El Gobierno desata la guerra entre funcionarios por los ascensos “politizados” que hunden la cualificación

La supuesta modernización de las estructuras de la Administración pública española que quiere llevar a cabo el Gobierno de coalición PSOE-Podemos está desatando la iras y el rechazo de una buena parte del funcionariado español, sobre todo entre las escalas más altas, que acusan al Ejecutivo en general, y a las ministras de Función Pública, María Jesús Montero, y Trabajo, Yolanda Díaz, de estar «dinamitando la convivencia, los principios e incluso la constitucionalidad del empleo público y de la promoción interna para acabar con la independencia y la imparcialidad de una Administración que debe estar al margen de cambios políticos». Así lo denunciaron esta semana la práctica totalidad de las 43 asociaciones profesionales y sindicatos pertenecientes a Fedeca, que representan a más de 15.000 funcionarios del subgrupo A1 –el cuerpo más alto de la Administración–, y que irá a los tribunales para denunciar el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios en las escalas inferiores (CSIF, UGT y CC OO) para facilitar la promoción interna de los funcionarios a través de pruebas de acceso más asequibles, con menos temario, tipo test y con una reducción de la exigencia curricular.

Estos altos funcionarios ya han programado movilizaciones para protestar contra este acuerdo –los inspectores de Hacienda se concentrarán ante el Ministerio que dirige Montero el próximo día 14-, que será solo el primer paso de una larga lista de acciones, que culminarán con un recurso contencioso administrativo para paralizar el acuerdo en los juzgados y la impugnación de cada una de las nuevas convocatorias de plazas que se activen en la Administración Pública. Su objetivo es que «se hagan valer los principios de igualdad que han regido hasta ahora y que se mantenga el actual sistema de selección, que sí capta el talento o, en su caso, se busque una mejora pero contando con todas las partes implicadas y sin politizaciones», manifestó el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), Ransés Pérez Boga.

Con el acuerdo rubricado entre Gobierno y representantes sindicales se revisan los criterios en los procesos de mejora profesional de los empleados públicos, que implica que los exámenes para la promoción interna serán tipo test, serán válidos los ejercicios anteriores aprobados, se unificarán ejercicios y reducirán el temario y los requisitos, incluso se prescindirá de la prueba de idiomas. El objetivo, según defienden los sindicatos firmantes, es reducir la elevada cifra de vacantes en los actuales procesos de promoción interna, que en algunos casos dejan sin cubrir más del 70% de las plazas.

Así, en la primera fase los funcionarios estarán exentos de realizar ejercicios que hayan superado en convocatorias anteriores y análogas. Posteriormente, habrá una fase de concurso, en la que se valorará la experiencia, y en la que se puntuarán los servicios prestados con un 60%, el tiempo consolidado en la Administración un 20% y los cursos de formación recibidos de más de 15 horas con otro 20%. En el caso de la promoción la promoción al A1, el único requisito extraordinario a los anteriores será la realización de un curso selectivo que impartirá la propia Administración y que contará con una parte eliminatoria.

Esto es lo que ha levantando en armas a este colectivo, que ha decidido plantar cara a Función Pública, la impulsora del acuerdo, e intentar paralizar su puesta en marcha, lo que podría terminar con una paralización de todas las funciones ejecutivas de la Administración si no se tienen en cuenta sus demandas y se cuenta con ellos para elaborar un nuevo acuerdo que recoja sus aportaciones. «Al no tener respuesta del Gobierno y tras dejarnos al margen en una negociación en la que nos vemos directamente afectados, y que va a deteriorar la calidad y la excelencia que debe tener el servicio de la Administración Pública, tendremos que actuar en consecuencia», manifestó Pérez Boga, cuyos servicios jurídicos de la asociación están preparando ya un recurso contencioso administrativo, al que se sumarán la mayoría del resto de asociaciones integradas en Fedeca.

Los representantes de estos cuerpos superiores de la Administración escenificaron su unidad y su oposición a estas medidas esta semana, en una rueda de prensa conjunta, en la que denunciaron que «el acuerdo firmado con unos sindicatos sin representación en nuestras escalas no respeta los principios básicos para el acceso a la función pública, ni de la Administración ni de la propia Constitución, porque desdeña la igualdad, el mérito y la capacidad», expresaba la secretaria general de Fedeca, Virginia Pérez Alegre. Según explicó, con este nuevo plan no se respetan «ni los principios de imparcialidad, ni de igualdad ni de cualificación» que deben regir el desempeño de la labor de los empleados públicos de la mencionada escala. También puso en duda la legalidad y constitucionalidad del texto firmado porque «propone un modelo diferente para cada comunidad autónoma, atentando contra el principio constitucional que garantiza la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales».

Los altos funcionarios rechazan que se justifique la aprobación de los cambios normativos de la promoción interna por la necesidad de cubrir las vacantes que se generan en los cuerpos superiores, tanto por la complejidad y exigencia en las pruebas de acceso como por el envejecimiento de su plantilla –que verá jubilarse al 50% en los próximos cinco años-, que se evite la «huida» de funcionarios a puestos mejor remunerados en el sector privado y por la necesidad de garantizar una carrera profesional a los empleados públicos, promocionando una carrera de abajo a arriba.

Eso es lo que defienden desde CSIF, que considera que todos estos cambios «refuerzan, fomentan e impulsan la promoción interna entre todos los empleados y empleadas públicos sin que supongan un cambio radical en el proceso». También creen que estas medidas «son efectivas para seguir progresando hacia un nuevo modelo de promoción interna mucho más efectivo y atractivo para la captación y retención de talento, lo que redundará en el beneficio de todos los ciudadanos porque disfrutarán de unos servicios públicos de mayor calidad».

