CSIF denuncia que CC OO y UGT engordan su representación sindical con 80.000 delegados fantasmas

Acabar con los "delegados fantasma", reducir al 5% el porcentaje para tener delegados sindicales y tener una mayor representatividad en la negociación colectiva y, por tanto, "romper" el monopolio que ostentan hasta ahora CCOO y UGT. Esos son los objetivos de la central sindical CSIF, que ha denunciado en un comunicado que ambos sindicatos se benefician de estos denominados "delegados fantasma" -aquellos que permanecen en los registros oficiales sin ninguna función sindical porque su empresa ya no existe- para tener más representantes y poder recibir una subvención más alta del Estado. CSIF cifra este tipo de representantes sindicales en más de 80.000 en la actualidad.

El sindicato más representativo de la Administración General del Estado (AGE) ha solicitado a los grupos parlamentarios del Congreso que tramiten una" reforma legal de la representación sindical", cuyo objetivo debe ser la "actualización y modernización del actual sistema de representación colectiva", además de que se establezcan "mecanismos de control sobre la representación asignada a las organizaciones que concurran a las elecciones sindicales". En este sentido, reclama la "actualización continua del número de representantes sindicales con mandato en vigor en empresas para terminar con los delegados fantasma y que condiciona la cuantía de las subvenciones que reciben las organizaciones sindicales a las que pertenecen". También ha reclamado que se favorezca "la transparencia y el rigor" en los registros de delegados sindicales, por lo que ha enviado un texto alternativo a los diferentes grupos parlamentarios pidiéndoles que tramiten esta reforma legal.

El Pleno del Congreso ha debatido una Proposición no de Ley de Sumar sobre la creación de un sistema de información económica para la negociación colectiva a partir de los registros administrativos oficiales, de modo que se ponga a disposición de los negociadores una información oficial, actual, completa y simétrica para trabajadores y empresa. Una iniciativa que CSIF considera "positiva", pero que estiman que se "queda corta" y defienden la necesidad de abordar "reformas más profundas que no se limiten a facilitar unos datos económicos". Según inciden, el objetivo final debe ser la "actualización y modernización del actual sistema de representación colectiva; y establecer mecanismos de control sobre la representación asignada a las organizaciones que concurran a las elecciones sindicales".

Los delegados de empresa son figuras clave para que un sindicato sea considerado "representativo" y para que puedan acceder a mayores cuotas de subvenciones públicas. Por tanto, cuantos más delegados de personal tenga un determinado sindicato, más representación y subvenciones recibe. En el caso de los representantes fantasma, aunque una empresa cierre y despida a toda su plantilla, sus delegados sindicales continúan registrados durante cuatro años de la fecha de cierre, por lo que no tienen función sindical, pero sí que cuentan en los listados del Ministerio de Trabajo.

Precisamente hoy, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones a las organizaciones sindicales por un importe máximo de 17 millones de euros, la misma cantidad que en 2023, por la realización de actividades de carácter sindical. Según ha señalado en la rueda de prensa posterior la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, estas subvenciones se otorgan en proporción a la representatividad, según los resultados globales obtenidos en las elecciones sindicales legalmente convocadas. El montante de la subvención se mantiene igual que el aprobado para 2023 y para 2022. En 2021 la cuantía fue de 13,8 millones de euros, es decir, un 22,4% inferior a la de los ejercicios 2024, 2023 y 2022.

Vox ya presentó una proposición no de ley para la verificación de los datos reales del número de delegados sindicales con el fin de acabar con la figura de estos delegados sin funcionalidad. Para pedía la "necesaria la verificación de los datos de delegados sindicales", cruzando los datos de las empresas registradas en la Seguridad Social con los datos del Registro Mercantil. "De esta manera, los delegados de empresa que no ejercen función sindical al no existir la empresa no computarían a ningún efecto legal y no facilitarían más subvenciones para el sindicato", defendió esta PNL. También exigía la imposición de sanciones "cuando la subvención pública recibida exceda del 5% que realmente correspondería y la devolución inmediata de las cantidades indebidamente percibidas".