El fiscal recurre la prisión de Blesa por «desproporcionada»

La Fiscalía de Madrid recurrirá en las próximas horas la prisión incondicional y sin fianza acordada por el juez Elpidio José Silva respecto al ex presidente deCaja MadridMiguel Blesa, al entender que se trata de una medida absolutamente «desproporcionada». Y lo hará directamente ante la Audiencia Provincial, obviando el recurso ante el propio magistrado, al considerar que de esa forma se agilizará la resolución, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes del Ministerio Público.

El recurso se articulará en cuatro motivos principales: la no existencia de riesgo de fuga ni de destrucción u ocultación de pruebas, porque no han aparecido datos nuevos respecto a la situación que originó que el juez decretara la prisión eludible bajo fianza de 2,4 millones de euros, y el hecho de que la prisión provisional acordada el miércoles es una medida absolutamente «desproporcionada».

Sobre este último motivo, el Ministerio Público considera, además, que el juez no argumenta las razones por las que mandó a prisión a Blesa, una medida que afecta directamente al derecho fundamental a la libertad.

Tampoco considera el Ministerio Público que se hayan conocido nuevos datos que permitan la resolución acordada por el juez Elpidio y, relacionado con ello, tampoco las hay respecto a la posible destrucción u ocultación de pruebas. «Es un procedimiento que ya se inició en los años 2008 y 2009, con lo que, si ha querido, ha podido destruir u ocultar todo lo que haya considerado oportuno», señalaron al respecto las fuentes fiscales consultadas por este periódico.

Junto a ello, el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, pidió ayer que se extremasen las cautelas procesales en este procedimiento, para evitar una posible nulidad de las actuaciones. Los hechos, declaró a Telemadrid, deben investigarse, pero con respeto de «todos los derechos fundamentales de todos, para evitar una nulidad que vicie la investigación y evitar que se llegue al final».

Falta de parcialidad

Por otro lado, un magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid será el encargado de resolver el incidente de recusación presentado por Blesa contra el juez por falta de parcialidad derivada de una enemistad manifiesta. Esta recusación se planteó en la pieza matriz relacionada con el préstamo, presuntamente fraudulento, de Bankia a Gerardo Díaz Ferrán, de 26,6 millones de euros.

Sobre esta cuestión, el propio magistrado rechazó de plano abstenerse de la causa. El Ministerio Fiscal, por su parte, ha informado desfavorablemente a la recusación planteada, según ha podido saber LA RAZÓN.

La Fiscalía entiende que para que pueda concurrir esa causa es necesario un requisito indispensable: que la esgrimida enemistad manifiesta haya actuado sobre una cuestión distinta al propio procedimiento, pero no sobre una resolución dictada dentro del mismo. «Por esa misma causa habría que estimar todas las recusaciones contra los jueces que mandan a prisión a detenidos», esgrimieron al respecto distintas fuentes.

En todo caso, desde el Ministerio Público se deja claro que «una cosa es que consideremos que no hay motivos para apartar al juez, y otra, que estemos de acuerdo con sus resoluciones».

En todo caso, será el instructor de la Audiencia de Madrid designado quien tenga la última palabra sobre la recusación. Hasta entonces, esa causa la instruye otro magistrado, el cual debe limitarse a practicar las diligencias absolutamente necesarias, pero no aquellas «ordinarias».

Pero en todo este entramado judicial hay una tercera arista: la denuncia que presentaron tanto Blesa como su abogado contra el juez por un delito de prevaricación. Ante esa denuncia, la Fiscalía incoó las correspondientes diligencias de investigación, «como ocurre cada vez que se recibe una denuncia», y ha iniciado la práctica de aquellas diligencias tendentes a determinar si existen o no indicios de delito.

Querella o archivo

En caso de que sea así, el Ministerio Público interpondrá la correspondiente querella por prevaricación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De concluirse, en cambio, que no hay esos indicios de actividad delictiva del juez, archivará sin más las diligencias abiertas. Esta decisión se adoptará «en el plazo de no menos de diez días».

De ocurrir esta última opción, Blesa y su abogado podrían interponer directamente la querella ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid.