Bruselas busca apoyo financiero para cerrar la crisis del Canal

La Comisión Europea trabaja en la búsqueda de una solución financiera en un plazo de tres semanas que permita al consorcio europeo liderado por Sacyr continuar con las obras de la ampliación del Canal de Panamá.

La Comisión Europea trabaja en la búsqueda de una solución financiera en un plazo de tres semanas que permita al consorcio europeo liderado por Sacyr continuar con las obras de la ampliación del Canal de Panamá. Para ello, ha iniciado conversaciones con todas las partes implicadas y está estudiando cómo involucrar al Banco Europeo de Inversiones (BEI), que podría dar un préstamo para resolver la falta de liquidez momentánea de las constructoras, aunque también ha manenido contactos con bancos.

Ante la falta de acuerdo en la disputa por los sobrecostes, el domingo, el consorcio GUPC, en el que participan además la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y Constructora Urbana(CUSA) de Panamá, pidió la mediación en el conflicto del vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Industria, Antonio Tajani.

Amenaza

Las empresas amenazaron el 30 de diciembre con suspender la construcción del tercer juego de esclusas, y bajo esa amenaza, dieron un plazo de 21 días a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para que reconociera un sobrecoste de 1.200 millones de euros sobre el valor del contrato original relativo a esta parte de la obras. Bruselas se arroga el mérito de que la amenaza de suspensión de las obras no se haya llevado a cabo por su intervención. La «primera consecuencia» de la mediación del vicepresidente comunitario ha sido que las tres compañías europeas han decidido continuar sus trabajos en Panamá «hasta que se encuentre una posible solución», dijo ayer el portavoz comunitario Olivier Bailly. No obstante, en el comunicado en el que el consorcio anunciaba que proseguiría con las obras advertía de que se reserva la posibilidad de suspender los trabajos en cualquier momento, por lo que la amenaza persiste.

Según explicó el ministro de Exteriores a su llegada al Consejo de Ministros Exteriores en Bruselas, José Manuel García Margallo, la Comisión busca una «solución financiera para que las empresas resuelvan el problema de liquidez inmediato en el que están inmersas, y la obra pueda continuar al ritmo previsto». Margallo insistió en que lo que busca la UE es un arreglo a la falta de liquidez y que las reclamaciones de los sobrecostes se tendrán que resolver en los tribunales de arbitraje, como establece el contrato.

Que la decisión sobre las reclamaciones la tomarán los órganos de arbitraje es algo que el GUPC también asume, como puso de manifiesto en un comunicado que envió a última hora de ayer ofreciendo a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) cofinanciarlos mientras estos tribunales deciden sobre quién debe pagar los costes imprevistos. Con esta medida, según el consorcio, los recursos del Canal estarían protegidos «teniendo en cuenta que están avalados por las garantías bancarias y de las aseguradoras obtenidas por el consorcio». En su nota, el GUPC dice que está «unido» y que siempre ha tomado sus decisiones unitarias, aunque el socio italiano, Impregilo, presentó una oferta por su cuenta.

Fuentes comunitarias achacan el problema del Canal a que el consorcio realizó una oferta excesivamente baja para lograr la adjudicación de las obras del Canal. El consorcio, sin embargo, asegura que, además de lograr la mayor puntuación técnica, su oferta no suponía una baja temeraria, pues ascendió a 2.309 millones de euros cuando la estimación que hizo la ACP fue de 2.577 millones de euros. Además, Sacyr y sus socios aseguran que las autoridades panameñas no ofrecieron al consorcio la información geológica necesaria para evaluar correctamente los costes del proyecto, lo que habría provocado los sobrecostes en el Canal.

Por el momento, la ACP ha rechazado la intermediación de la CE por tener ésta intereses a favor de las empresas europeas y ha subrayado que la solución al conflicto debe darse dentro de los mecanismos que indica el contrato firmado.

El conflicto entre Sacyr y Panamá

30 de diciembre de 2013

El Grupo Unidos Por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr, envía un preaviso a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de paralización de las obras en 21 días (20 de enero) por falta de liquidez. El consorcio demanda un sobrecoste de 1.180 millones de euros.

6 de enero

La ministra de Fomento, Ana Pastor, se reúne con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. La visita se salda con el compromiso de que todas las reclamaciones van a ir por la vía del contrato.

7 de enero

Arrancan las negociaciones entre la ACP y el consorcio. El GUPC solicita un adelanto de 294 millones de euros. La ACP propone por su parte avanzar 73 millones.

9 de enero

Jorge Quijano, presidente de la ACP, rechaza por estar «fuera de contrato» las ofertas del GUPC y de Impregilo. La empresa italiana, que cuenta con el 48% del GUPC pedía un importe de 724 millones de euros por los sobrecostes y un anticipo por parte de la ACP de 357 millones.

13 de enero

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, afirma que el consorcio terminará las obras del tercer juego de esclusas porque sólo contempla un escenario de acuerdo entre ambas partes.

19 de enero

La Comisión Europea anuncia que acepta mediar entre las autoridades de Panamá y el consorcio, tras recibir la petición de las empresas europeas que participan en el proyecto.

20 de enero

A pesar del rechazo de Panamá a la mediación de la CE, desde Bruselas se dan un plazo de tres semanas para intentar encontrar una solución en la que el Banco Europeo de Inversiones tendría un papel importante.