Admitida una querella contra Ruiz Mateos y sus 6 hijos por un delito contra los derechos de los trabajadores

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón ha admitido a trámite una querella criminal contra el empresario jerezano Jose María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y una de las empresas de su propiedad por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y delito contra los derechos de los trabajadores. La querella, presentada por empleados de los Ruiz Mateos representados por Legálitas -entre ellos su secretaria y personal de confianza Estrella Torres- acusa a la familia de hechos que se remontan al año 2010 cuando fueron traspasados desde empresas solventes de su grupo empresarial a otra, Enjambradera SLU, "creada ad hoc para tal fin, y carente de activos".

El auto por el que se admite la querella acuerda citar en calidad de imputados a los querellados que tendrán que declarar en los próximos días.

Según explican los querellantes el argumento ofrecido para el traspaso a la otra empresa fue el de "evitar agravios comparativos entre los trabajadores que prestaban sus servicios para todo el grupo indistintamente". En ese momento se les reconoció la antigüedad y la categoría a todos los trabajadores, "pero no se liquidaron las indemnizaciones oportunas, en algunos casos millonarias, después de más de 40 años de servicio para las empresas del Grupo Rumasa y Nueva Rumasa.

Poco después, entre los meses de mayo y octubre de 2011, los trabajadores recibieron la comunicación de su despido, reconociendo su improcedencia y emplazándolos a que demandasen su indemnización ante los tribunales".

Los empleados solo podían demandar sus indemnizaciones a Enjambradera, con la que mantenían la relación laboral, que contaba con una capital social mínimo de 3.010,00 euros sin capacidad económica ni propiedades para hacer frente al pago de las millonarias indemnizaciones de los trabajadores.

"El perjuicio causado a estos trabajadores es claro y resulta de la actuación dolosa, mediante engaño suficiente y abusando de su confianza, en ejecución de un plan premeditadamente concebido, junto con otros, para la ocultación de la auténtica realidad del grupo de empresas Nueva Rumasa, y las verdaderas razones para llevar a cabo determinados actos mercantiles y laborales", indica Legálitas en una nota de prensa.

En opinión de los querellantes, esta forma de actuar se encuadra dentro de la operativa general del Grupo que se ha evidenciado en las investigaciones que se están llevando a cabo por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Diligencias Previas 112/2011 en las que se investiga la emisión de pagarés por la empresa Nueva Rumasa entre los años 2009 a 2011.

"Para evitar el pago de las obligaciones asumidas con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social, las empresas se daban de baja y todos sus activos se traspasaban a otras con el ánimo, presuntamente, de evadir las obligaciones fiscales", indica Legálitas.