El rescate de las cajas costará 7.346 millones a los bancos

El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito prevé unas pérdidas con cargo a su patrimonio por los esquemas de protección de activos firmados durante los procesos de venta de Caja Castilla- La Mancha (CCM), Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)y Unnim, tres de las cajas de ahorros que necesitaron la intervención del Estado, de 7.346 millones en el escenario más razonable y en el horizonte 2024. De esta cifra, 3.974 millones de euros corresponden a la CAM; 1.323 millones, a Unnim, y 2.049, a CCM.

CCM fue intervenida en marzo de 2009 y adjudicada con posterioridad a Cajastur. CAM fue nacionalizada en julio de 2011 y adjudicada a Banco Sabadell en diciembre de ese mismo año. En marzo de 2012, BBVA se quedó con Unnim (la fusión de las cajas de Sabadell, Tarrasa y Manlleu) por el precio simbólico de un euro. En todos los casos, las entidades adquirentes se protegieron del riesgo de comprar unos activos sobrevalorados mediante EPA, en los que asumían sólo riesgos para el 20% de la cartera y, en algunos casos, ni eso.

En el escenario que ha servido para cerrar el ejercicio 2013, todas las pérdidas futuras estarían ya cubiertas por las provisiones realizadas. En el peor de los escenarios posibles, el Fondo tendría que asumir unas pérdidas de 10.065 millones, 2.719 millones más en el horizonte 2024. A esta cifra habría que añadir los cerca de 824 millones en que está valorada su participación en Catalunya Banco, que da por perdidos cuando finalice el proceso de privatización que acaba de dar sus primeros pasos este mismo mes.

El Fondo de Garantía de depósitos dio a conocer ayer su situación patrimonial a 31 de diciembre del pasado año, que mostraba unos números negativos de 1.637,3 millones de euros, como consecuencia de saneamientos realizados en 2013, entre ellos la venta de NCG Banco, una de las dos entidades en las que mantiene una participación accionarial significativa. Sin embargo, durante los meses de enero y febrero pasados, ha ingresado más de 3.113 millones en cuotas, por lo que el patrimonio ha vuelto a números positivos.

El Fondo cree que si se mantiene el nivel de aportaciones de las entidades financieras adheridas se puede alcanzar el patrimonio exigido por la nueva directiva europea (8.083 millones en el peor escenario posible), cumplir con los EPA en las condiciones más severas y generar un excedente con el que alcanzar el patrimonio exigido para el Fondo de Resolución (8.455 millones en 2023).