Caso Tarjetas «B»

El número dos de Blesa pide recuperar el dinero que devolvió de las black

Matías Amat tenía un límite de gasto creciente en la tarjeta, que pasó de 40.000 a 60.000 euros al año

Matías Amat ha declarado hoy ante el juez Fernando Andreu
Matías Amat ha declarado hoy ante el juez Fernando Andreularazon

El «número dos» de Miguel Blesa y el ex consejero ejecutivo de Caja Madrid, Matías Amat, declaró ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que espera recuperar los 430.000 euros que devolvió por el uso de la «tarjeta black», puesto que se trataba de gastos de libre disposición.

El «número dos» de Miguel Blesa y el ex consejero ejecutivo de Caja Madrid, Matías Amat, declaró ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que espera recuperar los 430.000 euros que devolvió por el uso de la «tarjeta black», puesto que se trataba de gastos de libre disposición. Explicó que ha devuelto los 42.000 euros reclamados por Bankia, y que ha depositado en el Juzgado los 388.000 euros restantes. Así lo relató el abogado y responsable de Regeneración Democrática de UPyD, Andrés Herzog, miembro de la acusación popular y presente en la declaración de Amat.

Matías Amat confesó que fue el director de medios, Manuel Gutiérrez, quien le entregó en 1999 la «tarjeta black», de la que podía disponer una cantidad limitada de dinero que iba progresivamente en aumento y que, «como todos, consumía hasta el límite permitido». En su caso, este límite fue creciendo desde los 40.000 euros hasta los 60.000 euros al año. Además, afirmó que no le exigían justificantes y que pensaba que estaba declarando por esas retribuciones porque estaban incluidas en su certificado de retenciones.

Asimismo, quien fue uno de los hombres de confianza de Blesa aseguró que también poseía otra tarjeta para gastos de representación y que le fue entregada como «complemento salarial» para gastos de libre disposición, incluyendo extracciones en efectivo de los cajeros automáticos.

Al prejubilarse el 30 de octubre de 2011, dejó de utilizar la tarjeta opaca, a diferencia de otros ex consejeros, como Mariano Pérez Claver, que durante su excedencia de 2009 a 2010 continuó usándola porque «era necesario agotar el saldo, ya que se trataba de un complemento salarial», según aseguró ayer.

El magistrado Andreu le pidióque cómo explicaba que si aseguraba que tan sólo era una retribución fija el dinero de la tarjeta opaca, por qué se pagaba entonces de forma peculiar. A ello, Matías Amat, le contestó que no tenía ni idea y que ni siquiera lo preguntó.

El ex «número dos» de Blesa fue el quinto ex consejero que más dinero gastó con su «tarjeta black», que empleó sobre todo para pagar viajes, hoteles, líneas aéreas, tiendas de lujo y exclusivos restaurantes, aunque tampoco faltaron pequeños gastos como 2,81 euros en un peaje. 2008 fue el año en el que más veces empleó dicha tarjeta, llegando a gastarse 67.900 euros, aunque hubo ocasiones en las que gastó grandes sumas de dinero de una tacada, como en 2006, cuando adquirió 15.000 euros en arte sacro y religioso en un conocido establecimiento.

El ex consejero fue posteriormente director de participadas de Bankia, cargo que abandonó en junio de 2014. Matías Amat está acusado, junto con otros ex directivos de Caja Madrid, de emplear tarjetas de crédito opacas, emitidas al margen del circuito general y cuyos cargos se gestionaban de forma separada al resto de tarjetas de empresa de la entidad.

El juez Fernando Andreu interrogó ayer a 13 ex directivos, completando así un total de 67 que han sido llamados a declarar a lo largo del proceso judicial. El magistrado ha interrogado esta semana a 37 ex directivos, que se suman así a los 27 ex consejeros que pasaron por la Audiencia Nacional hace varias semanas, así como a los ex presidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato y al ex director financiero Ildefonso Sánchez Barcoj.

Por su parte, el abogado Herzog aseguró que ninguno de los imputados que había declarado mostró «arrepentimiento alguno» y que todos los que realizaron gastos elevados coincidían en señalar que «se trataban de complementos retributivos y de libre disposición», y por eso «insisten en que no cabe imputarles delito alguno».