El Estado tardó 58 días en pagar a sus proveedores en el primer trimestre

La Administración General del Estado (AGE) tardó una media de 58 días en pagar a sus proveedores en el primer trimestre del año, lo que supera el plazo máximo de 30 días fijado por la Ley de Morosidad, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

Este plazo de pago es también superior al registrado en el conjunto de 2012, cuando se situó en una media de 47,5 días, año en el que la AGE disponía de un máximo de 40 días para efectuar el abono correspondiente, frente a los 30 de este ejercicio.

No obstante, la tardanza en el pago del primer trimestre de 2013 fue inferior a la del cuarto trimestre de 2012, en el que los proveedores del Estado cobraron en una media de 60 días.

El plazo máximo de 30 días está establecido para las operaciones de las administraciones públicas de gastos corrientes en bienes y servicios, mientras que en el caso de pagos a empresas constructoras de obra civil con contrato en vigor se eleva a 60 días, el mismo previsto en la ley para las operaciones entre empresas privadas.

De acuerdo con el último informe trimestral de Hacienda, el tiempo que tardó de media la AGE en pagar las inversiones fue 38 días.

Las operaciones pendientes de pago a 31 de marzo de 2013 fueron 1.251 millones por un importe de 48,2 millones de euros, con una situación pendiente de pago de 42 días.

De estas operaciones, en 219 de ellas se excedió el periodo legal de pago, cuyo importe ascendió a 8,7 millones.

El periodo medio en que estas operaciones rebasó el periodo legal de pago fue 53 días.

De las 219 operaciones en las que se sobrepasó este plazo legal, 150 cuyo importe se eleva a 7,6 millones estaban pagadas a 21 de mayo, y quedaron 69 operaciones por importe de 1,1 millones.

Hacienda explica que la mayoría de estas operaciones se encuentra en esta situación debido a la falta de datos bancarios o a incidencias como embargos o compensaciones tributarias.

El Ministerio del Interior fue el que más tardó de media en pagar (88 días), seguido del de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (50) y Fomento (casi 45 días).

En el lado contrario, estuvo el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (15 días) y el de Presidencia (casi 13).

Para las inversiones, el Ministerio de Justicia fue el que más demoró el pago (cerca de 66 días), seguido del de Agricultura (65 días) y Economía y Competitividad (53 días).

Los que menos tardaron en pagar fueron Industria, Energía y Turismo (16 días) y Presidencia (14 días).

Hacienda subraya que no figuran en este informe las operaciones que no están basadas en una relación comercial, como las que son consecuencia de una relación estatutaria o de personal o las que se deben a la potestad de expropiar de la Administración.

También se han excluido las realizadas entre los distintos ámbitos del sector público estatal y las operaciones entre este y los órganos centrales de las comunidades autónomas.

El informe recoge sólo la morosidad de la administración central, por lo que no incluye ni a la administración autonómica ni a la local, donde la demora media en los pagos es mayor.