El cambio fiscal de los vales de comida puede destruir 10.000 empleos

La patronal de las empresas de vales de comida ha expresado su rechazo a la decisión del Gobierno de hacer cotizar ciertas retribuciones en especie, como los vales, y avisa de que se pueden destruir más de 10.000 empleos a corto plazo.

La Asociación Española de Emisores de Vales de Comida y Otros Servicios (AEEVCOS) ha solicitado a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, una reunión para "mitigar las consecuencias"de la cotización de estos cupones, que puede suponer la pérdida de 10.059 empleos, según el sector.

Se trata de un Real Decreto aprobado por el Gobierno por el que este sistema de pago en los restaurantes, proporcionado por muchas empresas a sus trabajadores, se incluye en la base de cotización.

Los vales de descuento actualmente representan un 17,5 % de la facturación total de la restauración, según AEEVCOS.

Esta asociación ha pedido a Báñez que este Real Decreto sea tramitado como Proyecto de Ley para poder introducir modificaciones que "mitiguen las consecuencias negativas de la medida".

Según la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR), que espera que puedan producirse ajustes, esta medida recortará en casi 500 millones de euros su facturación, destruirá más de 10.000 empleos a corto plazo, y perderá 275.400 clientes diarios y 48 millones de comidas anuales. Además, según estos cálculos, realizados por la Universidad de Barcelona, el Estado verá reducida su recaudación neta en 99 millones, debido a los menores ingresos por IRPF, IVA, Seguridad Social e Impuesto de Sociedades.

El secretario general de la asociación, Luis Díaz, ha afirmado que esta medida "creará un efecto contrario al deseado por el legislador, ya que los vales han demostrado en España y en otros países que son generadores de empleo y facilitan la recaudación de impuestos para el Estado".

Los emisores de vales prevén que el número de trabajadores que los utilicen se reduzca casi a la mitad, de 600.000 a 324.600, así como la facturación directa generada a través de los mismos, de 1.056 millones de euros a 556 millones de euros.

Polémica en el Congreso

Pero la polémica también ha llegado hoy al Congreso, donde ha enfrentado en el Congreso al Gobierno y a la oposición, que ha exigido que se abra un debate y se tramite como proyecto de ley.

Esta petición ha tenido lugar en la Comisión de Empleo donde la ministra del ramo, Fátima Báñez, ha comparecido a petición propia para informar, en principio, de las medidas más recientes de su Departamento y de la implantación en España de la garantía juvenil europea.

"Las empresas deben hacer política social con sus beneficios y no con cargo al sistema de la Seguridad Social"ha dicho la ministra al principio de la Comisión y lo ha repetido en el transcurso de la misma ante las unánimes críticas de la oposición, a la que ha acusado de hacer "demagogia"con este asunto.

Pero no sólo la oposición ha expresado su rechazo a la norma, ayer la CEOE emitía un comunicado en el que pedía la retirada de estas medidas adoptadas "de forma precipitada y sin la preceptiva consulta".

Con este real decreto ley, las empresas y los trabajadores deben cotizar a la Seguridad Social por conceptos de la nómina hasta ahora exentos, como el plus de transporte, vales de comida, guarderías, seguros médicos privados o planes de pensiones.

Los cambios están en vigor desde el pasado 22 de diciembre tras la publicación en el BOE del real decreto ley 16/2013 de 20 de diciembre de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.

Báñez cree que se beneficia al trabajador

Para la ministra, "al primero que viene bien este decreto es al trabajador"y además ha asegurado que obligar a que las empresas registren todos los conceptos por los que cotizan o no en sus retribuciones, es hacer "más transparente el sistema económico y la competencia entre empresas".

Báñez también ha dicho que esto mantiene "el corazón del sistema del bienestar que es el sistema público de pensiones".

En línea con esa transparencia, la ministra ha anunciado que las empresas deberán comunicar a la Tesorería de la Seguridad Social en cada periodo de liquidación el importe de todos los conceptos retributivos abonados a los trabajadores, con independencia de su inclusión o no en la base de cotización y aunque resulte de aplicación bases únicas.

De esta manera, ha insistido, se incorporará "un criterio de transparencia para el trabajador, para la competencia entre empresas y para el sistema de la Seguridad Social".

La oposición cree que se rebajarán los salarios

Por contra, la oposición ha coincidido en que la medida supondrá una rebaja de los salarios porque "los empresarios no van a pagar nada de su bolsillo".

A juicio de la oposición, las medidas recogidas en el decreto van contra el Pacto de Toledo pero también contra las recomendaciones internacionales.

Además, han asegurado que en el decreto ley se están incrementado los costes sociales de la contratación, afectando especialmente a autónomos y microemopresas.