Huelga de estibadores
De la Serna: «Los puertos ya han perdido empleos por la huelga»
«Es importante que se explique que las principales empresas ya se están llevando movimientos de carga a puertos en el extranjero»
El ministro de Fomento asegura que «es importante que se explique que las principales empresas ya se están llevando movimientos de carga a puertos en el extranjero»
- ¿Le sorprende que la patronal y los sindicatos de la estiba rompieran la negociación cuando parecía cerrada y a estas alturas haya huelga en los puertos?
-Las posiciones que tenían las partes coincidían en el mantenimiento del empleo. Da la impresión de que el problema radica en cómo llegar a ese mantenimiento. El Gobierno ha puesto encima de la mesa un instrumento potentísimo como es el paquete de ayudas económicas para las bajas anticipadas voluntarias. Lo más lamentable de la situación es que una de las partes, que son los sindicatos, utilizan la huelga como medida de presión para poder seguir negociando. El problema es que una huelga en este sector no es equivalente a una huelga en otros sectores productivos porque así como en otros el efecto sobre los mismos dura lo que dura la huelga, en ese caso hay un riesgo, que ya no es posibilidad, sino que ya está empezando a ocurrir, de que los tráficos se vayan a otros puertos fuera de España y se queden allí de forma permanente, lo que supondría la pérdida efectiva de los empleos que hay en esos puertos para hacer esa carga y descarga. Hoy por hoy, el principal problema contra el empleo, que es la causa de la negociación, es la huelga.
-¿Alguna otra naviera, además de Maersk, ha comunicado su intención de buscar puertos en el extranjero?
-Nos consta que hay varias que están haciendo ese análisis y algunas de ellas están utilizando esos puertos [en el extranjero] al no poder cargar y descargar en España.
-¿Algún sector industrial se ha dirigido a ustedes para manifestar su inquietud por lo que está ocurriendo en los puertos?
-La patronal lo ha hecho ya. Evidentemente, el sector empresarial lo que quiere es negociar y ha demostrado que tiene la voluntad de asegurar el mantenimiento del empleo, que es perfectamente viable con el decreto ley y el decreto que lo desarrolla. No comprende por qué se está produciendo un hecho que, más allá de lo que supone como medida de presión en la mesa de negociación, va a tener consecuencias sobre la actividad de las empresas.
– ¿Fomento se plantea mediar entre las partes para reconducir la situación?
-Fomento ha hecho un llamamiento, que es lo que le corresponde hacer ahora, para que las partes se sienten, y a una de ellas para que abandone las medidas de presión. Evidentemente, el derecho a la huelga existe, y el Gobierno lo va a respetar, lo cual no quita para que pongamos el acento sobre las terribles consecuencias de la huelga en este sector. El 100% de la responsabilidad recae en los sindicatos y los empresarios.
-¿Cómo se puede entonces desbloquear la situación?
-Lo que tienen que hacer las partes es negociar. Se tienen que sentar en la mesa y entender que o se producen cesiones y puntos de encuentro, o la situación va a afectar en primer lugar a los propios trabajadores. Yo no sé si en estos momentos desde los sindicatos se está explicando con claridad a los trabajadores que hay ya puestos de trabajo que se están perdiendo porque los movimientos de las principales empresas ya se están yendo a otros puertos. Y esto es importante que se explique.
-Si se prolongan los paros, ¿el ministerio ha barajado alguna alternativa para reemplazar a los estibadores en los puertos al tratarse de un sector estratégico?
-El ministerio tiene la obligación de hacer cumplir los servicios mínimos. Si se cumplen, existe el derecho a la huelga y el ministerio lo va a respetar. No estamos hablando de daños materiales ni incumplimiento de los servicios mínimos. Nuestra función está delimitada por ese derecho.
-¿Tiene la sensación de que la patronal, al anunciarse la liberalización, se dejó ir pensando que el Gobierno iba a hacerles el trabajo?
