El juez reabrió la causa contra Blesa con datos de la Wikipedia

La Audiencia Provincial de Madrid acordó ayer anular la investigación del juez Elpidio José Silva al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa por el préstamo de 26,6 millones al ex presidente del Grupo Marsans Gerardo Díaz Ferrán. El tribunal considera que la medida era «improcedente» y vulnera el derecho de defensa del ex banquero, al abrir contra él un proceso «convertido en una "causa general"en busca de los responsables de la crisis económica que atravesamos y su castigo». En la resolución, de 19 folios, la Sala censura con dureza la instrucción del juez Silva, a quien acusa de reabrir la causa en junio de 2012, «en un desacertado proceder», recurriendo «en gran medida» a información «de la página web Wikipedia».

El tribunal denosta algunos de los argumentos esgrimidos por el instructor para la reapertura de la causa. «En modo alguno», subraya, ni «la crisis en los Estados Unidos de América del Norte ni la que desde principios del año 2010 indica que vienen padeciendo los estados de la Eurozona, ni tampoco una gestión bancaria, que el instructor califica de "nefasta", pueden servir de base a la reapertura de una causa en la que se denuncia la concesión de un crédito» por parte de Caja Madrid de 26,5 millones de euros.

La decisión de la Audiencia Provincial no acarreará la inmediata puesta en libertad de Blesa, puesto que la orden de prisión fue acordada por el juez Silva en el marco no del procedimiento principal ahora anulado, sino de una pieza separada en la que el magistrado investiga la compra por parte de Caja Madrid del City National Bank de Florida. La defensa de Blesa recurrió en apelación ese auto de prisión, sobre el que también tendrá que pronunciarse la Audiencia de Madrid.

En la resolución en la que anula la investigación de la causa principal, el tribunal echa por tierra la conexidad defendida por el juez entre esta causa y la que se seguía contra la cúpula de Bankia por el titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. «No se alcanza a comprender –sostienen los magistrados– salvo facultades adivinatorias inusuales, cómo se puede concluir la existencia de una conexidad» que, reprocha, no cabe presuponer «en base a noticias de prensa, de pasillo, conocimientos extrajudiciales o sospechas».

Pero las críticas de la Audiencia al juez Elpidio no acaban ahí. Su decisión, adoptada el 7 de diciembre de 2012, de reclamar los correos electrónicos y el contenido de los mismos de los inspectores del Banco de España encargados de supervisar Caja Madrid entre 2002 y 2010, e igual respecto a los e-mails corporativos de Blesa y Díaz Ferrán, ha merecido un duro reproche por parte de la Sala. Lo mismo respecto a la petición de toda la documentación sobre «operaciones sospechosas de la posible comisión de blanqueo de capitales» en relación con ambos imputados, con Marsans o empresas vinculadas a las mismas entre esos años y la actualidad.

Atacó derechos fundamentales

Estas diligencias, a juicio de los magistrados, no hacen sino confirmar la ausencia «del más mínimo juicio de proporcionalidad y razonabilidad de las medidas de investigación adoptadas», entre las que figuran algunas «limitadoras de derechos fundamentales de la persona, como son la intimidad personal y secreto de las comunicaciones», en relación con la solicitud de los mencionados correos electrónicos y el contenido de los mismos.

Y es que, añade el auto, el delito que podría perseguirse a tenor de la denuncia que originó la apertura de las diligencias previas ahora anuladas sería un delito societario, que no es lo suficientemente grave «como para justificar tal limitación de derechos y tal injerencia indiscriminada en el patrimonio y en las personas, de los implicados y sus empresas o personas con ellas relacionadas».

De esta forma, concluye la Sala al respecto, el juez Elpidio ordenó unas diligencias de investigación «proscritas por el Tribunal Supremo, en la medida que suponen un sacrificio desproporcionado de derechos fundamentales».

Igualmente, critica la decisión de retirarle el pasaporte a Díez Ferrán al no existir riesgo de fuga, por lo que la medida no era «proporcional, necesaria ni suficientemente justificada».