Corrupción: otro freno para el despegue

Aumenta los costes de las contrataciones, reduce la capacidad de crear empleo y daña el erario público. Además de la indignación que provoca, lastra el crecimiento de la economía. Algunos expertos calculan que el coste social para los españoles supera los 40.000 millones al año.

Escándalo tras escándalo, la gota llegó a colmar el vaso. Son ladrones de guante blanco, que lucen manchas en sus manos y visten trajes impolutos. Algunos pagan con tarjeta, y otros lo hacen en metálico, pero todas sus cuentas bancarias esconden trapos sucios. Más allá del hartazgo y la indignación que los corruptos provocan en la sociedad española, esta plaga de bandidos causa una importante pérdida de dinero. La Comisión Europea señala el desarrollo urbanístico, la contratación pública y la financiación de partidos políticos, sindicatos y patronales como los principales focos de corrupción.

La realidad supera a la ficción para desgracia de los españoles, y las manzanas podridas han envenenado buena parte de la cesta. Los casos de corrupción inundan los telediarios y, en la actualidad, acorralan a las formaciones políticas mayoritarias. De hecho, se ha convertido en la segunda preocupación en España. Desde Filesa hasta la operación Púnica, sin olvidar la Gürtel, los ERE de Andalucía, las «black card» de Caja Madrid o los papeles de Bárcenas. Además de su negativo impacto en el crecimiento de la economía, la corrupción aumenta las desigualdades. Organizaciones de reconocido prestigio internacional estiman que puede suponer hasta un 1% del PIB en España, que en la Unión Europea entre un 10 y un 20% del total de los contratos públicos se pierde en corrupción y que representa una pérdida de casi un billón de euros de inversión y capital cada año. Según un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el coste social en España supera los 40.000 millones de euros al año. Sin embargo, sólo es una conjetura, ya que se publicó hace varios meses y no contempla las últimas sacudidas. El Banco Mundial calcula que la corrupción puede recortar hasta un 2% el PIB de los países de la OCDE.

Las ramificaciones de los efectos son múltiples y su valor resulta difícil de estimar, entre otras razones «porque depende claramente de la localización geográfica y de la tipología y profundidad del problema». Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Bangor University e investigador de Funcas, asegura que no se puede dar una estimación específica del impacto en el PIB, pero recuerda que la mayor parte de los estudios internacionales de referencia consideran la corrupción como uno de los aspectos más lesivos de la solidez institucional de un país. Genera miedos e incertidumbres, incluso sube la prima de riesgo en los mercados emergentes. La economía española no puede permitirse ningún tipo de despilfarro, y nuestro país ha escalado varios puestos en el ranking de los más corruptos. En uno de los índices más utilizados, el de Transparencia Internacional, ha pasado del 136 al 40 en el último lustro.

Los casos de corrupción socavan la credibilidad de los políticos. Rafael Pampillón, profesor del IE Business School, opina que los gobernantes son percibidos como un grupo que ostenta el poder para su disfrute personal y no para actuar en beneficio de la sociedad. No sólo representa un freno para el despegue de la economía, sino que reduce la capacidad de crear empleo, las mejoras tecnológicas y el buen desarrollo empresarial. «Daña las relaciones comerciales, perjudica la competitividad de las empresas, incentiva la economía sumergida –que se sitúa en torno al 25% del PIB– e impide un mayor aumento de la recaudación fiscal», explica Pampillón.

Pérdida de confianza, reducción de capital y disminución de la cohesión social. Los efectos negativos de este mal endémico son variados. La corrupción es un problema de un sistema económico que incentiva el clientelismo para evitar la meritocracia y la competencia. Carbó destaca que se deteriora la confianza en las instituciones y en la efectividad de la Ley y se establecen incentivos negativos al esfuerzo y a la transparencia. De igual modo, la corrupción genera una impresión de que unos trabajan y otros dilapidan, así como una mayor inclinación al fraude. En la misma tesitura, afecta a la solidez de los contratos y a su cumplimiento, lo que descalabra la imagen del país y la confianza de los inversores.

Principales focos

El desarrollo urbanístico y la contratación de obras públicas constituyen dos de los principales focos de corrupción. Se provoca un sobreprecio en los servicios a costa del ciudadano, y dichas infraestructuras tienden a realizarse con una falta de control de calidad en connivencia con el político. Javier Flores, responsable del Servicio de Estudios y Análisis de la Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver) resalta que determinadas decisiones se toman para movilizar recursos hacia proyectos muy costosos sin justificación social o económica real, y que se incrementa el flujo de capital opaco, detrayendo ingresos públicos y aumentando la carga fiscal a los ciudadanos. Asimismo, Flores sostiene que altera el libre mercado e impide la libre competencia y concurrencia de empresas a las licitaciones públicas, que son concedidas a aquellos relacionados corruptamente con el político. «Hay una preocupante falta de conexión entre la honorabilidad de la actividad política y el comportamiento en la práctica de nuestros representantes que, a menudo, son guiados por ambiciones personales. Sorprende el tratamiento benévolo respecto a los delitos que se cometen desde el ámbito político».

Ahuyenta a los inversores

La corrupción aumenta los precios de transacción que, cuando son muy elevados, disuaden la inversión. Por ello, José Ramón Pin, profesor del IESE, alerta de que los sobrecostes «impiden generar más negocio». Indudablemente, los inversores tienden a huir de situaciones en las que existan riesgos, y la corrupción es una de ellas. Flores asevera que «el inversor busca el libre mercado en el que pueda operar con transparencia y sin trabas».

Más transparencia, menos impunidad y mayor rotación en los cargos políticos. En España se deben reducir los puestos de confianza e implementar unos sistemas de gobierno territorial con menor nivel de solapamiento. Lejos de unirse en una batalla para vencerla, muchos políticos utilizan la corrupción como arma arrojadiza de combate. Esos «y tú más» no aportan ningún beneficio, sino que infunden en los ciudadanos la sensación de que los corruptos campan a sus anchas por los pasillos del Congreso. Carbó considera despreciable el hecho de favorecer los argumentos populistas, que tratan de generalizar al conjunto de la política este tipo de comportamientos.

El que hace la ley, hace la trampa. Así, para luchar contra la corrupción lo más importante es la selección de políticos con alto nivel de honradez. Al menos, es lo que piensa Pin. «Si no, por muchos controles que se pongan siempre habrá forma de burlarlos. Hay que ser ejemplares incluso en la imagen». No obstante, agudizar la supervisión y agilizar las actuaciones de nuestro sistema judicial, donde existen mecanismos de fianza y embargo inmediatos de los bienes atesorados por los corruptos, permitiría recuperar importantes cantidades de dinero desviado.

Operaciones irregulares

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) detectó en las entidades en las que participa operaciones irregulares que han generado quebrantos por un importe que asciende a 2.600 millones de euros. De hecho, hace varias semanas envió a la Fiscalía Anticorrupción 23 operaciones irregulares que, en total, habrían causado un perjuicio económico de unos 1.500 millones de euros, según el ministro de Economía, Luis de Guindos. Evitar «situaciones deleznables» mediante el impulso de políticas de transparencia, de controles rigurosos y de respeto a la legalidad constituye un objetivo prioritario. El Gobierno no sólo luchará sin caer en la autocomplacencia, sino que en el futuro más inminente traspondrá una directiva comunitaria sobre resolución de entidades de crédito para minimizar los costes que en posibles crisis bancarias deban asumir los contribuyentes. Así, serán los accionistas y los acreedores los primeros en hacer frente a las pérdidas.