Pedro Sánchez recorta el gasto sanitario en una décima del PIB y congela otras partidas como Educación o protección del medio ambiente

La Sanidad y la Educación, dos de los pilares del llamado Estado del Bienestar, no saldrán reforzadas precisamente el próximo año. Más bien, al contrario. Según la actualización del Plan Presupuestario 2020 que el Gobierno envió el pasado martes a Bruselas, a partir del mes de enero España destinará apenas un 5,9% del PIB a financiar su sistema sanitario, porcentaje que quedará reducido a sólo un 4% en el caso del sistema educativo.

La gran novedad con respecto a ejercicios anteriores en materia sanitaria es que el gasto no sólo no sube sino que, incluso, baja. Lo hace una décima frente a planes presupuestarios anteriores, lo que equivale a una caída de alrededor de 1.200 millones de euros. En el programa de Estabilidad para el periodo 2019-2020 que el Ejecutivo remitió a la Comisión Europea el pasado mes de mayo, el porcentaje dedicado a la Sanidad era del 6%. Exactamente, la misma fracción del PIB que se dedicó en los años 2016, 2017 y 2018. Un porcentaje que Pedro Sánchez se comprometió a elevar cuando el PSOE se encontraba en la oposición, y muy inferior al prometido por él mismo antes del verano a Unidas Podemos durante las negociaciones fallidas con Pablo Iglesias para formar gobierno y con vistas a aplicarse en 2023. Los socialistas abogaban entonces por elevar el gasto hasta el 7% del PIB.

La caída de una décima consignada en la última actualización presupuestaria se produce, además, en un periodo delicado por el aumento de costes salariales y en medicamentos que se está registrando en el Sistema Nacional de Salud. La elevación de los salarios tras el alza acordada por el Ejecutivo con los sindicatos para los funcionarios y el desembarco de la inmunoterapia en los hospitales, mucho más efectiva que los tratamientos convencionales, pero también más cara, están poniendo en jaque las cuentas de resultados de los servicios regionales de salud, ocasionando incluso problemas de tesorería y tensiones con el Ministerio de Hacienda por la liberación de entregas a cuenta de fondos. Este problema financiero está llevando al Gobierno a idear medidas alternativas de ahorro, como la compra centralizada de medicinas y el fomento de la llamada prescripción por principio activo en lugar de por la marca comercial de los fármacos, lo que facilitaría la dispensación de medicamentos genéricos, algo más baratos.

El gasto educativo no corre tampoco mejor suerte. Desde 2016, el 4% es una constante y lo seguirá siendo también en 2020, a la vista del plan gubernamental. Se trata de otra de las materias «sociales» que el Gobierno de Pedro Sánchez prometió reforzar presupuestariamente, y que se mantendrá, sin embargo, congelada un año más.

Gastos «sociales» congelados

Asimismo, la actualización del plan enviada a la Comisión Europea mantiene congelados otros gastos sociales.La vivienda y los servicios comunitarios, por ejemplo, apenas recibirán un 0,4% del PIB, pese a la campaña del Ministerio de Fomento dirigida, en principio, a generalizar el disfrute de una vivienda digna entre los ciudadanos. Se trata del mismo porcentaje habilitado desde 2016, con la excepción de 2017, cuando ascendió al 0,5%. El dinero dedicado genéricamente a protección social sí crece, en cambio, hasta situarse en el 17,2%, frente al 17% previsto en el anterior plan enviado a Bruselas. En 2016, el porcentaje era de apenas un 16,6%. Por su parte, la partida dedicada a la protección del medio ambiente se queda en el 0,9%, el mismo porcentaje que el registrado desde 2016, y el orden público también se estanca en el 1,8%.

120 millones para los peajes y 774 por la «gota fría»

En su actualización presupuestaria para 2020, el Gobierno ha previsto ya una primera factura de 120 millones de euros para el rescate de la autopistas de peaje quebradas. No obstante, esta cifra queda muy lejos del coste final, aún por determinar. En cualquier caso, el propio Ejecutivo fijó un máximo de 3.305 millones, cifra que elevan a más de 5.000 millones las constructoras y los bancos acreedores. En el plan remitido a la UE se contempla también un gasto extraordinario de 774 millones para paliar los daños de los últimos temporales por la «gota fría».