El juez no rebajará la fianza de 50 millones a De Cabo

El empresario Ángel de Cabo seguirá soportando la fianza más alta de la historia. Los 50 millones de euros que le impuso el pasado día 5 el juez Eloy Velasco –por haber pactado supuestamente con los dueños de Marsans la liquidación fraudulenta del grupo– no serán modificados antes de Navidad, según apuntaron fuentes jurídicas. Al contrario que Gerardo Díaz Ferrán, que recurrió su orden de prisión bajo fianza (30 millones, en su caso) directamente ante la Sala de lo Penal (la instancia superior al instructor) ante la escasa confianza en que Velasco reduzca esa cuantía, De Cabo ha recurrido la resolución ante el propio magistrado, como han hecho también otros imputados.

Además de De Cabo, presentaron recursos de reforma contra sus respectivas órdenes de prisión la «mano derecha» de aquél, Iván Losada (cuya fianza es también de 30 millones de euros), y Teodoro Garrido (cuñado de De Cabo) y los presuntos testaferros Antonio García Escribano, Carmelo Estelles y José Enrique Pardo, estos cuatro con fianzas de 500.000 euros. Según esas mismas fuentes, el importe de todas ellas no será modificado, a la espera de que la Sala de lo Penal resuelva los recursos de apelación y determine si los montantes fijados por el intructor son o no proporcionados a la gravedad de los supuestos delitos cometidos por los imputados.

Declaración entre lágrimas

El abogado de Díaz Ferrán mantiene en su recurso de apelación que Velasco «confunde la fianza preventiva en la ley procesal penal como medida cautelar de carácter personal» con la responsabilidad civil derivada del delito por los posibles perjuicios causados. Sin embargo, el juez se acoge a la interpretación jurisprudencial que defiende que el perjuicio ocasionado (en este caso los 50 millones de euros que se habrían ocultado a los 14.000 acreedores de Marsans, sin tener en cuenta las cantidades supuestamente defraudas a Hacienda) deben tenerse en cuenta a la hora de fijar la cuantía de esta medida cautelar.

A la espera de que el juez Velasco resuelva esos recursos de reforma (el de apelación de Díaz Ferrán llevará más tiempo), ayer comparecieron como imputados por un delito de alzamiento de bienes los cuatro hijos de Gonzalo Pascual, la mujer de De Cabo y uno de los abogados de éste, Raúl Jiménez (que adujo en su defensa que se limitaba a cumplir órdenes). Todos ellos quedaron en libertad sin medidas cautelares.

Consuelo Garrido aseguró entre lágrimas al magistrado no saber nada de los negocios de su marido ni del vaciado patrimonial de Marsans que habrían orquestado Díaz Ferrán y Pascual con la ayuda de su esposo. Dijo ser sólo un «ama de casa» que figuraba en algunas sociedades de De Cabo por si a su marido «le pasaba algo».

Por su parte, los hijos de Gonzalo Pascual se limitaron a precisar al instructor que, después de que un juzgado mercantil anulara la donación que le hicieron sus padres de participaciones en tres sociedades, reintegraron éstas al patrimonio concursal tras recomprarlas a De Cabo.