El nuevo urbanismo transforma la Comunidad de Madrid

La situación del sector de la vivienda en España es uno de los grandes debates de nuestros días. El aumento de tipos de interés por parte de los bancos centrales en su lucha contra la inflación se está trasladando a las hipotecas y al crédito en general, lo que está generando preocupación por el impacto que este endurecimiento de las condiciones pueda tener sobre los mercados inmobiliarios. Según el último informe de CaixaBank Research, el precio de la vivienda sigue subiendo de forma significativa en muchas economías desarrolladas, una tendencia que aceleró la pandemia, y España no es una excepción.

En este contexto se celebró en el salón de actos de LA RAZÓN una mesa redonda con altos representantes del ámbito público-privado del sector que, dirigidos por el redactor de economía Roberto López Vargas, analizaron la situación actual de la vivienda en Madrid y en el resto del país, expusieron sus tesis, soluciones y las medidas políticas que creen necesarias.

Intervinieron José María García Gómez, viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, y Paloma García Romero, delegada del Área de gobierno de obras y equipamientos del Ayuntamiento de Madrid. Estuvieron acompañados por Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la APCE (Asociación de Promotores y Constructores), y Luis Roca de Togores, presidente de Valdecarros, el mayor ámbito urbanístico de España con más de 50.000 viviendas donde vivirán 150.000 madrileños.

El primer punto que salió a debate fue la necesidad imperiosa de liberalizar el suelo. En Madrid este problema se empieza a desatascar, tal y como explicó el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores, Juan Antonio Gómez-Pintado. «Madrid está en la buena dirección. Aquí se entiende que las normas no pueden ser tan rígidas. Eso en el urbanismo español es muy común, a excepción de Madrid, donde se están dando pasos históricos en esta legislatura». Además, quiso destacar que la sociedad está cambiando muy deprisa, y «sin unas normas ágiles y flexibles a esos cambios sociales, realmente es difícil solventar la problemática que tenemos hoy en día. Eso sí, siempre con control sobre lo que se está ejecutando».

Luis Roca de Togores se mostró completamente de acuerdo con lo mencionado por Gómez-Pintado, a lo que añadió «que tanto el gobierno municipal como el autonómico de Madrid han entendido, y sería bueno que comprendieran a nivel general, que el primer protegido en un proceso de fabricación de vivienda debe ser el demandante de la misma. Los poderes públicos tienen el fin de dar vivienda a las personas que la necesitan», resumió.

A esto, José María García quiso apuntar la reflexión que se debe hacer, sobre todo con las contradicciones que caen sobre «la visión del mundo intervencionista, que lo único que provoca es impedir oportunidades de acceso a la vivienda. Los que dijeron en el año 85 que Madrid no podía crecer y que impiden que Madrid se desarrolle, provocaron una tensión y aumento de precios en el centro de la ciudad». El ejemplo de esto, según el viceconsejero, es Rivas. «Se suspendió la licencia durante dos años, y lo que está provocando es que es el sitio donde el precio de la vivienda crece más del 20%. Aquellos que dicen proteger a las personas, son los que provocan el incremento de precios», apuntó.

Pero ¿cómo se resuelve esto desde el sector público? Según García, liberando suelo. «No hay una limitación física en la producción de suelo. Obviamente no se puede construir allí donde hay una reserva natural o histórica, pero en un territorio llano como es Madrid, teniendo un 50% del suelo disponible, el único impedimento es la normativa y las gestiones. Nosotros lo que hemos hecho es impulsar la sustitución de las licencias urbanísticas por declaraciones responsables, agilizando el plazo de producción de una edificación, ya que cuanto más tarde en producirse un bien, más cuesta», resaltó.

Desde el punto de vista municipal, Paloma García, delegada del Área de gobierno de obras y equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, quiso resaltar el difícil trabajo que es cambiar las leyes sin mayoría. Aun así, destacó que han conseguido «agilizar y simplificar la obtención de licencias gracias a una ordenanza municipal creada a raíz de las facilidades que el gobierno autonómico ha dado». También quiso destacar la necesidad de un cambio de gobierno nacional para que las «normas urbanísticas lleguen a buen puerto». Y la urgencia de llevar a cabo la Operación Campamento, «la cual con otras normas se podría haber desarrollado antes».

Aquí el moderador expuso otro punto importante como es la cantidad de suelo perteneciente al Estado que se encuentra paralizado, poniendo de manifiesto que quizá «más que controlar los precios por parte del Gobierno central lo que tendrían que hacer es incrementar la oferta».

Juan Antonio Gómez-Pintado expuso que más que liberalizar suelo, que es algo que hay que hacer, «el concepto es que todas las tramitaciones urbanísticas, hasta que ese suelo sea suelo finalista, tienen que hacerse de una forma mucho más ágil y más sencilla. El modelo madrileño de colaboración público-privada es el ejemplo a seguir, destacando la ayudas que la Comunidad de Madrid da a los jóvenes».