-Tengo la sensación de que en este momento los sindicatos están queriendo ir más allá de lo que es el establecimiento de un diálogo sincero para alcanzar el mantenimiento del empleo que los empresarios quieren. Están estableciendo algunas condiciones que, desde nuestro punto de vista, vuelven a estar dirigidas a establecer criterios de contingentación a la hora de la contratación, de la formación en los centros porturarios de empleo... y por eso es importante que todos se den cuenta de que lo esencial es el mantenimiento del empleo y que para ello es esencial disponer de las ayudas que ha puesto el Gobierno encima de la mesa. Tengo la percepción de que se está intentando ir bastante más allá de lo que es ese objetivo global y de que no se está siendo responsable a la hora de acotar cuál es el verdadero fin de la negociación, que es el mantenimiento del empleo y la mejora de la productividad de los puertos.
-El ministerio anunció que va a implementar medidas para evitar la especulación de las licencias VTC. ¿Hay ya un plan concreto para ello?
-El problema radica en las licencias VTC que están concediendo los jueces por el vacío legal entre la Ley Ómnibus de Zapatero de 2009 y la regla 1/30 que consiguió poner en consenso con los taxistas el Gobierno de Rajoy en 2013. Eso está provocando que esas licencias que se otorgaron en el ámbito judicial sobrepasen la regla del 1/30. ¿Qué quiere hacer el ministerio? Intentar evitar que esas licencias se puedan usar con fines especulativos. Y que siendo licencias legales, se usen para el fin último para el que se otorgan, que es su uso por el peticionario. Estamos cerrando algunas medidas que me gustaría incorporar pronto.
-¿Se puede evitar la entrada de nuevas licencias VTC por vía judicial o reducir las que hay?
-Son legales. Las otorga un juez y no se puede responsabilizar de ellas a las comunidades porque están obligadas a darlas.
-¿Cuántas licencias hay pendientes ahora del procedimiento judicial?
-Miles. No tenemos un conocimiento exacto, pero la cifra podría acercarse a 10.000.
-Hay informes de la CNMC y la UE abogando por una liberalización más amplia del sector. ¿Por qué no se acomete?
-Nosotros creemos que el sector está liberalizado y que las condiciones que el taxi vio con buenos ojos no suponen coartar las reglas del libre mercado y, por tanto, no afectan a la competencia. También es cierto que la CNMC ha presentado ante la Audiencia un recurso porque sí considera que la ley vulnera esa competencia. Lo cual quiere decir que tenemos en el lado normativo a Competencia, que piensa que quizá nos excedimos en la protección del taxi, y al taxi que piensa que tenemos que ir más lejos. Creo que el Gobierno tiene la obligación de respetar la libre competencia y, por tanto, no puede limitar más lo que es el establecimiento de un servicio de transporte que tiene el derecho de poder celebrarse con las mismas garantías en tanto cumpla con la legalidad vigente.
-Cataluña quiere implantar la euroviñeta –el pago por el uso de autopistas– en todas las vías de alta capacidad de la comunidad. ¿Es una opción realista o sería discriminatorio para el resto de los territorios?
-La semana pasada tuvimos una reunión del consejo de ministros de la UE en la que se presentó el paquete de movilidad terrestre en el que por primera vez aparecía ya una posición bastante clara en torno a la euroviñeta. ¿Qué transmite la Comisión? Que la euroviñeta tiene que hacerse no por tiempo sino por distancia y que se debe buscar una manera de bonificar a los vehículos menos contaminantes y aplicarse a partir de 2018. Pero, algo esencial, no obliga a los estados miembros. España no tiene previsto implantar una euroviñeta. ¿Qué plantea Cataluña? Una especie de viñeta que obligaría a que los vehículos procedentes de otras comunidades tengan que pagar. Eso es una opción que puede plantear, pero lo que tiene claro el Gobierno es que hay autopistas dentro de la comunidad que son del Estado y en esas autopistas cualquier decisión la tiene que tomar el Estado. Es cierto que tienen competencias en el resto de vías de gran capacidad y en las locales y el Estado no está por la euroviñeta. De implantarse, no podría hacerse en unas sí y en otras no porque esto no responde al principio de igualdad de derechos y oportunidades.
-¿Por qué todos los gobiernos españoles son reacios a implantar la euroviñeta?
