Más de la mitad de los VTC, en peligro de extinción

A nueve meses de que venza el plazo para que las comunidades autónomas regulen el negocio de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), el panorama no puede ser más inquietante para el sector. Sólo una comunidad autónoma, Madrid, está tramitando una normativa para que no desaparezca. En concreto, el pasado 23 de diciembre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentó el Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, que incluye una modificación en la Ley de Transportes para regular las VTC. Del resto de autonomías, apenas hay noticias. Y si no las hubiera antes de que termine octubre, el 55% del sector estaría casi abocado a la desaparición.

En la actualidad, los VTC siguen operando, aunque lo hacen gracias a una suerte de moratoria legal. Después de las protestas del taxi de julio de 2018, el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 13/2018, que transfirió a las comunidades autónomas la responsabilidad de regular su actividad en trayectos urbanos antes de octubre de 2022. De no hacerlo, sus servicios quedarán circunscritos a trayectos interurbanos, lo que abocaría en la práctica a los afectados a su desaparición ya que su negocio principal está en las ciudades. En previsión de que esto pudiera suceder es por lo que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) fijó un periodo transitorio de cuatro años hasta que hubiera regulación autonómica que haría las veces de compensación para las compañías que, hipotéticamente, tenga que cerrar su actividad porque no les sea rentable operar sólo trayectos interurbanos. Pero, por el momento, la única que se ha puesto manos a la obra es Madrid, que concentra el 45% del sector, con casi 8.000 autorizaciones VTC de las que unas 7.000 están activas. El sector de las VTC emplea en esta comunidad en la actualidad a 13.650 personas (empleo directo e indirecto), según los cálculos de la asociación del sector Aseval, que estima un potencial para el sector en la región de algo más de 1.000 millones de euros.

El resto de comunidades autónomas se enfrentan a lo que Aseval define como “un precipicio regulatorio” desde diferentes posiciones. Desde Unauto, otra de las organizaciones del sector, aseguran que el Gobierno andaluz les ha transmitido que aunque reconocen la dificultad para regular el sector, “están en ello”. En esta región hay ahora mismo unas 2.000 autorizaciones activas, que generan unos 3.600 empleos y tienen un potencial de 372 millones. Por eso, el sector considera crucial que la Junta regule.

Andalucía se ha convertido en la segunda comunidad con más licencias tras Madrid desplazando a Cataluña, que es una de las autonomías que se ha mostrado más beligerante contra los VTC. Actualmente, Aseval estima que tiene operativas unas 1.600 licencias y lo achaca a la regulación introducida por la Generalitat a través del Decreto Ley 4/2019, de 29 de enero. Esta norma establece un intervalo mínimo de 15 minutos entre la contratación y la prestación efectiva del servicio, plazo que los ayuntamientos pueden ampliar. Cuando no estén precontratados o prestando servicio, los vehículos deben permanecer estacionados fuera de las vías públicas, en aparcamientos o garajes. No se permite la geolocalización mediante la cual los clientes puedan ubicar, con carácter previo a la contratación, los vehículos disponibles. Siguiendo la estela de Cataluña, el Gobierno de la Generalitat Valenciana aprobó un Decreto Ley muy similar al catalán (DL 4/2019 del Consejo de la Generalitat Valenciana), imponiendo un requisito de precontratación de 15 minutos. Al igual que en Cataluña, Aseval asegura que la entrada en vigor del Decreto Ley desencadenó una importante ola de despidos.

Confianza

A pesar de esta complicada situación a nueve meses de que expire el plazo fijado, desde el sector confían en que a Madrid se le vayan poco a poco sumando otras comunidades en su regulación. Ignacio Manzano, presidente de Aseval, confía precisamente en que tras esta región, haya otras “que regulen y no dejen tirados a los trabajadores”. Porque, como asegura, sus asociados no dejan de ser “transportistas que comercializan sus servicios a través de una app, como hacen también algunos taxis”. “Nosotros tenemos empleados, coches... todo en regla y pagamos nuestros impuestos”, añade. Según sus estimaciones, el sector da trabajo a 61.700 personas y su desaparición supondría la pérdida de 2.500 millones en términos de recaudación y de inversiones no realizadas.

Desde Unauto, Eduardo Martín también asegura que las autonomías están, de algún modo, “obligadas a legislar por el peso que tiene el sector para la economía y porque el ciudadano lo necesita”.