Economía

Báñez anuncia sanciones a las empresas por cada contrato temporal sin justificar

Fátima Báñez propondrá a los agentes sociales aumentar las sanciones a las empresas que abusen sin causa justificada de la contratación temporal. A cierre de 2017 había en España 4.252.200 asalariados con este tipo de relación laboral.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante su comparecencia la Comision de Empleo y Seguridad Social del Congreso para informar sobre la evolución del mercado laboral
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante su comparecencia la Comision de Empleo y Seguridad Social del Congreso para informar sobre la evolución del mercado laborallarazon

Fátima Báñez propondrá a los agentes sociales aumentar las sanciones a las empresas que abusen sin causa justificada de la contratación temporal. A cierre de 2017 había en España 4.252.200 asalariados con este tipo de relación laboral.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció ayer en el Congreso de los Diputados un endurecimiento del régimen sancionador para las empresas que firmen contratos temporales sin causa justificada. Con esta iniciativa, el Gobierno quiere dar un paso adelante en la lucha contra la temporalidad, al estimar que sigue siendo excesiva y distorsiona el mercado laboral.

La ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social es la encargada de establecer los supuestos en que se vulnera la legalidad vigente y las cuantías de las sanciones. La multa pecuniaria depende, según el Ministerio, de la materia en que haya producido la infracción (laborales, Seguridad Social, movimientos migratorios, sociedades cooperativas u obstrucción a la labor inspectora), la gravedad de la misma y las circunstancias, que permiten graduar la sanción en tres tramos: mínimo, medio y máximo.

El artículo 7.2 de esta ley tipifica como falta grave «la transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supuestos y límites temporales distintos de los previstos legal, reglamentariamente, o mediante convenio colectivo cuando dichos extremos puedan ser determinados por la negociación colectiva». El artículo 40 recoge la cuantía de las sanciones. Las calificadas como graves se castigan con multa, en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros; en su grado medio, entre 1.251 y 3.125, y en su grado máximo de 3.126 a 6.250 euros.

Uso abusivo

Durante su comparecencia en la Comisión de Empleo del Congreso, la ministra anunció que lo planteará a los agentes sociales en la mesa de diálogo social para la calidad en el empleo, en la que los sindicatos ya pidieron una medida de estas características, al considerar que el uso fraudulento de la contratación temporal sale casi gratis en la actualidad. A su juicio, este tipo de fraude constituye un acto de competencia desleal, «que perjudica a la gran mayoría de empresas del país que sí cumplen con la ley». Además, defendió que hay que corregir el sistema sancionador actual –que está centrado en la infracción y no contempla íntegramente el número de trabajadores afectados–, porque «detrás de cada contrato temporal en fraude hay un trabajador y una vulneración de sus derechos».

De acuerdo con los datos publicados ayer en la Encuesta de Población Activa, a cierre del pasado año en España había 4.252.200 asalariados trabajando con un contrato temporal; el resto de los ocupados, 11.670.400, disfrutaban de un contrato indefinido. Según le EPA, a 31 de diciembre, el 26,7% de los trabajadores asalariados tenía un contrato temporal. Si la comparación se hace sobre el total de ocupados, la relación baja al 22,38%. En el año 2006, se alcanzó el máximo de trabajadores temporales con 5.608.000.

Multiplicar la sanción

Otro dato que da idea de la importancia de la temporalidad en el mercado laboral es que 1.469.400 trabajadores, el 34,55% de los empleados, tienen menos de tres meses de antigüedad en su actual puesto de trabajo. En 2006, llegaron a ser 1.579.800 personas.

La Inspección de Trabajo plantea una única multa a las empresas pilladas en fraude de ley, añadiéndole como agravante el número de contratos considerados indebidamente temporales, por lo que la sanciones descritas con anterioridad se multiplicarían por el número de contratos ilegales realizados para asegurarse un efecto disuasorio.

El anuncio de la ministra se suma a la propuesta ya trasladada a la mesa de diálogo social en septiembre para implantar un sistema de cotización «bonus-malus», con el fin de incrementar las cotizaciones sociales por desempleo a las empresas que recurran en mayor medida a la contratación temporal y que tengan una rotación excesiva.