La carga sobrerregulatoria y la presión fiscal han convertido la actividad empresarial en un infierno burocrático, que ha transformado el exceso de prohibiciones y el ascenso de las tributaciones y cotizaciones en un lastre para el emprendimiento y el desarrollo empresarial en España. Estos obstáculos tienen ya un impacto cercano al 3,5% del PIB, mientras que la fragmentación normativa autonómica tiene otro impacto similar –del 3,5% del PIB–, y el coste global del exceso regulatorio y de la presión fiscal han reducido la capacidad económica de hogares y empresas en 230.000 millones.

Las normativas de obligado cumplimiento para las empresas españolas se han disparado más de un 1.000%, pasando de 14 normas en 2012 a las más de 180 del último ejercicio completo. Un porcentaje que se eleva un 1.600% si se tienen en cuenta las recomendaciones sobre estándares de conducta empresarial –con 13 en 2012, frente más de 200 en 2022–. Este tsunami regulatorio está hundiendo la capacidad de inversión de las empresas, desincentivando la creación de sociedades y ahogando sus recursos, sobre todo en el caso de las pymes, que representan el 98% del tejido empresarial español. Así lo advierte el Consejo General de Economistas (CGE), que ha criticado que la Administración es inflexible y exige el cumplimiento de la normativa a las empresas bajo amenaza de cuantiosas sanciones, aunque ella «está eximida del reporte de información cuando es precisamente esta quien debería servir de ejemplo al resto de actores».

En total, el coste de esta hiperregulación para que las empresas puedan operar en la UE y dentro de España asciende a 90.000 millones de euros, una cifra que equivale a 4.660 euros para cada pyme y que provocará que España pueda perder hasta 100.000 empleos en la próxima década por la acumulación de «nuevos requisitos, restricciones y prohibiciones regulatorias», según el estudio «Asfixia empresarial» elaborado por el Instituto Juan de Mariana.

El segundo de los obstáculos para el desarrollo empresarial es la presión fiscal creciente. Según el indicador de fiscalidad de la Comisión Europea aplicado por los analistas del Instituto Juan de Mariana, la carga fiscal en España ha aumentado en 127.744 millones de euros en términos nominales. Con una población de 48,6 millones de habitantes y 19,3 millones de hogares, el incremento de la carga fiscal desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa equivale a un pago adicional de 2.627 euros por persona o, descontando la inflación, un esfuerzo de 1.223 euros, en términos reales. Repartiendo el incremento recaudatorio entre el número de hogares, la subida equivaldría a 6.614 euros.

Entre Hacienda y Seguridad Social han recaudado cerca de 140.000 millones más que en 2018, un 43% más gracias a la subida de 94 figuras tributarias en siete años, según apuntan fuentes del Partido Popular. Un crecimiento de la recaudación que no va en consonancia con el del PIB, que lo ha hecho un 22%, ni con los afiliados a la Seguridad Social –9,2% más–, «lo que acredita que el aumento de recaudación se debe en gran parte a un aumento de parámetros como la afiliación, pero otra parte muy importante se ha producido por el incremento de los impuestos», inciden desde el PP. Una realidad que queda más clara si la comparativa se hace entre la recaudación del IRPF frente a una subida del empleo. Mientras que lo primero se ha disparado un 45% lo segundo lo ha hecho poco más de un 9%.

Solo en cotizaciones sociales, la diferencia entre el año 2018 (115.000 millones) y 2024 (165.000 millones) es de 50.000 millones, un incremento de un 43% y 11.000 millones por encima del año 2023. Por tanto, si se suman los 140.000 millones extras recaudados por Hacienda más los 90.000 millones del coste regulatorio, al margen del incremento de las cuotas sociales, los bolsillos de empresas y hogares han sufrido una merma de 230.000 millones desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.

Especial incidencia ha tenido la carga sobrerregulatoria en el comercio español, que sufrió solo en 2024 la aprobación y publicación de 3,4 nuevas normas al día, por lo que en la actualidad abrir un negocio comercial obliga a tener que cumplir con 3.000 normas comunitarias, estatales, autonómicas y locales con impacto directo en su actividad, además de que tuvo que atender 1.253 nuevos textos y modificaciones de las normas ya existentes. En 2019 se aprobaban 1,3 normas al día, por lo que prácticamente se ha triplicado el volumen normativo. Una situación que desde CEOE y desde las patronales sectoriales del comercio tachan de «insostenible», al cifrar esta sobrecarga regulatoria en el 13% del PIB y el 17% del empleo nacional, y alertar de que todo apunta a que seguirá incrementándose al mismo ritmo de récord que hasta ahora «por el creciente intervencionismo del Gobierno».

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha alertado en varias ocasiones de que esta situación impacta de una forma especialmente negativa en los pequeños negocios, porque «está claro que se necesitan menos leyes, y que estas leyes sean de más calidad y no se hagan improvisadamente». En el caso de Cepyme exige a los partidos políticos que se aborden de «manera urgente» medidas para acabar con esta sobrerregulación por los «efectos adversos en la competitividad».

El Gobierno parece hacer oídos sordos y ha prometido que mantendrá su hoja de ruta regulatoria y de que hay margen para elevar la presión fiscal hasta cuatro puntos más, que se traducirían en 60.000 millones de euros de recaudación extra.