-Porque pensamos que existen otras vías para llevar a cabo el mantenimiento y la explotación de las vías. Nosotros preferimos disponer de los recursos públicos para llevar a cabo su mantenimiento con carácter general. Y también estamos mirando fórmulas de colaboración público-privada para llevar a cabo la ejecución de infraestructuras y el mantenimiento de las infraestructuras.
-Ahora que el ciudadano está acostumbra a pagar por el uso de determinadas autopistas cuyas concesiones van a vencer en los próximos años, ¿por qué se van a eliminar esos peajes?
-El Gobierno no ha tomado ninguna decisión en este campo, aunque la tendrá que tomar porque las primeras empiezan a vencer a partir de 2018. Donde sí la ha tomado es en las que han entrado en una situación financiera comprometida, que se van a volver a licitar. Lo que queremos hacer es formar paquetes con las autopistas y sacarlas otra vez a concurso en el mismo momento en que reviertan al Estado. Ahora bien, la reversión no se va a producir en todas las autopistas al mismo tiempo porque cada una está sometida a un procedimiento judicial distinto.
-¿Cuándo revertirán las primeras autopistas?
-No hay ninguna certeza porque no sabemos cuando sucederá, pero más o menos van siguiendo caminos paralelos. Es cierto que en algunos casos se han producido decisiones judiciales que retrotraen el proceso a momentos anteriores que retrasan la reversión. Nosotros estimamos que esto se podría producir desde 2018.
-¿Está calculada la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) que habría que pagar por esa reversión?
-Será un valor que se sabrá en el momento en que finalmente se determine por un juzgado. Es muy complejo, de ahí la enorme disparidad que existe en su cálculo. Pero nosotros, sin poner una cifra, sí consideramos que es significativamente menor que el valor que está trasladando la patronal del sector (Seopan) [unos 5.000 millones de euros].
-¿Significativamente inferior es la mitad, menos de la mitad...?
-Muy alejado de los 5.000 millones que se están diciendo.
-¿Están resueltos ya los problemas que había con algunos contratos de construcción del AVE?
-El año en funciones fue especialmente duro para el Ministerio de Fomento porque provocó tener poca capacidad para dar respuesta a esos problemas técnicos y administrativos, pero creo que ha sido admirable lo que se ha hecho desde Adif para desatascar todos estos proyectos. La mayor parte de ellos responden a obras ya ejecutadas. Quizá Adif en estos primeros meses no haya podido centrarse en la licitación de muchos tramos de obra nuevo, pero creo que era más relevante reactivar esas obras.
- ¿El Gobierno se está planteando vetar la OPA de Atlantia sobre Abertis?
-El Gobierno va a actuar con mucha responsabilidad, que es lo que está haciendo y lo que va a hacer. Lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Estamos en el libre mercado, pero también dentro de la ley. Velaremos por el cumplimiento del interés general.
–¿Se dan las mismas condiciones que llevaron a Italia hace unos años a vetar la opa de Abertis sobre Atlantia?
– No es lo mismo porque las operaciones no son iguales y porque en Italia existía en el momento de la OPA de Abertis una ley que no permitía a un concesionario de una autopista tener entre sus accionistas a empresas constructoras. Por entonces, Abertis tenía entre sus accionistas a ACS. Como eso vulneraba una ley italiana, se informó desfavorablemente.
-¿Tiene motivos Cataluña para seguir quejándose de que hay un déficit inversor del Estado en la comunidad?
-En Cataluña estamos haciendo un grandísimo esfuerzo y actuando con muchísima transparencia. El propio presidente fue a explicarlo con bastante detalle y se demostró que hay un gran interés del Gobierno de España por trabajar por las inversiones y las infraestructuras para los ciudadanos catalanes, con un gran esfuerzo en cuanto a presupuesto a disponer para algunas de las infraestructuras como Rodalies y el Corredor Mediterráneo. Y estamos cumpliendo con el compromiso. Es habitual ya que cada quince días acudamos a Cataluña y expliquemos cómo van las cosas. Este martes nuestra intención es regresar y cumplir con uno de los compromisos más importantes y complicados para Cataluña como es la reactivación de la obra de la Sagrera. La obra lleva más de dos años completamente paralizada en el centro de Barcelona. Su primera fase, que es el colector de la rambla de Prim, va a comenzar y, por tanto, se produce la reanudación, a la que seguirán, como nos habíamos comprometido, las propias actuaciones que vamos a hacer en el entorno de la estación de La Sagrera. Es decir, cumplimos con nuestro compromiso.
