Cataluña golpea al PIB y al déficit

El Gobierno revisa el crecimiento de 2018 por debajo del 2,6%. Prorrogará el presupuesto e incumplirá su meta de desfase contable.

Carles Puigdemont no sólo está poniendo en riesgo la economía catalana sino la del conjunto de España. La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reconocía al mediodía de ayer que si persiste el desafío soberanista, el Gobierno se vería obligado a revisar a la baja su previsión de crecimiento para el próximo ejercicio.

Cristóbal Montoro presentó en el Consejo de Ministros un informe de cara a la remisión a Bruselas del plan presupuestario que auguraba que el próximo ejercicio «debía ser un buen año para el crecimiento y el empleo». Pero dada la actual coyuntura política, el Gobierno lo ve ahora de forma «más prudente», explicó Sáenz de Santamaría.

Por debajo del 2,6%

Ya por la tarde, el ministro de Economía, Luis de Guindos, dio por hecho desde Washington que, efectivamente, sería preciso revisar a la baja la estimación de crecimiento. «Esto [el desafío de Puigdemont] no sale gratis desde el punto de vista de la evolución económica. Este tipo de cuestiones tienen siempre impacto», advirtió en una rueda de prensa posterior a su participación en la Asamblea Anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El cuadro macroeconómico actual recoge un previsión de crecimiento del PIB del 3% para este año y del 2,6% para 2018, del 2,5% para 2019 y del 2,4% para 2020. De Guindos precisó que la crisis catalana obligará a revisar la tasa de crecimiento del año próximo por debajo del 2,6% «como consecuencia de la exigencia de prudencia que nos exige la situación de incertidumbre que ha generado Cataluña».

El ministro de Economía lamentó que las «irresponsables decisiones» de la Generalitat hayan conducido a esta rebaja, máxime cuando el desempeño durante el tercer trimestre había sido positivo. En ese periodo, «los indicadores han sido buenos, la economía catalana estaba teniendo incluso un mejor comportamiento que la del resto de España», dijo De Guindos. Esas malas decisiones, añadió, están paralizando proyectos de inversión en Cataluña. «A partir, lógicamente, de cuando se aprueban en el parlamento catalán las normas del referéndum y desconexión (en septiembre) es cuando se comienza a generar incertidumbre e inquietud en los inversores», explicó el ministro.

Cuentas en peligro

Puigdemont también está a un paso de hacer descarrilar los objetivos de déficit. Su desafío independentista ha complicado hasta tal punto las negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 con partidos como el PNV que el Gobierno se va a ver en la obligación de prorrogar las cuentas de este año. Tal contratiempo puede dar al traste con el objetivo de déficit comprometido con Bruselas.

En el plan presupuestario que hasta ahora manejaba la Comisión Europea, la previsión era un desequilibrio en las cuentas españolas para este año del 3,1% y del 2,2% para el año que viene. Sin embargo, al prorrogarse los presupuestos, hasta que el Ejecutivo no cuente con una nueva previsión de ingresos y gastos no podrá modificar el objetivo para adaptarlo al 2,2%. En cualquier caso, la meta irá recogida, junto a la actualización del cuadro macroeconómico, en el nuevo plan presupuestario que el Gobierno remitirá el lunes a Bruselas, un día después de la fecha límite.

Negativa del PNV

El Ejecutivo ha tenido que prorrogar los presupuestos ante la falta de apoyo en el Congreso de los Diputados para aprobarlos. La idea del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, era recabar el apoyo de siete formaciones –PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias– para sacarlos adelante, como ya hiciera con las cuentas de 2017. Sin embargo, las tensiones en Cataluña han dado al traste con estos planes. Aunque Hacienda postergó su aprobación hasta en dos ocasiones a finales de septiembre para ganar tiempo, le fue imposible lograr el respaldo necesario. El escollo fundamental ha sido el PNV. Los nacionalistas vascos no han querido dar su apoyo a Mariano Rajoy en un momento en que sus «colegas» catalanes mantienen un pulso con el Estado. Tal respaldo podría haber sido mal visto por parte de su electorado, más próximo a los postulados de Puigdemont que a los de Mariano Rajoy.

Los presupuestos prorrogados de 2017 podrían no ser, en cualquier caso, los definitivos para el próximo ejercicio. Si el Gobierno lograse aprobarlos a lo largo de 2018, entrarían en vigor con carácter retroactivo a partir del 1 de enero. Con ello, se reactivarían una serie de medidas que el PP ya había pactado para las cuentas del año próximo con Ciudadanos y sectores económicos y que ahora quedarán aparcadas. Entre los puntos que quedan congelados están la subida salarial de hasta un 8% para los próximos tres años para los funcionarios, así como la mejora de sus plantillas por encima de su tasa de reposición. El Gobierno también había incluido, a instancias de la formación de Albert Rivera, una rebaja del IRPF de unos 2.000 millones de euros. Las cuentas contemplaban, además, ayudas para la guardería, la extensión de la baja por paternidad hasta un mes y la equiparación salarial entre la Policía Nacional y la Guardia Civil.