La Autoridad Independiente y de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no comparte el entusiasmo con el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó las cifras de déficit la semana pasada ni la satisfacción con las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende el incremento del gasto aunque ha engordado la deuda pública en más de 45.000 millones el pasado ejercicio pese a disminuir 3,3 puntos en porcentaje del PIB, hasta el 101,8%. Los analistas del supervisor fiscal advierten de que como consecuencia del envejecimiento de la población y el mayor gasto en sanidad, la deuda pública se disparará hasta el 129% del PIB en 2050 y hasta el 181% del PIB en 2070.

Así lo constata en sus últimas proyecciones de deuda, en las que, además del envejecimiento, tiene en cuenta el gasto en en pensiones, la proyección de ingresos y gastos, el impacto del cambio climático o las nuevas exigencias del gasto en defensa. Unos condicionantes que muestran la "vulnerabilidad fiscal" de la economía española, con una deuda pública ascendente a políticas constantes y sin medidas correctoras.

Esta vulnerabilidad fiscal ha provocado que la AIReF dude del cumplimientos de los objetivos de deuda marcados por la Comisión Europea. Por ello, calcula que para reducir el agujero de las arcas públicas hasta el 62 % del PIB en 2050, el Gobierno estaría obligado a hacer un ajuste de 3,16 puntos del PIB durante los próximos 15 años, lo que equivaldría a una reducción del gasto de 50.000 millones de euros, con el PIB a precios corrientes de 2024. Un ajuste que tendría que aplicarse cuatro planes fiscales consecutivos de de cuatro años cada uno con un perfil decreciente. En el primero de ellos (2025-2028), el ajuste sería de 0,42 puntos de PIB al año, disminuyendo en los tres siguientes planes a 0,2, 0,12 y 0,05 puntos porcentuales al año hasta 2040. Si el Ejecutivo no asumiera este coste, la AIReF advierte de que el déficit público alcanzaría en 2050 el 7% del PIB y la deuda pública el 129% del PIB..

En concreto, el supervisor fiscal plantea un preocupante escenario macroeconómico base a políticas constantes, fundamentado en unas previsiones demográficas que reducen la población en edad de trabajar hasta los 36 millones de personas en 2050 pese a calcular que se incorporarán flujos migratorios anuales medios de 288.000 personas. Con ello, el crecimiento medio del PIB se situaría en el 1,3% a largo plazo, incluso asumiendo un aumento de la productividad aparente del trabajo del 1,1%, con un déficit público que se disparará desde el 3% actual hasta el 7,7% del PIB en 2070, agravado por la pirámide poblacional y la mayor carga de intereses.

En lo que respecta al gasto, la AIReF proyecta un aumento de 6,5 puntos hasta 2050, hasta situarlo por entonces en el 51% del PIB, debido al incremento del gasto en pensiones, sanidad e intereses. Desde 2050, la AIReF avisa de que la ralentización del gasto en pensiones no logrará compensar el mayor gasto en intereses y cuidados, lo que provocará un aumento adicional del gasto de 1,2 puntos, hasta el 52,2% del PIB en 2070. El peso de los recursos aumentará 2,8 puntos sobre el PIB hasta 2050, recortando su ritmo de crecimiento a partir de ese ejercicio.

En este contexto, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha alertado sobre las consecuencias del aumento del gasto en defensa, que presionará las finanzas públicas y "exigirá una corrección más estricta en el futuro" para poder mantener la deuda en una trayectoria descendente. Para ello, ha realizado un ejercicio teórico de lo que supondría activar la cláusula de escape nacional introducida en el nuevo marco fiscal europeo, que permitiría "acomodar el aumento del gasto sin comprometer el cumplimiento del plan fiscal".

Según apunta, por cada aumento de medio punto del PIB de gasto en defensa entre 2025-2028 sería necesario un ajuste fiscal adicional de 0,13 puntos del PIB entre 2029-2032 para situar la deuda en una trayectoria descendente. En términos acumulados, el ajuste total en el periodo 2025-2040 pasaría de 3,16 puntos del PIB en el escenario inicial, a 3,68, 4,24 y 4,76 puntos del PIB en un ejercicio teórico en el que se supone un incremento en el gasto en defensa de 0,5, 1 y 1,5 puntos del PIB, respectivamente. Si tenemos en cuenta el máximo de la reestructuración (4,76 puntos), el ajuste sería de unos 75.000 millones de euros, calculados con el cierre de PIB de 1,59 billones a precios corrientes de 2024.