Aplicar el sentido común

Los dos principales partidos políticos españoles han alcanzado un acuerdo para decidir quiénes de entre los afectados por las preferentes de entidades nacionalizadas podrán acogerse al arbitraje de cara a recuperar la totalidad de su inversión. Y, la verdad, poner de acuerdo a PP y PSOE en cualquier tema tiene mucho mérito en los tiempos que corren, pero parece que para ese problema que afecta a miles de pequeños inversores se ha llegado a una solución justa.

Las participaciones preferentes –o, mejor dicho, las acciones preferentes, puesto que los tenedores de las mismas sólo tienen preferencia sobre los accionistas en caso de liquidación de la entidad, siendo los últimos de los bonistas en cobrar– son un producto de riesgo. Estoy seguro de que hubo compradores de preferentes conocedores de los productos financieros que sabían lo que compraban, y apostaron por un escenario positivo en el que alcanzaran unas rentabilidades mucho mayores al comprar deuda de preferentes, en vez de comprar bonos con mayor «seniority», menos rentables, sí, pero más seguros y más líquidos. Las personas de este perfil no podrán acceder a la recuperación de su inversión, pues de lo contrario estaríamos desvirtuando la esencia del mercado. Sin embargo, no es menos cierto que también muchas cajas les «colocaron» sus preferentes a personas con baja cultura financiera obviando el riesgo del producto, y aprovechando el desconocimiento que el gran público suele tener de los productos financieros, y especialmente de los mercados de renta fija. Estas personas deben poder acceder al arbitraje.

En este sentido, creo que ha triunfado el sentido común, y con el análisis casuístico y la importantísima discriminación de perfiles de inversión, se podrá aminorar el daño que la mala praxis bancaria ha generado entre los afectados.