España alega que la UE apoyó las ayudas navales en 2009

España dará batalla en los tribunales para defender las ayudas al sector naval español. José Manuel Soria, ministro de Industria, elevará hoy al Consejo de Ministros un informe en el que plantea recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE la decisión de la Comisión Europea que obliga a devolver las subvenciones.

España dará batalla en los tribunales para defender las ayudas al sector naval español. José Manuel Soria, ministro de Industria, elevará hoy al Consejo de Ministros un informe en el que plantea recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE la decisión de la Comisión Europea que obliga a devolver las subvenciones. El organismo comunitario ha dictaminado que los inversores que se beneficiaron de bonificaciones fiscales por invertir en la construcción de buques mediante un procedimiento de «tax lease» –arrendamiento financiero– deben devolver las cantidades que no pagaron al Ministerio de Hacienda entre 2007 y 2011.

España alegará como principal argumento que fue la propia UE que ahora dictamina la devolución de las ayudas la que en su día les dio el visto bueno. En declaraciones a RNE, Soria recordó que nunca, hasta 2009, se hizo ninguna consideración sobre el sistema que se estaba aplicando y cuando se hizo, fue para recibir la «bendición» de Bruselas a través de la entonces comisaria de Competencia, Neely Kroes.

Junto a las acciones judiciales, España solicitará también que se establezcan medidas cautelares para suspender la devolución efectiva de esas cuantías «mientras no se sustancie el recurso».

Soria reconoció que tanto los trabajadores, empresas, astilleros, armadores y los financiadores de las operaciones han estado y están «muy temerosos» por las posibles repercusiones que una decisión de esta naturaleza puede tener sobre ello, y más «si se tiene en cuenta que en una situación análoga como la de Francia no fueron requeridas las devoluciones de estas ayudas». Según los cálculos que hacen todos los afectados, las cantidades a devolver podrían ascender a 3.000 millones de euros y amenazarían unos 90.000 puestos de trabajo. El presidente de la patronal de astilleros privados (Pymar), Álvaro Platero, cifró ayer en 200 los buques afectados por la resolución de Bruselas, por lo que pidió al Ejecutivo, que es el que debe determinar las cantidades a devolver, que hile fino para no estrangular a un sector ya muy maltratado por la crisis. «La letra pequeña la tiene que poner el Gobierno y no dudamos de que harán un esfuerzo para minimizar el daño que ya nos ha hecho este expediente en dos años de sequía contratadora», en los que los astilleros han perdido la construcción de 50 barcos, aseguró Platero, que advirtió de que inversores de gran tamaño afectados por la medida como Inditex o El Corte Inglés no se quedarán de brazos cruzados frente a la Unión Europea. Pymar espera que el expediente se cierre pronto para poner el marcha el nuevo sistema de «tax lease» aprobado en 2012 con el visto bueno de Bruselas.