De los ERE a las facturas falsas, la corrupción de los sindicatos

Los sindicatos de clase aún arrastran la losa que acumulan en los tribunales por los escándalos de la gestión de los ERE de Andalucía y de las facturas falsas remitidas a la Junta para conseguir financiación irregular. En el primer caso, se trata de, al menos, 885 millones servidos por la Junta de Chávez y Griñán para subvencionar prejubilaciones en 68 empresas andaluzas y en la que se han acumulado fraudes millonarios, y en el segundo la rama andaluza de UGT se dedicaba a emitir de forma sistemática facturas falsas de sus proveedores que luego cobraba a la Junta. Según los testigos, esto generaba sobresueldos de hasta 3.000 euros mensuales a los miembros de la Comisión Ejecutiva en una estafa que se dilató durante 12 años y que llegó hasta el punto de facturar a la Junta por el alquiler de varios inmuebles que el sindicato utilizaba pese a que estaban cedidos por la Administración central. Ambos fraudes sumarían más de 800 millones de euros –741 millones correspondiente sólo al fraude de los ERE, según la Fiscalía– y podrían incluso sobrepasar de lejos los 1.000 millones de euros.

Aunque los procesos se arrastran desde hace décadas, aún siguen su lento discurrir por los tribunales. De hecho, la Audiencia de Sevilla reabrió la pasada semana una pieza del escándalo de los ERE que hubiera dado pie al archivo de más parte de este macroproceso. La pieza en cuestión –archivada en octubre de 2016 por la juez María Núñez Bolaños– se refería a la ayuda de 1,3 millones de euros concedida a Azucareras Reunidas de Jaén para las rentas de 57 empleados incluidos en el ERE aplicado en la empresa.

La Audiencia de Sevilla confirmó además el procesamiento del ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez y de otros dos ex altos cargos en la «pieza política» de los ERE fraudulentos, por la que se sentarán en el banquillo 22 acusados, entre ellos los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán.

Recientemente, la juez María Núñez Bolaños imputó a 12 personas más, entre ellas a varios sindicalistas de UGT y CC OO en la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los ERE.