Catástrofes y Accidentes
Atlantia pierde 4.440 millones de valor en una jornada negra
El Gobierno italiano estudia cómo retirarle la concesión o multarla con hasta 500 millones de euros
El Gobierno italiano estudia cómo retirarle la concesión o multarla con hasta 500 millones de euros.
Las acciones de Atlantia pagaron ayer en su cotización la festividad del 15 de agosto en Italia y en la Bolsa de Milán. Ayer, cuando se reabrió el mercado, hubo que esperar cerca de una hora para que las operaciones de compraventa almacenadas en los ordenadores de los brókers casaran. Fue necesario para ello que el precio de los títulos pasaran de 23,62 euros, con el que cerró la jornada del martes a poco más de 18 euros. Una hecatombe, que pudo ser peor porque antes del mediodía los títulos llegaron a cotizar a 17,26 euros. Al final, cerraron a 18,30 euros.
En las ocho horas y media que estuvo abierta la bolsa, el valor de mercado de Atlantia pasó de los 19.660 millones del martes a los 15.270 millones por los que se puede comprar el gigante de las insfraestructuras italianas hoy. El accidente de Génova ha costado en una sola sesión 4.400 millones de euros.
Ante esta incertidumbre, la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor’s (S&P) decidió poner en revisión para una posible bajada de la calificación a Atlantia. La agencia explicó en un comunicado que coloca la calificación crediticia a largo plazo de Atlantia y Autostrade, que estaba en aprobado bajo, en el listado de revisión con posibilidad de rebajar la calificación en función de cómo evolucione la situación tras el derrumbe del puente de Génova.
Además de miles de kilómetros de autopistas gestionados por la estatal Anas, otros 6.000 están repartidos entre 26 concesionarias, aunque casi el 70% se lo llevan dos grandes grupos: Atlantia, que controla Autostrade y gestiona 3.000 kilómetros, y Gavio, que posee 1.200. De ahí la inquietud de los inversores ante la decisión del Gobierno populista de retirar las licencias a Autostrade, propiedad en un 30% de la familia Benetton. Sin embargo, revocar la concesión puede costar muy caro a los italianos. La concesión está regulada por un acuerdo entre el Anas (una empresa del Gobierno que depende de la construcción y el mantenimiento de autopistas italianas y estatales) y Autostrade firmado en 2007. Tendría que finalizar en 2038, pero fue prorrogada hasta 2042 y puede ser interrumpida en el caso de que «perduren los graves incumplimientos» de la compañía respecto a las obligaciones previstas.
La sanción podría ascender a 20.000 millones de euros, tal y como reconoció el viceprimer ministro, Luigi Di Maio. «Los 20.000 millones de penalización se pagan cuando se rompe un contrato sin ninguna motivación. Pero aquí estamos hablando de un contrato con Autostrade que preveía una serie de obligaciones que para nosotros no se han respetado», aseguró.
El Ministerio de Infraestructuras y Transportes ha creado una comisión para investigar las causas del derrumbe y determinar «cualquier incumplimiento por parte del titular de la concesión», que tiene que entregar antes de 30 días un informe que servirá para analizar la «posible revocación de la concesión».
El ministro del Interior, Matteo Salvini, aseguró que «será revisado todo el sistema de las concesiones. No solo las de Autostrade». «Habrá fondos del Gobierno de los municipios y de las regiones», dijo para acusar a la compañía de dejación de sus funciones. «Si yo fuese un administrador de Autostrade en Italia habría suspendido el pago del peaje en algunas cabinas ya una hora después. Espero que hoy sea suspendido el pago del peaje», señaló.
El político fue más allá: «No estamos en el mercado. Si fuese un administrador de Autostrade estaría aquí y habría abierto la rica cartera de la compañía, devolviendo algunos centenares de millones de euros a los damnificados por este asunto. Después hablaremos de concesiones. Si desde la otra parte la única declaración que se hace es que ‘si interrumpís nos tenéis que pagar’ vivimos en planetas distintos», añadió. Para Salvini, la empresa deberá pagar como responsable del desplome. «Si el Gobierno ha movilizado [ayudas de] 5 millones de euros, ellos deberían poner 500 millones sobre la mesa», dijo.
Ante el anuncio del Gobierno italiano, Autostrade explicó que está trabajando en el proyecto de reconstrucción del viaducto, que sería completado en «cinco meses a partir de la disponibilidad total de las áreas» y se mostró «confiada en poder demostrar que siempre ha cumplido correctamente con sus obligaciones como concesionario».
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