-¿Se han hecho concesiones en materia de infraestructuras a Cataluña para frenar al soberanismo?
-No, en ningún caso. Lo que sí creíamos es que el Gobierno tenía que explicar más en profundidad lo que hacía. Lo estamos haciendo. Pero que nadie vea en ese esfuerzo inversor algún tipo de compensación. De hecho, desde el ministerio trabajamos de forma natural con la Generalitat y su consejero en cuestiones importantes y de detalle y creo que eso no tiene que tener una línea distinta.
-¿La vuelta de Sánchez a la secretaría general del PSOE y su «no» a Rajoy nos aboca a un adelanto electoral?
-Yo creo que el presiente ha sido muy claro cuando se ha referido a esta cuestión. En la agenda del Gobierno está acabar la legislatura y cumplir con nuestras obligaciones con los españoles. Lo que esperamos del señor Sánchez es que cumpla con la responsabilidad que han depositado en él sus votantes, que es ejercer la función que tiene, que es muy importante como líder del primer partido de la oposición. Por tanto, por nuestra parte haremos todos los esfuerzos que se puedan hacer para buscar puntos de encuentro y entendimiento con el PSOE porque creo que es bueno para España. Creo que sería un error por parte del PSOE echarse en brazos de quienes están en otra cosa que es, en general, el mayor conflicto posible para conseguir moverse en los espacios en los que habitualmente se mueven y donde están cómodos. Y a los partidos y a los representantes de las instituciones lo que se nos pide es que trabajemos para lanzar reformas y avanzar en la modernización del país.
-¿Temen que el acercamiento entre PSOE y Podemos conduzca a otro moción de censura en septiembre?
-Yo creo que el Gobierno está atendiendo, y es lo que va a seguir haciendo en el día a día, a lo importante, que es que se sigan generando puestos de trabajo al increíble ritmo que se está haciendo, como hemos visto con los datos de mayo. Insisto en que hemos visto en esa moción de censura a un claro ganador, que es Mariano Rajoy, y a un candidato, que ha sido Pablo Iglesias, que no ha aportado nada sobre un proyecto de Gobierno. Ni una sola palabra al respecto. Ha cimentado todo su debate en cuestiones ajenas y necesita del conflicto para poder sobrevivir como partido. Y una situación en la que las cosas van bien, la economía crece y se crean puestos de trabajo, para este partido es una situación incómoda, porque no le favorece en el espacio en que se mueve. Yo creo que ese espacio no es el que le corresponde al PSOE. Pero, evidentemente, no somos nosotros los que tenemos que tomar esas decisiones. Yo creo que este país necesita un PSOE digamos con suficiente personalidad como para saber cuál es ese espacio político y poder actuar con su ideología y sus propias propuestas para poder actuar en las reformas que considere que son imprescindibles.
-¿Los casos de corrupción convierten al PP en lo peor de la política tradicional española, como dijo el otro día Pablo Iglesias?
-Esa frase responde a lo que el propio presidente dijo. Para ellos, todo lo que sea lo peor es lo mejor. Necesitan identificar aspectos que puedan trasladar a la opinión pública que generan esa situación. Antes era la crisis económica, pero ya estamos saliendo y no puede centrar sus esfuerzos en ella. Y ahora lo centran en algo que es la corrupción, que afecta a todos los partidos, y que si hay un partido que la ha combatido con reformas normativas con dureza ese ha sido el PP porque ninguna de esas personas hoy está en el PP. Y si se han descubierto hechos delictivos y esas personas están en la cárcel es porque la Justicia está actuando con absoluta independencia y con una base legislativa que le permite descubrir los delitos y actuar con esa contundencia. El partido y el Gobierno lo que van a hacer es seguir combatiendo la corrupción con todos los instrumentos del estado de derecho y con absoluta firmeza.
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