Caos en el alza salarial a los funcionarios

Sólo Presidencia, Justicia, Defensa e Interior están al día. En el resto de ministerios, algunos han actualizado la nómina, pero no los atrasos; otros sólo han pagado uno de los conceptos y los demás no han abonado ninguno, según CSIF.

Primero se abonaría en la nómina del mes de agosto. Luego, en la de septiembre. Y finalmente, la cosa ha quedado en que depende del ministerio en que se trabaje. La actualización de las nóminas y el pago de los atrasos no está llegando por igual a todos los funcionarios que trabajan en los departamentos gubernamentales. El 19 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Resolución de 17 de julio de 2018 por la que se dictaban las instrucciones para el pago a estos trabajadores de los atrasos correspondientes al incremento salarial de este año del 1,5% y al aumento adicional variable del 0,25% pactados entre el Gobierno y los sindicatos. El texto indicaba que las cantidades se abonarían «en la primera nómina que se elabore dese la publicación de esta resolución». En la misma, figurarían dos epígrafes exclusivos de estos pagos con los literales «Abono atrasos incremento 1,5% 2018...» y «Abono atrasos incremento 0,25% 2018».

Desbarajuste

En un primer momento, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, aseguró que el pago de estas cantidades –la subida supondrá 26,65 euros más al mes de media para cada funcionario, según UGT– se haría en agosto. Sin embargo, a mediados de julio, el director general de Función Pública, Javier Rueda, lo retrasó hasta el mes de septiembre. Y el resultado final ha terminado por ser un desbarajuste. Según denuncia el sindicato CSIF, cuatro ministerios, Presidencia, Justicia, Defensa e Interior están al corriente de pago con sus funcionarios. El resto oscilan entre los que han actualizado la nómina pero no los atrasos, los que no han pagado ni la nómina ni los atrasos, como el que dirige la propia Batet o el de Cultura; y los que han pagado la subida salarial a medias porque les falta el 0,25% de la parte variable. En algunas comunidades autónomas también están a la espera de estos pagos, como ocurre, por ejemplo, en Cataluña.

Detrás de este descontrol están, según denuncia el sindicato, los problemas que arroja la actual aritmética parlamentaria, que dificulta la toma de decisiones y la aprobación de cualquier medida. En el caso de los funcionarios, el cambio de Gobierno a comienzos de junio dejó en suspenso el Presupuesto del ejercicio. Asumidas finalmente por Pedro Sánchez las cuentas que heredó de Mariano Rajoy, no fue hasta mediados de julio cuando Batet dio orden de desbloquear la situación. Y aunque todavía restaban días para agosto, a algunos ministerios no les ha sido posible implementar la medida mientras que a otros sí, lo que, a decir de CSIF, da idea del desconcierto en la gestión del Gobierno.

En vista de lo ocurrido con estas nóminas y los problemas que está teniendo el Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante los Presupuestos de 2019, los sindicatos ya han reclamado al Ejecutivo que tome medidas para que la situación no se repita el próximo ejercicio. CC OO ha urgido esta misma semana al Gobierno a retomar «de inmediato» el diálogo con los sindicatos de la función pública para dejar «claramente despejada» cualquier duda sobre los incrementos salariales para el próximo año. El sindicato ha asegurado que Pedro Sánchez debe garantizarlo «independientemente de las vicisitudes que puedan afectar a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019». «El incremento salarial para 2019 debe efectuarse en cualquier circunstancia, bien a través de la Ley de PGE o por Real Decreto, en el supuesto de que no hubiera», destaca Comisiones.

Su petición se suma a la ya efectuada el pasado día 6 por CSIF, que reclamaba también que el Gobierno tramite a través de una decreto la aplicación del acuerdo retributivo, que prevé una subida salarial del 2,25% a partir del 1 de enero de 2019. También reclamaba la convocatoria «urgente» de la Mesa de Negociación de la Administración General del Estado para que se negocien ya los fondos adicionales que contempla el acuerdo para mejorar las retribuciones en este ámbito.