No lo ven así desde la otra orilla, que creen que todo viene de «un problema coyuntural por la mala planificación que se ha hecho desde la crisis financiera. Pero la solución no pasa por modificar los criterios de acceso y bajar el listón de la cualificación al mínimo, sino formar a los funcionarios que se ganen su plaza por méritos propios y no eliminando requisitos», reiteró Pérez Bogas. En el mismo sentido, Juan Manuel Caballero, presidente de la Asociación de Técnicos de Gestión del Estado, criticó que «lo que realmente va a ocurrir con esta flexibilización es el destrozo de la Administración y la muerte de una función pública altamente cualificada, independiente y profesional. Se va a perder todo eso porque ahora no se sabe qué criterios se van a tener en cuenta para la promoción, que va a tener una enorme subjetividad porque busca que el cuerpo de funcionarios sea más dócil para el Gobierno. La independencia es la base de una Administración de calidad y eso es lo que quieren cargarse».

Nada de esto lo comparten desde Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, que acusan a los altos funcionarios de «querer mantener sus privilegios intactos» y critican que «realmente hablen de independencia y de evitar la subjetividad, cuando la mitad de sus puestos ejecutivos son de libre designación y la mayoría de ellos gana más que el presidente del Gobierno», arremetió Carlos Cruzado en un encuentro con periodistas, en el que defendió que «es absurdo que se siga sin tener en cuenta la experiencia acumulada por los funcionarios que quieren promocionar y que se quiera convertir la promoción en un mero ejercicio memorístico que obliga a dejar de trabajar durante meses para poder preparar la prueba. Y ni siquiera es homologable con los sistemas que se utilizan en el resto de países de la Unión Europea».

Nada que ver con lo que entiende María Jesús Esteban, presidenta de la Asociación de Técnicos Superiores de la Administración de la Seguridad Social, que cree que el nuevo modelo de evaluación «provoca discriminación entre los que acceden a un puesto superior por promoción interna sobre los que lo hacen por libre». También censuró que se haya reducido el número de pruebas, se haya eliminado la de conocimientos generales, reducido al mínimo el temario y minimizado todo el proceso de cualificación. «Eso es un error, porque para puestos tan relevantes de la Administración se necesitan muchos conocimientos, que ahora no se van a exigir. Además, se politiza todo el proceso, y se acaba con independencia y objetividad de los directivos públicos, que estaban la margen de los cambios políticos».

En el mismo sentido, Tamara Pardo, presidenta de la Asociación de Interventores y Auditores del Estado, afeó al Gobierno y a los sindicatos firmantes que «el cambio no busca la excelencia, sino que minora la relevancia de los conocimientos a demostrar, no valora la preparación continua, ni la fluidez verbal ni mental porque se ha eliminado el examen oral. El nivel de exigencia y esfuerzo deben mantenerse para garantizar un buen funcionamiento de las instituciones, por eso nos oponemos a esta reforma y hacemos un nuevo llamamiento al Gobierno para que hable y negocie con nosotros».

Desde CC OO se niega la mayor y consideran que el nuevo modelo «mejora la valoración de la carrera profesional del empleado público, al que se entrega un itinerario formativo para promocionar, sin tener que recurrir a un mero ejercicio memorístico con un temario que ni siquiera tendría relación directa con el desempeño de sus funciones». En igual línea, fuentes de UGT insisten en que con este nuevo modelo se valora la experiencia con la que ya cuentan los empleados que promocionan y se evita la complicación actual para poder ascender desde la propia Administración. «Tal y como está planteado actualmente el proceso, hay muchos puestos para los que es más fácil acceder por el turno libre que dentro de la Administración, lo que complica sobremanera que muchas plazas no se cubran. Con este acuerdo se agilizará el proceso y evitará que las plazas de promoción interna queden sin cubrir».

José María Peláez, ex presidente de IHE y voz autorizada entre los altos funcionarios, apunta que lo firmado tendrá un «consecuencia directa en el nivel de preparación técnica de los promocionados, que estará muy por debajo de lo que requiere su puesto. Es mejor no cubrir una vacante que cubrirla con una persona que no esté preparada para sus funciones. Y no vale que se haga por necesidad para cubrir las vacantes». Peláez advierte de que su aplicación redundará en «un peor servicio público que ni siquiera solucionará los problemas de plantilla ni se reducirá su edad media».

Según fuentes oficiales, entre los cuerpos y escalas con porcentaje de cobertura inferior al 70% se encuentran los técnicos superiores de la Seguridad Social, ingenieros aeronáuticos, ingenieros agrónomos, interventores y auditores del Estado, inspectores de Seguros, ingenieros de Caminos, técnicos superiores de Vigilancia Aduanera, de Tráfico, técnicos de Instituciones Penitenciarias, Inspectores de Hacienda, Trabajo o de la Seguridad Social, pero «hay déficit en prácticamente todas las escalas, destinos y puestos», recalcan los sindicatos, que no desdeñan el choque y advierten del poco recorrido que puede tener en los tribunales la denuncia de los altos funcionarios.

Otro frente tiene abierto el Ejecutivo entre los funcionarios. En este caso en la Inspección de Trabajo, cuyos inspectores han acusado a Díaz de «llevar a la ruina» al organismo», cuya situación empeora cada día que pasa mientras «la ministra lanza mensajes triunfalistas y ni siquiera cumple con el acuerdo firmado en julio de 2021, en el que se pactaron todas las medidas necesarias para solucionar los problemas de la Inspección, sin que se haya aplicado ninguna medida». Fuentes de Trabajo se limitan a asegurar que «todo está en manos de Función Pública», a la que señalan directamente con ser la que está bloqueando la aplicación del acuerdo aprobado.