El Gobierno convoca a la embajadora de Bolivia en españa

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, afirma que el Gobierno español deplora profundamente la decisión tomada hoy por las autoridades bolivianas de nacionalizar la empresa y en especial la ocupación policial de sus sedes y demás medidas que han acompañado la nacionalización.

El comunicado añade, que, e consecuencia, el Gobierno considera esta exporpiación como un acto inamistoso que se suma a medidas similares de meses recientes contra otras empresas españolas en Bolivia y contrastan con el papel que hasta ahora ha jugado España en defensa de los intereses bolivianos.

El ministro español de Asuntos Exteriores, García-Margallo, advirtió hoy desde Bruselas de que la decisión "tendrá consecuencias sobre las relaciones bilaterales"y no descartó una respuesta por parte de la Unión Europea ante este acto "no amistoso".

"Es obvio que un movimiento de este tipo, una expropiación saltándose los procedimientos habituales y no respetando el principio de la indemnización requerida en caso de expropiación, tendrá consecuencias sobre las relaciones bilaterales", aseguró García-Margallo en una rueda de prensa.

Y en un comunicado emitido en Madrid, el Ministerio español de Exteriores precisó que no cuestiona el derecho soberano de un Estado sobre sus recursos y servicios públicos, pero defiende que "toda expropiación debe hacerse previo pago del justiprecio, según una valoración justa e independiente del bien expropiado".

El jefe de la delegación de la UE en La Paz, Timothy Torlot, declaró a la prensa que "la nacionalización es una política de gobierno"y es "su derecho", pero la comunidad internacional quiere "una compensación justa y transparente para las empresas involucradas".