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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas ha impuesto al responsable de una empresa de la construcción ficticia una sanción de más de dos millones de euros por simular la contratación de 233 trabajadores, para que estos pudieran acceder a diversas prestaciones.

Esta investigación se inició en enero del año pasado, cuando el Servicio Público de Empleo detectó el fraude cometido por una empresa de la construcción que no desarrollaba ninguna actividad y que desde 2008 había simulado una relación laboral con 233 trabajadores.

Los supuestos empleados, mayoritariamente de origen magrebí y latinoamericano, tenían que pagar ciertas cantidades para obtener unos contratos ficticios que les permitían obtener diversos beneficios en materia de Seguridad Social y Extranjería, según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias en un comunicado.

El supuesto empresario, a través de su abogado, cursaba el alta en la Seguridad Social de los supuestos trabajadores, tramitaba sus contratos y les facilitaba nóminas y certificados de empresa para que, una vez reunido el periodo de carencia exigido, pudieran acceder de forma fraudulenta a percibir prestaciones por desempleo, maternidad y paternidad, o bien procedieran a regularizar o modificar su situación administrativa en España, a renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo o a reagrupar a familiares.

Esta empresa ficticia no ingresaba las cotizaciones a la Seguridad Social, por lo que llegó a acumular una deuda por impago de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social de 1.446.740,15 euros, precisa la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Aunque el importe de las prestaciones que habían sido concedidas de forma fraudulenta ascendía a 340.239,20 euros, sólo se ha llegado a percibir 192.828,27 euros, ya que tras la detección del fraude se produjo la suspensión cautelar del cobro.

Esta investigación se ha ampliado a otras 20 sociedades a las que se controla, tras haberse detectado la existencia de vínculos de diferente naturaleza con la empresa matriz, lo que está poniendo al descubierto la existencia de una trama organizada que creaba empresas ficticias para simular la contratación de trabajadores.

En las inspecciones concluidas se han detectado irregularidades en materia de Seguridad Social y Extranjería en otras cuatro empresas relacionadas con esta trama, entre ellas una sociedad de reciente creación que se valía de dos testaferros para ocultar su responsabilidad administrativa en la actividad de altas fraudulentas que desarrollaba.

Las actuaciones inspectoras se han desarrollado en colaboración con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, el Servicio Público de Empleo de Las Palmas y el Juzgado de Instrucción Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria.