La gran ficción del Estado

Frederic Bastiat (1801-1850), francés, liberal y autor, por ejemplo, de la fascinante «Petición de los fabricantes de velas...» al Parlamento, escribió que «el Estado es una gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de todo el mundo». En su tiempo fue provocador, cuando el gasto público era ridículo comparado con el actual y era bastante más difícil vivir a costa del Estado. Todo ha cambiado mucho, sin duda para mejor, porque, como defiende Steven Pinker entre otros, nunca tantos miles de millones de personas han vivido tan bien como ahora, lo que no justifica ni pretende olvidar situaciones –reales– de miseria. El gasto público, no obstante, crece y crece, y no siempre en la dirección ni en las cantidades más adecuadas.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con frecuencia metepatas político, ha pasado de criticar los informes del Banco de España que no apoyan al Gobierno a matizar que, en realidad, son estudios con autores propios cuyas opiniones no reflejan la institucional de la entidad que gobierna Pablo Hernández de Cos. Ahora, cuatro economistas del Banco de España –Mario Alloza, Víctor Forte-Campos, Enrique Moral-Benito y Javier J. Pérez–, con aportaciones de Julia Brunet, cuando trabajaba allí, acaban de publicar, en la serie «Documentos Ocasionales» del Banco de España, un informe sobre «El gasto público en España desde una perspectiva europea» que, le guste a quien le guste, desmonta algunos mitos sobre el papel protector del Estado en España.

Los autores utilizan datos de 2019, aunque los avances que hay de los de 2020 confirman la tendencia. Los cinco economistas llegan a la conclusión (sic) de que «España muestra un peso relativamente elevado, desde una perspectiva europea, en partidas como las prestaciones sociales –pensiones y desempleo– y los pagos por intereses de la deuda, pero un peso relativamente menor en partidas como la educación y la inversión pública». Es decir, el gasto público en España se concentra más en asistir y subvencionar que en realizar proyectos de futuro, educación incluida. Eso no significa que no se atienda a la educación, sino que el gasto en ese capítulo crece menos que en otros. Entre 2019 y 2020 –datos provisionales– el gasto en educación pasó de 45.000 a 52.000 millones, con un crecimiento del 14,6%. En ese mismo periodo, las cantidades dedicadas a protección social y salud crecieron un 30.9 y un 26,1%, respectivamente, siempre según datos de la Intervención general de la Administración del Estado, y que en el caso de la Sanidad están influenciados por la pandemia.

La novedad –hasta cierto punto– del estudio de los economistas del Banco de España, que hablan en su nombre claro, es la constatación, que para los no informados puede resultar sorprendente, de que España gasta más que otros países de su entorno en prestaciones sociales, lo que arrumba muchas teorías y demagogias políticas. «En 2019, el gasto en prestaciones sociales –dice el informe– alcanzó el 18,4% del PIB en España, frente al 17% de la media de los 28 países de la Unión Europea (UE-28) y el 19,5% de los 15 países del euro (UE-15)». Y desde la crisis de 2008, la subida del gasto en ese capítulo –siempre en porcentaje del PIB– ha sido mayor y más duradera en España que en otros países, «con un ascenso de más de 4 puntos porcentuales y, a diferencia de otros países, aún no ha mostrado signos de corrección». En términos absolutos hay algunas diferencias, con un gasto de per cápita de 5.363 euros en España, frente a los 5.627 de la UE-28 o los 7.482 de la UE-15. El gasto en prestaciones se concentra, sobre todo, en las pensiones, pero también –un 14% del total–en bienes y servicios que se ofrecen a los hogares y en subsidios de desempleo, un 17% en 2019. Por el contrario, España es uno de los países que menos gastaría en inversión, un 2,8% del PIB, muy por debajo de la media de la UE-15 y de la UE-28, con porcentajes del 3,8 y del 4,3%. A todo eso habría que añadir el gasto en intereses, un 2,3% del PIB, frente al 1,8 y 1,5 de los dos grupos de la UE.

La conclusión más significativa a la que llegan los autores del informe, y que debería preocupar tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a la oposición de Núñez Feijóo, es que «una composición del gasto público con un menor peso en inversión y educación suele estar asociada, a medio plazo, con tasas inferiores de crecimiento de la economía y con una menor capacidad para reducir la desigualdad». La duda que surge es qué prefiere el Gobierno, gastar en asistencia –que da réditos políticos inmediatos– o invertir a medio plazo. De eso depende que unos intenten vivir a costa de otros y que el Estado sea la gran ficción de la que hablaba Bastiat.

La mayoría de los nuevos contratos indefinidos son de sustitución

La creación de empleo perdió impulso en el segundo trimestre y el efecto más notorio de la reforma laboral, que tanto impulsó la vicepresidenta Yolanda Díaz, es que los nuevos contratos indefinidos –que han aumentado mucho– son contratos de sustitución de los temporales anteriores en la modalidad de «fijos discontinuos» que mantienen una temporalidad igual o similar, según los datos del último «Observatorio trimestral del mercado laboral», de Fedea, EY-Sagardoy y BBVA Research.

Más empleo público durante la pandemia pero con menos productividad

El crecimiento del empleo en el sector público ha tenido un papel importante en el sostenimiento del empleo total durante la pandemia de coronavirus. Al mismo tiempo, es probable que el aumento de los trabajadores temporales en el sector público haya contribuido negativamente a la productividad del trabajo agregada en el mismo periodo, según un informe que publica el Boletín Económico del Banco Central Europeo, realizado por los economistas Agostino Consolo y Antonio Dias de Silva.