Hacienda halla evidencias contra Rato y pone la lupa en su ex mujer

Uno de los funcionarios de la Agencia Tributaria (i) en el portal del domicilio madrileño del exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato.
Uno de los funcionarios de la Agencia Tributaria (i) en el portal del domicilio madrileño del exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato.

La investigación, iniciada hace más de un año, se centra en delitos que suponen hasta 16 años de cárcel.

Más de un año de investigación por parte de la Unif (Unidad de Inteligencia Financiera), la guardia pretoriana del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha arrojado evidencias «suficientes» de todos los presuntos delitos que se imputan a Rodrigo Rato –fraude fiscal (de 1 a 6 años de prisión), alzamiento de bienes (de 1 a 4 años) y blanqueo de capitales (de 6 meses a 6 años)–, según indicaron a LA RAZÓN fuentes próximas al caso.

El que fuera vicepresidente económico del Gobierno, director gerente del Fondo Montario Internacional y presidente de Bankia asistió ayer a un nuevo episodio de su particular pesadilla. Al mediodía acudió voluntariamente a su despacho, situado en el número 50 de la calle Castelló de Madrid, para afrontar un nuevo registro. Lo hizo en coche, para evitar el juicio paralelo de la calle, pese a la escasa distancia que separa la oficina profesional del su domicilio. Tras dos horas, después de que varios agentes intervinieran más documentación del despacho, Rato regresaba a su casa.

La regularización, el origen

La investigación se inició hace más de un año y partió de la amnistía fiscal que permitió aflorar 40.000 millones de euros y que logró recaudar para la Hacienda Pública apenas 1.200 millones de euros de alrededor de 30.000 defraudadores. Rato se acogió a este proceso para regularizar su patrimonio. Ante la duda de los bienes declarados, el Ministerio de Hacienda comenzó a inspeccionar el «complejo» entramado de sociedades familiares y sus ramificaciones hasta paraísos fiscales.

Cuando se aprobó en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 el programa de regularización de activos ocultos para hacer aflorar dinero no declarado –que establecía un gravamen especial del 10% para todas las rentas que salieran a la luz–, el Gobierno aclaró que la amnistía no regularizaba ni legitimaba actividades ilícitas.

Las investigaciones del Ministerio de Hacienda concluyeron con la elaboración de una lista de presuntos defraudadores que se habrían aprovechado de la amnistía para legitimar el origen fraudulento de bienes y capitales. Esa lista, en la que figuraba Rato, fue remitida por el departamento de Montoro al Sepblac, la unidad antiblanqueo de capitales, dependiente del Ministerio de Economía, y que llevó la investigación a Banco Madrid por un presunto delito de blanqueo.

En la «lista negra» de Hacienda

Con esa lista de 705 personas sospechosas de haber podido blanquear capitales, el Sepblac profundizó en la investigación para confirmar si existían indicios de delito y comunicarlos a la Fiscalía, que denunció los hechos y precipitó que el pasado jueves se decretara, con carácter urgente, el registro de propiedades de Rato en busca de pruebas y su detención durante unas horas.

Otra de las pistas que puso en alerta a Hacienda fueron supuestos movimientos de capitales en el extranjero realizados entre las sociedades investigadas vinculadas a Rato o a sus familiares tras la fianza del «caso Bankia», que le reclamaba 800 millones de euros de forma solidaria por la salida a bolsa de la entidad que supuestamente había detectado el Sepblac, la unidad antiblanqueo de capitales. Estos movimientos habrían puesto también en alerta a Hacienda para intensificar las investigaciones.

Sin embargo, y a pesar de que todas las pesquisas se originaron en la amnistía fiscal llevada a cabo en 2012, Montoro aseguró ayer en su comparecencia al término del Consejo de Ministros, que la investigación a Rato no está vinculada a la regularización a la que se acogió en 2012 el ex presidente de Bankia, sino a la inspección que desde hace tiempo desarrolla la Agencia Tributaria sobre la declaración de bienes y derechos en el extranjero, que entró en vigor en 2013.

Sea como fuere, las pesquisas se dirigen ahora hacia la ex mujer del ex vicepresidente económico del Gobierno y actual presidenta de la empresa pública Paradores, María Ángeles Alarcó. Según indicaron fuentes próximas a la investigación a este diario, la Agencia Tributaria investiga a diversas empresas y sociedades en las que figura la ex mujer de Rato. Se trata de comprobar si las empresas en las que figura han estado vinculadas a actividades ilícitas, en particular a los delitos asociados a fraude y blanqueo de capitales. Alarcó fue directora general de Turismo de la Comunidad de Madrid y trabajó para multinacionales como Coca-Cola España. Alarcó mantiene muy buena relación con Rato pese a la separación entre ambos.