Luis Roca de Togores explicó que «nosotros como promotores tenemos que hacer ver que con proyectos como el de Valdecarros se va a hacer un bien a la sociedad. Cuando adquirimos un suelo nuevo tenemos que hacer la calle, llevar el agua, la luz, y un largo etcétera». Una cadena de actuaciones que comparaba con una fábrica de coches: «En una factoría entra la chapa y sale el coche, aquí a nosotros entra el hormigón y sale un edificio, sin nada de especulación», destacó. Valdecarros, que ocupará más de 19 millones de metros cuadrados, el equivalente a unos 2.660 campos de fútbol, solucionará el problema del encarecimiento de la vivienda al poner en el mercado más de 50.000 viviendas.

Ayudas a los jóvenes

La Comunidad de Madrid es el mayor ejemplo de ayuda a los jóvenes en materia de vivienda, sobre todo a partir de dos planes: el Plan Vive y el Plan ayuda a la primera vivienda. El primero de ellos, explicó el viceconsejero, es un plan por el cual el gobierno autonómico está invirtiendo más de 800 millones de euros en la construcción de 6.600 viviendas repartidas por el territorio madrileño. Estas están destinadas a los jóvenes con ayudas de hasta el 30% del alquiler. «Este plan no solo ayuda a nuestros jóvenes, sino que genera 18.000 puestos de trabajo directos», lo que demuestra que «el urbanismo bien utilizado genera un alto nivel de empleo».

El Plan de ayuda a la primera vivienda es «básicamente una ayuda a los jóvenes para conseguir un crédito y tener acceso así a la compra de una vivienda, lo que estimula el mercado», explicó José María García.

Ley de Vivienda

Esta es una ley que ni Ayuntamiento ni Comunidad de Madrid van a aceptar, declararon los dos representantes institucionales. José María García fue muy duro, ya que «dicha ley interviene en el mercado del alquiler generando inseguridad jurídica. No solo eso, sino que es invasiva con la competencia autonómica de vivienda, por lo que, en caso de ser aprobada, no la aplicaremos y la impugnaremos ante el Tribunal Constitucional». «En España la vivienda de protección pública ya funciona bien, lo único en lo que se debe centrar el sector público es en simplificar los procesos para que la ciudadanía consiga una vivienda de una forma más asequible», añadió. Por la parte del Ayuntamiento, Paloma García se mostró en la misma línea, añadiendo que no es bueno «que un señor en un despacho dictamine el precio de alquiler de tu vivienda».

Desde el punto de vista del sector privado, Luis Roca de Togores se mostró muy crítico, porque «no se entiende que se haga una ley para regular algo que ya existe. Los alquileres de la vivienda protegida ya están limitados, por lo que no necesitamos una ley que cambie algo que ya funciona bien. Esta ley recuperaría el concepto de rentas antiguas, el cual generó una situación del alquiler catastrófica», recalcó el representante de Valdecarros, un proyecto que generará 480.000 puestos de trabajo en los próximos años. A estas declaraciones se sumaba Juan Antonio Gómez-Pintado añadiendo «que si se aprueba esta ley, lo único que se va a conseguir es que la sociedad tenga más dificultad para acceder a una vivienda».

Protección madrileña

Lo que también tuvieron muy claro todos es la tranquilidad jurídica en la que vive Madrid. Gómez-Pintado quiso destacar desde el punto de vista de los promotores lo llamativo que es la CAM económicamente hablando. «En Madrid se está muy protegido. En Cataluña está habiendo una desbandada a la capital por la seguridad jurídica que hay aquí gracias a todos los cambios que se están dando». A lo que Paloma García añadió que «antes se miraba con envidia a Barcelona, ahora es todo lo contrario, Madrid es la comunidad que más inversión nacional e internacional atrae por sus políticas». Por su parte, Luis Roca de Togores recalcó que la vivienda no se puede usar para hacer «política electoralista. El mejor ejemplo de ello es Barcelona, la cual nunca va a recuperar los niveles que tuvo en los años 90».

Por su parte, desde la Comunidad, José María García siguió relatando cómo veía la Ciudad Condal catalana desde la capital, destacando «que actualmente Madrid no para de atraer profesionales, ciudadanos nuevos que necesitan un lugar donde vivir. Esto hace incrementar la demanda, y para que se queden hay que dárselo. Madrid atrae talento, tiene calidad de vida, oportunidades de desarrollo de los negocios. Eso sí, le interesa que ciudades como Barcelona, Málaga, Valencia, Bilbao, entre otras, pase lo mismo, porque no consiste en competir entre todas, si no sumar a la marca España», sentenció.

Los cuatro ponentes también coincidieron en lamentar que la ley salga adelante sin preguntar a las comunidades cuando regula una competencia autonómica, la cual lo único que puede provocar es un crecimiento del precio del alquiler, dificultando aún más a la sociedad, sobre todo a los jóvenes –que ya tienen que destinar gran parte de su renta a la vivienda–, el acceder a una casa propia, o a alquilar a un precio justo.