España mantiene el pulso con la UE al limitar el alza del IVA

Jeringas, tensiómetros, sábanas y camillas de hospital tributarán al 21%. Gafas, lentillas, prótesis, sillas de ruedas y muletas seguirán en el 4%

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, los tres secretarios de Hacienda y el director general de la Agencia Tributaria (AEAT) anunciaron ayer la reforma fiscal que propone el Gobierno y que, además de las rebajas en los tipos del IRPF y del impuesto de Sociedades, también incluye varias subidas de impuestos que compensarán parte de la merma de recaudación por los dos principales tributos directos. En concreto, el Ejecutivo pretende gravar los despidos superiores a los 20.000 euros, eliminar la deducción por alquiler, limitar la desgravación por aportaciones a los planes de pensiones hasta los 8.000 euros y subir la tributación de algunos productos sanitarios, gravados hasta ahora al 10% de IVA, al 21% para cumplir con la sentencia de la Justicia Europea.

Productos sanitarios

Hacienda publicó ayer la lista de productos afectados por la subida del IVA sanitario, que elevará al 21% la tributación de los principios activos –como el ibuprofeno o el paracetamol– para la elaboración de medicamentos, los equipos médicos, los aparatos de resonancia para animales, las camillas para pacientes, las jeringas, los guantes, los tensiómetros y los monitores de frecuencia cardiaca, entre otros. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, cifró en «400 millones» el impacto.

Las gafas graduadas, las lentillas, las prótesis, las sillas de ruedas o las muletas seguirán disfrutando del tipo reducido del IVA del 10%, igual que las gasas, vendas o botiquines para primeros auxilios y los parches oculares, según informó Hacienda.

El Gobierno también anunció que suprimirá las exenciones fiscales a la entrega gratuita de acciones a los trabajadores, entre otras medidas. En cualquier caso, no existirá neutralidad fiscal, ya que las alzas que contiene el anteproyecto de Ley no serán suficientes para contrarrestar la pérdida de ingresos públicos por la rebaja de IRPF y Sociedades, estimada en cerca de 9.000 millones de euros. El Ejecutivo fía el aumento de la recaudación al incremento de la demanda interna y el consumo, que elevarán la percepción de capital por los impuestos indirectos, principalmente a través del gravamen del IVA.

A pesar de estas «ligeras» subidas de impuestos, la negativa del Gobierno a elevar el IVA, o a realizar una reclasificación de productos gravados en los tipos más bajos, y la rebaja de IRPF y Sociedades provocó la reacción de Bruselas.

La Comisión Europea mostró ayer su preocupación por las consecuencias sobre la consolidación fiscal de la reforma fiscal aprobada el pasado viernes por España. Aunque el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, subrayó ese mismo día que no conocía los pormenores de la reforma y que realizaría un análisis detallado de las nuevas reglas para el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) antes de pronunciarse, su portavoz, Simon O'Connor, dio ayer un paso más y fue más allá.

«El Gobierno no ha anunciado ningún traslado de la carga impositiva desde las cotizaciones a la Seguridad Social hacia los impuestos indirectos (como el IVA o tributos medioambientales), tal y como recomendó el Consejo (de ministros de Economía de la UE) como vía para impulsar la creación de empleos», lamentó el portavoz.

Además, también subrayó que quedarían una serie de deducciones en el IRPF e incluso «algunas de las mismas se ampliarán bajo la reforma» fiscal, lo cual «parecería no ir en la dirección del objetivo señalado (por el Gobierno español) de simplificar el sistema», agregó O'Connor.

Entre los elementos considerados positivos por Bruselas, el portavoz destacó que «reducirá la carga sobre los trabajadores», así como el esfuerzo realizado para ampliar la base fiscal en el Impuesto de Sociedades mediante la eliminación de la mayoría de bonificaciones.

Sin embargo, el principal problema es que la reforma amenaza con desbaratar la senda de reducción del déficit pactada con la UE, que implica cerrar este año en el 5,8% del PIB; el del 2015 en el 4,2%, para llegar a 2016 al 2,8%.

«Tenemos algunas preocupaciones porque las medidas anunciadas podrían hacer más difícil para España el cumplimiento de sus compromisos de consolidación fiscal», dijo el portavoz de Economía y Asuntos Monetarios de la Comisión Europea. «Esto es algo que deberemos analizar cuidadosamente una vez que estén disponibles los detalles completos de las medidas propuestas», agregó.

Con todo, el portavoz europeo reconoció que el Ejecutivo comunitario todavía no tiene «datos suficientes» que permitan hacer una evaluación a fondo. «Algunas de las medidas anunciadas aún no se han definido completamente y su impacto presupuestario no se ha especificado», planteó.

Montoro respondió en tono irónico que «quienes expresan dudas ahora son los que expresaban dudas sobre la recuperación en España. ¿Es que acertaron en sus pronósticos?». El ministro defendió su reforma: «Cumplimos con Europa, pero la equidad es muy importante para el sistema».