El juez acusa a Blesa y Rato de «consentir, aceptar y propiciar» las «tarjetas B»

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa asumirá el embargo de sus bienes al no poder afrontar la fianza de 16 millones que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por su responsabilidad en el sistema de tarjetas opacas.

Miguel Blesa y Rodrigo Rato, durante los años que permanecieron como presidentes de Caja Madrid y Bankia, habrían «consentido, aceptado y propiciado» el uso indebido de los fondos de las entidades financieras, «mediante la atribución y uso en provecho propio y mediante la entrega de tarjetas de crédito a miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control, a consejeros ejecutivos y a directivos», sin que existiera ninguna justificación para facilitar esas «tarjetas B» y sin que hubiese ningún precepto en los estatutos que lo permitiese. Pero, además, todo ese cargo ocasionado con las mencionadas tarjetas se contabilizaba «de forma encubierta» para evitar el posterior control de los auditores y de los órganos supervisores.

Éste es uno de los principales argumentos que esgrime el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu para imponer una fianza, en concepto de responsabilidad civil, de tres millones a Rato y 16 a Blesa, al considerar que esa medida es necesaria para garantizar esa posible responsabilidad, dado que se prevé que la instrucción se prolongue en el tiempo, y, por ende, el juicio no se celebre, en su caso, en un plazo corto, y por ello, añade al respecto, es necesario imponer esas fianzas para asegurar «las responsabilidades sobre las que recaen las sospechas que van aflorando a medida que la instrucción avanza».

Prisión o multa

A los dos ex presidentes de Caja Madrid y Bankia, quienes han anunciado que recurrirán la decisión del magistrado, el juez les imputa un delito continuado de administración desleal, que está penado con prisión de seis meses a cuatro años o multa de hasta el triple del beneficio obtenido.

En sus resoluciones, el magistrado esgrime argumentos idénticos para la adopción de esa medida, con la diferencia de la fianza impuesta en función del tiempo que permanecieron al frente de la entidad y de la disposición por aquellos que estaban bajo su dirección, con el consentimiento del presidente, de las mencionadas tarjetas, y del gasto que supuso para Bankia o Caja Madrid.

El juez Andreu destaca tres aspectos esenciales en estos hechos: No existía ningún acuerdo o sustento que justificara la entrega de esas tarjetas «B», no hubo por parte de Blesa y Rato «control o supervisión alguna respecto a los gastos que el uso de dichas tarjetas de crédito generaron», y, en tercer lugar, que ese gasto se contabilizaba «de forma encubierta» para evitar los controles .

Por otro lado, Miguel Blesa asumirá el embargo de su patrimonio al no poder hacer frente a la fianza de 16 millones de euros que le impuso el juez Andreu, al considerar que durante su mandato (de 1996 a enero 2010) los consejeros de Caja Madrid gastaron con sus tarjetas opacas un total de 12,5 millones, cantidad a la que hay que añadir un 25 por ciento adicional, que es el mínimo que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El ex presidente de la caja madrileña no tiene capacidad económica suficiente para afrontar el abono de la millonaria cantidad. Lo que sí pudo fue atender en el plazo de 24 horas una fianza de 2,5 millones de euros que le impuso el juez Elpidio José Silva para eludir su ingreso en prisión en mayo de 2013.

De esta forma, el juez Andreu pedirá, en primer lugar, al propio afectado, que facilite una relación de bienes para embargarlos, y, en caso de no llegar a la cantidad estipulada, pedirá a los distintos registros y entidades financieras que les entreguen un listado de propiedades, fondos de inversión, etc, del ex presidente de Caja Madrid.

«No decidía»

En su declaración ante el juez, Blesa insistió en que «jamás entregó ninguna tarjeta», sino que se limitaba a «dar el visto bueno, pero no decidía», trasladando la responsabilidad al comité de medios de la entidad. «Pero si usted era el presidente de la caja, ¿cómo iba a reportar a un órgano inferior», le interpeló el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón un tanto sorprendido. «Nadie me dio nunca ninguna explicación», insistió Blesa en reiteradas ocasiones en su declaración.