudiando desde el punto de vista técnico y no se ha fijado la cantidad de dinero que se destinará a financiarla. Además de no conocerse la partida presupuestaria, no existe una definición de olivar tradicional a efectos de la ayuda y tampoco se sabe quiénes serán los beneficiarios.

Aunque el Ministerio dice que la partida presupuestaria está aún sin definir, LA RAZÓN ha podido saber que en una reciente reunión de Fernando Miranda, secretario general de Agricultura, con los directores generales de las comunidades autónomas, sí se habló de cifras. Se adelantó que habría 27,5 millones de euros anuales durante cinco años, lo que daría una cantidad total de 137,5 millones entre 2023 y 2027, ambos incluidos. La previsión que manejan en el equipo de Planas es que la ayuda ascienda a 50 euros por hectárea de olivar tradicional para unas 500.000 hectáreas. Pero estos datos no han sido confirmados oficialmente por el Ministerio. Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura serían las autonomías que se verían más beneficiadas por esta línea de apoyo.

Este no ha sido el único hecho polémico protagonizado por el ministro de Agricultura durante los últimos días relacionado con la precampaña electoral andaluza. Planas señaló que el Plan Estratégico de la PAC que ha enviado a Bruselas, sin contar con el consenso de las comunidades, conviene perfectamente a los intereses de Andalucía. Según él, la mayoría de los agricultores y ganaderos van a ganar o a quedarse igual en el reparto de las ayudas de la PAC. Sin embargo, no aportó cifras o estudios de impacto que avalen sus afirmaciones. Por el contrario, desde la Consejería de Agricultura han señalado que, según sus informes, esta región perderá más de 100 millones de euros al año, de los que 60 corresponderían al sector del olivar. Eso da una cantidad total en el periodo inicial de aplicación de la nueva PAC de más de 500 millones de euros. Las organizaciones agrarias ASAJA y COAG, así como las cooperativas, manejan cifras similares.

El glifosato y Bayer

El glifosato, el polémico herbicida de Monsanto, que ahora es propiedad de la multinacional alemana Bayer, vuelve al primer plano de la actualidad. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) ha anunciado que no estará en condiciones de concluir antes de otoño su informe de evaluación del citado producto, incumpliendo así los plazos que existían hasta ahora. El problema es que la autorización actual de comercialización del glifosato en la UE expira a finales de este año. ¿Qué va a pasar entones? ¿Continuará autorizado ese producto fitosanitario a partir de 2023, o no? Todo apunta a que la Comisión Europea tendría que prorrogar, al menos durante un año, la autorización actual del glifosato, que se renovó en 2017, en el último momento para un periodo de cinco años, que se acaba el 15 de diciembre de 2022. La AESA anunció el 10 de mayo el retraso hasta julio de 2023 de la publicación de su informe final sobre la clasificación del glifosato, al que se ha acusado de tener efectos cancerígenos.

Estas conclusiones se esperaban para el segundo semestre de este año con el fin de que los Estados miembros hubiesen podido votar sobre este polémico asunto antes de que acabase 2022. La AESA y la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA, por sus siglas en inglés) han argumentado que ha recibido un elevado número de comentarios en el marco de sus consultas. En concreto han sido 368 respuestas y unos 2.400 comentarios de expertos de los Estados, por lo que tienen que revisar su calendario de trabajo. El comité de evaluación de riesgos de la ECHA abordará la clasificación de los peligros del glifosato (carcinogenicidad, genotoxicidad, toxicidad para la reproducción y el desarrollo) en su reunión plenaria de finales de este mes y lo publicará a finales de julio o mediados de agosto y luego seguirán más pasos en la tramitación. El dictamen de la AESA es imprescindible y obligatorio para que los Estados tomen una decisión y estos últimos están muy divididos. Mientras tanto, las organizaciones ecologistas piden que se prohíba el glifosato de una vez por todas. La polémica está servida.