Gas Natural lleva a Colombia ante Naciones Unidas por «hostigamiento»

A pesar de solicitar hoy el inicio del procedimiento arbitral internacional, Gas Natural Fenosa reafirma su voluntad de seguir negociando con el Gobierno de Colombia

Gas Natural Fenosa quiere recuperar el control de su filial colombiana, amenazada de liquidación por el Gobierno de Juan Manuel Santos. La marca costeña de la multinacional española, que tiene un 85,38% de Electricaribe, arrastra deudas y otros impagos superiores a 1.300 millones de euros por lo que Gas Natural demanda un marco regulatorio «que proteja suficientemente los intereses de la compañía e impida que se vea obligada a suministrar energía sin poder cobrar». Para recuperar el control de Electricaribe, con 2,5 millonnes de clientes, la gasista que preside Isidro Fainé solicitó ayer la apertura de un procedimiento de arbitraje ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (Uncitral) «por hostigamiento»

La compensación exigida por la multinacional al Gobierno colombiano en el caso de no paralizar el procedimiento de liquidación que ha iniciado y restituir el control de la empresa a sus legítimos dueños será superior a los 1.000 millones de dólares (unos 927 millones de euros), como adelantó LA RAZÓN nada más conocerse la amenaza de liquidación de la empresa.

La deuda de los clientes protegidos a los que es imposible cortar el suministro por imperativo legal, superaba los 350 millones de euros. Asimismo, existen fraudes por importe superior a los 100 millones de euros anuales. La empresa ha interpuesto más de 16.000 denuncias (5.000 en los últimos 2 años), habiendo obtenido sólo 85 condenas.

La empresa colombiana padece muy fuertes tensiones de tesorería como consecuencia del impago de un elevado número de facturas de clientes, en gran parte con suministro obligatorio, que se arrastran desde hace más de diez años. Las fuentes consultadas indican que la morosidad de Electricaribe alcanza el 80% en algunas regiones, lo que hace insostenible mantener las condiciones del servicio siempre que el Ejecutivo colombiano no agilice el cobro de esas cantidades o se responsabilice de las mismas de forma subsidiaria. La inversión en Colombia ascendió a 255 millones de euros, una cantidad que podría haber sido tres veces mayor de haberse cortado el problema del fraude.