Hacienda quiere 5.000 millones de los morosos

Hoy entra en vigor la reforma de la Ley General Tributaria que da cobertura al fisco para publicar la lista de deudores

Hoy entra en vigor la reforma de la Ley General Tributaria en la que figura la autorización para elaborar una lista de morosos con Hacienda. El Gobierno ya desveló el pasado viernes que en ella aparecerán alrededor de 5.000 contribuyentes y que será publicada en la página web de la Agencia Tributaria en la segunda o tercera semana de diciembre, coincidiendo con el periodo electoral. La mayoría de los afectados son empresas, unas 4.000, ya que el requisito fundamental para aparecer en la lista es tener una deuda con el fisco superior al millón de euros a 31 de julio de este año.

El importe mínimo de la deuda de todas estas identidades superará es de 5.000 millones de euros, que es la cantidad que Hacienda confía en cobrar, una cifra que sólo representa el 10% de lo que está pendiente de cobro que posee la entidad recaudatoria. Es una cifra equivalente al presupuesto para el próximo año del Ministerio de Fomento. Los últimos datos, correspondientes a 2014, desvelan que Hacienda tiene 50.224 millones de euros pendientes de cobro. La fuerte recesión que ha sufrido España en los últimos años ha hecho que la morosidad aumentara un 65%, de los 30.425 millones que se alcanzaron en 2008 a los 50.224 millones del pasado año.

Con esta medida tan novedosa en nuestro sistema jurídico, el Ejecutivo busca dar publicidad a la identidad de los contribuyentes que tengan deudas con Hacienda para que paguen lo que deben al fisco. Con ello no se pretende «castigar» a los deudores, sino ejemplarizar al resto de la sociedad española. Además, supone un incentivo para que las empresas cumplan sus obligaciones tributarias ante el riesgo reputacional que supone aparecer en una lista de morosos.

Todos los afectados serán avisados sobre su inclusión en la lista desde el 20 de octubre. Como el 80% son empresas incluidas en el sistema de Notificación Electrónica Obligatoria, recibirán el aviso por correo electrónico, mientras que el resto será de forma presencial a través de un agente. Tras recibir ese aviso, dispondrán de un plazo de diez días para formular las alegaciones que estimen oportunas por errores técnicos pero en ningún caso podrán evitar su aparición en la lista pagando la deuda.

A pesar de que en los borradores aparecía la inclusión de aquéllos que tenían sus deudas aplazadas o que estén suspendidas a la espera de una resolución o sentencia, finalmente el organismo lo eliminó a instancias del Consejo de Estado.

Esta medida se enmarca dentro de la reforma de la Ley General Tributaria que se publicó en el BOE el pasado día 22 de septiembre y que entra hoy en vigor, con la que el Gobierno pretende desalentar el fraude. En 2012 el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció la medida y, ante la amenaza de ser delatado, un buen número de personas y empresas ha saldado sus cuentas con la agencia para así evitar su inclusión en la lista.

Las personas físicas que aparezcan en ella serán identificadas completamente con su nombre, apellidos y NIF, mientras que las personas jurídicas aparecerán con su razón o denominación social y el importe total de deuda pendiente. Cuando los listados sean publicados, todo aquel que quiera consultarlo tendrá un plazo de tres meses ya que, una vez transcurrido ese tiempo, dejarán de ser accesibles.

La Administración adoptará medidas para evitar la «indexación» del nombre de los morosos en los buscadores de Internet para así impedir que las identidades de los afectados se puedan encontrar en herramientas como Google. Sólo podrán ser consultados en la página web de la Agencia Tributaria en un plazo de tres meses.

Los despachos fiscales y las empresas critican que con esta medida sólo aparecerán pymes y personas físicas que no tienen ningún afán defraudatorio, si no que no han pagado a tiempo por falta de recursos. En este sentido, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que la lista informará de las deudas impagadas por las medianas empresas «abocadas a la insolvencia», pero no incluirá los nombres de los grandes defraudadores, ni los que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, ni los incluidos en la «Lista Falciani».

Por otro lado, Hacienda pretendía, en un primer momento, hacer una lista tanto para morosos como defraudadores pero optó por que otra ley desarrollara la publicación parcial de sentencias firmes de defraudadores que se hará efectiva desde el próximo 11 de noviembre.

Otras medidas contra el fraude

Uno de los principales objetivos durante la legislatura del Gobierno del Partido Popular era luchar contra el fraude. Además de esta nueva medida, el Ejecutivo realizó una amnistía fiscal en el año 2012 que permitió ingresar al Estado 1.193 millones de euros, puso en marcha el modelo 720 que obliga desde 2013 a los contribuyentes a declarar los bienes y derechos que tienen en el exterior y que ha permitido identificar a más de 126.300 millones de euros. Según Hacienda, la lucha contra el fraude este año llegará a los 13.500 millones de euros, un 32% más que en la de 2010.

Una medida ya conocida por otros

La lista negra de morosos española está inspirada en la experiencia de países como Irlanda, Reino Unido o Estados Unidos. Irlanda publica desde 1997 listas de grandes defraudadores con criterios parecidos a los que ahora maneja Hacienda. En concreto cada trimestre sale a luz la lista de contribuyentes condenados por algún delito fiscal relacionado con cualquier impuesto. Eso sí, la persona aparece más identificada que en España, ya que además del nombre, apellidos e importe de la multa, los irlandeses publican la dirección, la ocupación, los años de la pena y el número de acusaciones. Este sistema se utiliza en California y Nueva York. En sus páginas web se encuentran las listas de los 500 mayores defraudadores. Reino Unido por su parte tiene el poder desde 2010 para hacer públicos los datos de quienes defrauden más de 31.000 euros pero los deudores tienen derecho a mantener el anonimato si colaboran con el Fisco, por lo que ese poder se utiliza para incitar a la cooperación.