El Gobierno no identificará a los amnistiados fiscales de Montoro

El Ejecutivo desiste de la publicación de la lista de quienes se acogieron a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro porque en la actualidad la difusión de las identidades de estos contribuyentes no sería acorde a la legalidad.

El Gobierno reconoció ayer que tendrá que incumplir otro de los compromisos que asumió en la oposición. El Ejecutivo desiste de la publicación de la lista de quienes se acogieron a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro porque en la actualidad la difusión de las identidades de estos contribuyentes no sería acorde a la legalidad. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta revelación únicamente «se podría hacer efectiva con una modificación legal para nuevas amnistías fiscales», cuya promoción «desde luego no está en la hoja de ruta de este Gobierno», pero que –en todo caso– «no tendría efecto retroactivo». Esto supone que las identidades de quienes se acogieron a la amnistía fiscal promovida por Cristóbal Montoro no saldrán a la luz. El Gobierno sí se compromete, no obstante, a intensificar la lucha contra la evasión fiscal y que –en un ejercicio de «transparencia»– sí que se publiquen los nombres de quienes no cumplan con sus obligaciones tributarias en el futuro.

Siguiendo con el apartado de renuncias, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tampoco alcanzará el superávit en 2021, bajo la coartada de «impulsar la agenda social». El Gobierno ha modificado sustancialmente la senda de consolidación fiscal diseñada por el Gabinete de Mariano Rajoy, ya que además de elevar el objetivo de déficit para 2018 y 2019, como anunció el jueves la ministra de Economía, Nadia Calviño, también lo ha incrementado para 2020 y 2021. La anterior senda contemplaba cerrar este año en el -2,2%, e ir reduciendo el dato paulatinamente hasta alcanzar en 2021 el superávit (0,1%). Sin embargo, el Gobierno ha preferido relajar el cumplimiento de estos compromisos para promover sus políticas sociales, sosteniendo que son «adecuados», «más realistas» y «compatibles con las directrices de Europa». El objetivo, según la ministra, es «conjugar la estabilidad presupuestaria con un crecimiento sostenible y con el impulso a la agenda social». «Se trata de combinar rigor y responsabilidad con la reducción del déficit, con la ambición de dar respuesta a las demandas sociales», destacó Montero. La ministra se quejó de que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 que el PSOE asumió del PP se hicieron sin «respetar el objetivo de déficit» y auguró que con las modificaciones que pretende emprender el nuevo Gobierno, las cuentas para 2019 serán «sociales y redistributivas» para que «la recuperación llegue a todos los ciudadanos».

El Ejecutivo también decidió ayer en Consejo de Ministros autorizar a Cataluña a formalizar operaciones de deuda a corto plazo de la Generalitat por un importe máximo de 4.113,87 millones de euros, para refinanciar los vencimientos de líneas de crédito a corto plazo durante los meses de julio y agosto de 2018. Esta autorización, por tratarse de refinanciación de deuda, no supondrá un aumento del endeudamiento de la comunidad al final del ejercicio. Cataluña sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2018 y deberán supeditarse las operaciones de endeudamiento que formalicen en ejecución de estas autorizaciones al cumplimiento del objetivo de deuda para este año. La ministra de Hacienda justificó esta autorización en que es lo que «procede», ya que también estaba prevista por el anterior Ejecutivo de Rajoy.