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Hachazo fiscal de 6.200 millones a las empresas

El Gobierno de Pedro Sánchez completa las subidas de impuestos con dos nuevos tributos a los servicios digitales (tasa Google) y a las transacciones financieras (tasa Tobin). Prevé recaudar con ellos 2.050 millones de euros pero la AIReF cree que será hasta la mitad.

El presidente y su ex abogado. La ministra portavoz, Isabel Celaá, ayer, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
El presidente y su ex abogado. La ministra portavoz, Isabel Celaá, ayer, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Gobierno de Pedro Sánchez completa las subidas de impuestos con dos nuevos tributos a los servicios digitales (tasa Google) y a las transacciones financieras (tasa Tobin). Prevé recaudar con ellos 2.050 millones de euros pero la AIReF cree que será hasta la mitad.

El Gobierno dio ayer luz verde a los dos nuevos impuestos a las transacciones financieras (la conocida como «tasa Tobin») y a determinados servicios digitales («tasa Google»). Estas dos figuras se suman a la batería de medidas tributarias que Pedro Sánchez tiene previsto poner en marcha este año, completando un «hachazo» fiscal que alcanzará los 8.000 millones de euros. No obstante, las empresas serán las más perjudicadas por estas medidas, pues concentrarán el 77% de la nueva carga, al tener que asumir 6.200 millones de euros de la subida impositiva.

Según el proyecto de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, Hacienda prevé recaudar 5.654 millones de euros en 2019 gracias a las iniciativas fiscales. Además, hay que añadir otros 850 millones de euros que se ingresarán por la subida de las bases máximas de cotización, de los que unos 65 millones los pagarán los trabajadores que ganan más de 45.000 euros al año y el resto, unos 785 millones, recaerán en los hombros de las empresas.

Por otra parte, la subida del salario mínimo hasta los 900 euros mensuales también beneficiará a la recaudación, pero supondrá un fuerte desembolso para las empresas (600 millones de euros) y para los autónomos (1.000 millones). En total, serán otros 1.600 millones de euros.

La medida con más impacto se verá en el Impuesto sobre Sociedades. La limitación de las exenciones por dividendos y el establecimiento de una tributación mínima del 15% para las grandes empresas (18% en el caso de la banca y de las petroleras y gasistas) trasladará 1.776 millones de euros de estas corporaciones a las arcas públicas. Afectará a unas 10.000 compañías, que verán aumentada su tributación en una media de 175.981 euros.

El siguiente impuesto más gravoso para las empresas será la «tasa Google», con la que el Gobierno espera ingresar 1.200 millones de euros anuales. Contempla gravar con un 3% determinados servicios digitales en los que hay una intervención de usuarios situados en el territorio español, como es el caso de la prestación de servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario en la red. Afectará a empresas con un importe neto de su cifra de negocios superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones en España. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la recaudación por este tributo será inferior a la calculada por el Gobierno, pudiendo llegar a ser de sólo 546 millones de euros en el peor de los casos, menos de la mitad del objetivo.

Con el nuevo impuesto a las transacciones financieras, Hacienda estima unos ingresos anuales de 850 millones de euros, aunque la AIReF señala que esos cálculos «presentan una elevada incertidumbre» y señala que la recaudación podría caer hasta los 420 millones, también la mitad de lo previsto. Este tributo grava con un 0,2% las operaciones de compra de acciones de empresas españolas cuyo valor de capitalización bursátil sea superior a los 1.000 millones de euros. El sujeto es el intermediario financiero que transmite o ejecuta la orden de adquisición, si bien es difícil saber si estos agentes acabarán trasladando el coste al cliente.

En ambos impuestos, el Gobierno insistió ayer en que «su aplicación se dirige a grandes empresas y multinacionales» y en la necesidad de «acometer reformas fiscales para adecuarse a los nuevos retos de la globalización y las nuevas formas de negocio» del siglo XXI. A este incremento de la presión fiscal a las empresas contribuirá también el «impuestazo» al diésel, que subirá el precio del litro en 4,6 céntimos de euro. Aunque el Gobierno señaló que estarán exentos los usuarios del gasóleo profesional, sí afectará a 130.000 transportistas con vehículos de menos de 7,5 toneladas y a 7.000 taxistas de pequeñas ciudades que no utilizan taxímetro, como adelantó ayer LA RAZÓN.

En cualquier caso, los impuestos aprobados ayer por el Consejo de Ministros aún deben recorrer un largo camino de tramitación parlamentaria hasta entrar definitivamente en vigor. Fuentes del Ministerio de Hacienda apuntaron ayer que el proceso podría demorarse entre 2 y 3 meses (un mes en el mejor de los casos si se tramita por la vía urgente). A este plazo habría que sumar otros tres meses desde que se aprobase por el Congreso y se publicase en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para dar tiempo a los sujetos de estos nuevos tributos a adecuarse a la normativa. Esto supone que su entrada en vigor se producirá, previsiblemente, en torno al inicio del verano, reduciendo a casi la mitad su capacidad recaudatoria. Los 2.050 millones de euros que Hacienda prevé ingresar en 2019 con la «tasa Google» y con la «tasa Tobin» se han calculado sobre la base de doce meses de recaudación, cuando la realidad es que no estarán operativos hasta casi la mitad del año.

La patronal de la industria digital Ametic lamentó ayer la «acción unilateral» del Gobierno a la hora de aprobar una tasa a los servicios digitales y advirtió de que serán las pequeñas y medianas empresas y los consumidores finales quienes acabarán pagando el coste de la misma, ya que se incrementarán los costes de los productos digitales.