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La Fiscalía pide imputar a Francisco González por el “caso Villarejo”

Tras la imputación del BBVA, Anticorrupción quiere ahora que se investigue al ex presidente de la entidad por el encargo para impedir que Sacyr tomara el control

Tras la imputación del BBVA, Anticorrupción quiere ahora que se investigue al ex presidente de la entidad por el encargo para impedir que Sacyr tomara el control.

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Menos de cuatro meses después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordase, a instancias de Anticorrupción, la imputación del BBVA como persona jurídica por los trabajos realizados por el ex comisario José Villarejo para la entidad, la Fiscalía ha solicitado al magistrado que cite como investigado en la causa al ex presidente del banco Francisco González por los delitos de cohecho y revelación de secretos, según confirmaron fuentes jurídicas.

Los fiscales del caso pretenden que González explique los supuestos pagos ilícitos a Villarejo –en prisión desde hace dos años por el «caso Tándem», que ha derivado en ese tiempo en más de una docena de piezas separadas– para que por medio de su empresa Cenyt realizara labores de espionaje para frenar el desembarco de la constructora Sacyr en la entidad en 2004.

Un encargo realizado bajo la presidencia de González que habría afectado, según Anticorrupción, a «varias áreas sensibles del banco» y a diversos ejecutivos del banco «durante un prolongado período temporal». El objetivo, según la Fiscalía, era llevar a cabo «múltiples servicios de inteligencia» y de investigación «de naturaleza patrimonial y carácter ilícito» dado que esas tareas asumidas por el ex comisario eran incompatibles con su condición de funcionario policial. De ahí que, según Anticorrupción, el BBVA y su presidente habrían incurrido en un delito de cohecho.

La actuación de Villarejo habría incurrido en seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones y datos bancarios lo que, según la Fiscalía, supondría una clara injerencia en los derechos fundamentales de las personas afectadas –entre ellas el ex ministro de Industria Miguel Sebastián– y la supuesta comisión del delito de revelación de secretos.

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Tras conocer la petición de la Fiscalía, el ex presidente del BBVA reiteró ayer su «plena disposición a colaborar con la Justicia», algo que ya hizo el pasado julio cuando el juez García Castellón acordó la imputación de la entidad bancaria. Entonces calificó de «intachable» la actuación del banco y se comprometió a afrontar la investigación judicial con «total transparencia». González –que abandonó la presidencia de honor del BBVA el pasado marzo a consecuencia de las revelaciones del «caso Villarejo»– defendió que bajo su presidencia la entidad actuó «dentro de la más estricta legalidad».

Anticorrupción imputa incluso a algunos ex directivos del BBVA investigados en la causa un delito de corrupción en los negocios por haber recibido supuestamente «dádivas del entorno del Grupo Cenyt» para facilitar la contratación de la empresa del comisario jubilado.

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Para localizar morosos

El pasado 4 de julio Antonio Béjar, ex responsable de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA, reconoció en su declaración judicial como investigado que la entidad contrató los servicios de Cenyt, la empresa de Villarejo, entre 2010 y 2013, aunque matizó que el único encargo que se le hizo fue que localizara morosos. Eso sí, negó que tuviera conocimiento de que esa sociedad perteneciera al ex comisario de Policía.

En esta pieza separada se investiga a casi una decena de ex responsables de la entidad, entre ellos el que fuera responsable de seguridad Julio Corrochano.

En la resolución en la que acordó prorrogar otros dos años la prisión de Villarejo, el juez García Castellón sostiene que el ex comisario puso en marcha «una estructura paraestatal que ha instrumentalizado de forma sistemática los recursos públicos en beneficio propio y de sus clientes» –entre los que se encontraba el BBVA– «habiendo comprometido gravemente el servicio público y puesto en tela de juicio la autoridad del Estado». Obteniendo además por esos proyectos «cantidades millonarias».