España afronta "importantes desafíos y oportunidades demográficas y sociales" para las próximas dos décadas , ya que las previsiones demográficas apuntan que se alcancen los 50 millones de habitantes durante la próxima década gracias al "saldo migratorio neto positivo". Por ello, si se cumplen estas proyecciones, en 2035 la suma de población originaria del extranjero y los descendientes nacidos en España podría superar el 34% del total, lo que supone que un tercio de la población estaría vinculada a la inmigración. Ese impacto producirá "un importante desequilibrio en el mercado laboral entre aquellas personas que se jubilarán y los que se incorporarán", un déficit que sería aún más acusado sin la llegada de esta masa laboral foránea, ya que más del 6% de los empleos ofertados no podrían ser cubiertos, al faltar 1,4 millones de trabajadores activos. Por ello, para mantener el nivel actual de empleo, el mercado laboral español necesitaría incorporar cada año 140.000 inmigrantes para cubrir ese déficit.

Así lo constata el informe "La España de los 50 millones de habitantes", elaborado por el SBEES, el centro de estudios económicos de la patronal catalana Foment del Treball, que señala que España registra el quinto crecimiento demográfico más intenso de la UE durante el presente siglo, avanzando un 20%, frente al 4,7% del conjunto comunitario, con una polarización demográfica creciente, ya que las provincias mediterráneas, las islas y el área metropolitana de Madrid han concentrado el 89% del aumento de habitantes. Una evolución muy relacionada con los ciclos económicos vividos en el primer cuarto de siglo, lo que ha provocado que "las comunidades con mayor avance del PIB real y de la ocupación laboral son las que registran los incrementos más altos de población, como el caso de Madrid o Baleares".

El estudio muestra que los trabajadores extranjeros representan ya el 14% del total de cotizantes, concentrándose uno de cada cinco afiliados en las actividades del hogar, la hostelería, la agricultura y la construcción, con unas cifras que deberán ir en aumento ante la inversión de la pirámide poblacional, porque España registra cifras récord en número de pensionistas y en el gasto total del sistema de pensiones, que asciende en actualidad a más de 172.600 millones, el 10,8% del PIB.

En este sentido, a lo largo de la próxima década se producirá un importante desequilibrio entre el mercado laboral español y las jubilaciones, por lo que "la incorporación de trabajadores inmigrantes será fundamental si la economía y las empresas españolas quieren mejorar su competitividad y productividad", ha señalado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, que ha reclamado "impulsar un gran pacto social con la máxima urgencia entre los poderes públicos y la sociedad civil para superar y solucionar los problemas que puedan surgir de esta evolución demográfica". Por ello, ha recordado que "la economía española necesita la inmigración para progresar y poder seguir generando empleo para reducir las desigualdades económicas y para reforzar la cohesión social"

En esta situación, el informe de SBEES ha detectado otros problemas relacionados con el fenómeno de la inmigración como el acceso al mercado de la vivienda. El informe señala que el aumento de hogares casi ha triplicado el crecimiento del parque de viviendas, "con lo que se ha generado un déficit teórico de casi medio millón de viviendas", que apenas se han cubierto con la conversión de viviendas no principales.

El estudio también señala el resultado de una encuesta elaborada por Opina 360, en la que además de mostrar los aspectos positivos de la llegada de inmigrantes -cubre empleos con déficit de personal, contribuye al crecimiento económico o aporta sostenibilidad al sistema de pensiones-, también se han detectado efectos negativos -como el aumento de la inseguridad, mayor presión sobre los servicios públicos, aumento del gasto público o falta de vivienda-. Para Juan Francisco Caro, director del estudio "la demografía