El Supremo judicializa la guerra entre Competencia y Energía

Admite un recurso de la CNMC contra el departamento de Nadal por quitarle atribuciones.

Nuevo episodio de la larga guerra entre Competencia y el Ministerio de Energía. El Tribunal Supremo admitió el pasado lunes a trámite el recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el Real Decreto por el que el Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al organismo regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico. La decisión del Supremo, publicada ayer en el BOE, da recorrido a la judicialización del contencioso que mantienen el departamento que dirige Álvaro Nadal con el que preside José María Marín Quemada, que presentó el pasado viernes un recurso ante el este tribunal.

El Real Decreto aprobado el pasado mes de octubre otorga funciones al Ministerio de Energía que hasta entonces estaban bajo la jurisdicción de Competencia como las inspecciones y las liquidaciones, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones. En el fondo de la guerra se encuentra la determinación de la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos.

En septiembre de 2016, Bruselas ya abrió un procedimiento sancionador a España, todavía sin cerrar, por las competencias en esta materia. Como solución, el Gobierno ha planteado a Bruselas un modelo análogo ya en otros países europeos, como en Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de euros del total de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico.

Las escaramuzas han sido constantes entre ambos departamentos. La CNMC ha reprochado en varias ocasiones a Energía las directrices que establece en política energética, llegando a afirmar en un reciente informe que las millonarias partidas asignadas a las empresas en concepto de interrumpibilidad estaban infladas ya que es un servicio que «apenas se utiliza». El sistema de subastas de interrumpibilidad permite que las empresas que más electricidad consumen sean retribuidas a cambio de que estén dispuestas a desconectarse de la red en situaciones de emergencia del servicio eléctrico.

Tras hacerse pública la decisión del Supremo, la CNMC reiteró ayer al Gobierno la «urgente necesidad» en que apruebe las medidas legislativas necesarias para adecuar sus competencias con las que tienen el resto de los reguladores europeos de acuerdo con la normativa comunitaria.

El organismo aprovechó la publicación de los informes sobre peajes de acceso de energía eléctrica para 2018 y sobre peajes, cánones y retribución asociados al acceso a terceros a las instalaciones gasistas 2018, para volver a pedir al Ejecutivo la aprobación de estas medidas con el objetivo de poner fin al entuerto.

La CNMC reiteró que debe ser ella la que establezca tanto la retribución de las actividades reguladas que se financian con cargo a peajes, como la estructura, las condiciones de aplicación de los mismos y las reglas de asignación de la retribución.

Respecto a estos peajes, la CNMC considera que los ingresos de éstos en el sector eléctrico serán suficientes para cubrir los costes previstos tanto en 2017 como en 2018, aunque señaló que se prevé la incorporación de superávit de ejercicios anteriores para cubrir posibles desajustes. Además, señala que la demanda prevista para 2018 por Energía es inferior a la estimada por los diversos agentes, mientras que los ingresos previstos son un 1% superiores a lo previstos en el cierre de 2017.