Cuenta atrás para el adiós de los VTC tras el verano

Cuenta atrás para evitar que más de la mitad de los VTC desaparezcan de las ciudades. El próximo 30 de septiembre se acaba el periodo de cuatro años otorgado a las comunidades autónomas por el «Decreto Ábalos» para que regulen el negocio de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y «Madrid es la única región que ha dado un paso adelante en el desarrollo de una regulación que apuesta por la convivencia entre los sectores del taxi y la VTC», denuncia Ignacio Manzano, presidente de Aseval. En concreto, el pasado mes de junio se aprobó en la Asamblea de Madrid la modificación de la Ley de Transportes de la Comunidad de Madrid que permitirá a los VTC, como Uber, Cabify o Bolt, seguir operando a partir de octubre en las urbes madrileñas. Del resto de comunidades no hay noticias o las que hay no son positivas para el sector, como en el caso de Cataluña. La Generalitat aprobó el 5 de julio un decreto de urgencia que permitirá seguir operando a los VTC en la ciudad, pero cuyas elevadas restricciones provocarán la desaparición de dos tercios de las licencias actuales de VTC.

Después de las protestas del taxi de julio de 2018, el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 13/2018, conocido como «Decreto Ábalos», que transfirió a las comunidades autónomas la responsabilidad de regular su actividad en trayectos urbanos antes del 1 de octubre de 2022. De no hacerlo, sus servicios quedarán circunscritos a trayectos interurbanos, lo que abocaría en la práctica a los afectados a su desaparición, ya que su negocio principal está en las ciudades. En previsión de que esto pudiera suceder es por lo que el Ministerio de Transportes fijó un periodo indemnizatorio de cuatro años hasta que hubiera regulación autonómica que haría las veces de compensación para las compañías que, hipotéticamente, tengan que cerrar su actividad porque no les sea rentable operar sólo trayectos interurbanos. Pero, por el momento, solo Madrid ha desarrollado una regulación autonómica que permite la convivencia de los VTC y el taxi.

En Madrid, el sector de la VTC genera más de 13.000 empleos, entre puestos directos e indirectos, a través de un total de 8.400 licencias que suponen el 45% del total en España (18.500). Andalucía cuenta actualmente con 3.272 licencias, el 22% del total, y Cataluña, tras la aprobación de la nueva regulación, cuenta con 1.200 licencias activas, el 8% del total nacional, explica a LA RAZÓN el presidente de Aseval. El número de licencias operativas de VTC no ha parado de descender, ya que aunque la región cuenta con 4.000 autorizaciones de VTC, apenas hay 1.000 licencias activas por la restricciones vigentes (Decreto Ley 4/2019, de 29 de enero), como la prohibición de recoger pasajeros por la calle o la necesidad de precontratar el servicio con 15 minutos de antelación, que se sumarán a las nuevas limitaciones del decreto que entra en vigor el 1 de octubre.

Más restricciones en Cataluña

La nueva regulación catalana, aplicable durante dos años y prorrogable otros dos más, es una estocada mortal para el sector. Aunque la nueva norma permite que los VTC puedan continuar operando después del 30 septiembre en el área metropolitana, incluida la ciudad de Barcelona, los requisitos se endurecen aún más. En concreto, el decreto establece que los vehículos no podrán medir menos de 4,90 metros, una condición que solo cumplen algunos turismos de gama más alta y las furgonetas de pasajeros. Deberán contar, además, con la etiqueta ECO o Cero y también tendrán que ser titulares de una autorización de VTC domiciliada en Cataluña, pero con un vehículo adscrito durante al menos el último año. Por otra parte, el seguro de responsabilidad civil tendrá que cubrir daños por un valor de 50 millones de euros.

«Cataluña ha regulado pero ha regulado francamente mal, contra el sector, y que va en contra de las recomendaciones de la Unión Europea. De hecho, parece que han analizado las recomendaciones y han hecho exactamente lo contrario», denuncia Eduardo Martín, expresidente de Unauto VTC y actual presidente de Movea. Ante este desolador escenario, Martín espera que Andalucía regule y lo hagan otras comunidades para evitar la desaparición de 55% de los VTC. No obstante, es su opinión, esto solo será posible si se realiza una prórroga del «Decreto Ábalos».

El sector pide una moratoria

El pasado 6 de julio las patronales Unauto VTC y Feneval solicitaron a Transportes una ampliación del plazo compensatorio de cuatro años recogido en el “Decreto Ábalos” a otros dos años extra. El presidente de Movea explica que el carácter indemnizatorio del «Decreto Ábalos» se ha visto alterado por la pandemia. «Es lógico que se haga una prórroga tal y como se ha hecho con el resto de procedimientos administrativos prolongando el vencimiento mediante una resolución administrativa o mediante otro decreto ley de manera que ese carácter indemnizatorio pueda cumplirse», señala en declaraciones a LA RAZÓN.

«Además hay que recordar que los plazos fijados estaban sujetos a ampliaciones de plazo que han sido anuladas por el Tribunal Superior de Justicia, ya que subcontrató los servicios de los funcionarios a una empresa externa llamada Ineco. Es decir, habría muchas autorizaciones que podrían seguir prestando servicio si el Ministerio hubiera realizado correctamente los procedimientos para el otorgamiento de los plazos compensatorios previstos en el decreto. Por otra parte, el “Decreto Ábalos” puede ser tumbado tanto por el Constitucional como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que hay procedimientos abiertos pendientes de resolución», añade Eduardo Martín. Según los datos de Aseval, el sector da trabajo a 61.700 personas y su desaparición supondría la pérdida de 2.500 millones en términos de recaudación y de inversiones no realizadas.

Mientras las grandes empresas del sector instan al Gobierno a aprobar una moratoria, el Supremo reabrió el estudio de la ratio de un VTC por cada 30 taxis y de otras limitaciones como la precontratación de servicios, tras los recursos planteados tanto por el sector del taxi como de los VTC. En cuanto a la ratio, el Supremo ha solicitado la valoración del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y sobre el resto de restricciones aún no se ha pronunciado. A la espera de resolver estas cuestiones, la guerra entre el taxi y los VTC sube de tono y no se descartan protestas de los taxistas en los próximos meses.

Según los datos recogidos por el Ministerio de Transportes, hasta el 1 de agosto, la proporción es ahora de un VTC por cada 3,4 taxis, frente a la proporción uno a 30 fijada por ley para que se puedan conceder nuevas licencias. Así que sobran 15.291 VTC para cumplir con la proporción. En concreto, España contaba a 1 de agosto de 2022 con 17.265 licencias activas de VTC, lo que supone que durante lo que va de este año dichas licencias se redujeron en 667 unidades, desapareciendo un 3,7% de las registradas al final de 2021. Las de taxi se redujeron en 5.453 unidades en el inicio de 2022, al retroceder un 8,4%, hasta 59.206 licencias. Desde Free Now, la aplicación con la que opera Taxi, explican que «no están a favor de restringir la competencia ni las alternativas de movilidad. Apostamos por una movilidad compartida, eficiente y diversa, que se adapte a las necesidades del usuario en cada momento. Sin embargo, consideramos que la competencia debe ser justa y regirse por las mismas reglas, lo que no es el caso de las VTCs y el taxi».