Inseguridad jurídica

Una de las razones que ha alegado Ferrovial para marcharse de España ha sido la inseguridad jurídica. Pero, ¿inseguridad jurídica por qué? ¿Qué hay en las normas españolas que genere inseguridad entre los inversores o, al menos, entre algunos inversores? Un requisito clave de la seguridad jurídica es la certeza normativa o, al menos, que todo cambio normativo sea beneficioso, y no perjudicial, para los ciudadanos. Sin embargo, ése no parece que sea el caso de España: hace unos meses, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, acuñó la feliz expresión de “diarrea legislativa” para referirse a la frenética actividad normativa que está desarrollando este Gobierno para transformar de arriba abajo los cimientos institucionales del país.

Ayer mismo, Rafael Simancas sacaba pecho en Twitter: “Esta semana superaremos las ¡200 leyes al BOE! que mejoran la vida de la gente”. 200 nuevas leyes en menos de cuatro años. Es posible que desde el Ejecutivo crean que tal diarrea legislativa “empodera” a muchos individuos y colectivos que hasta el momento habían quedado olvidados, pero –aun cuando fuera así, que no lo es– desde luego no contribuye a afianzar la seguridad jurídica de nuestro país. Las empresas simplemente no saben a qué atenerse, no ya en un horizonte temporal de 20 ó 30 años, sino de 2 ó 3. ¿Cómo hacerlo si cada legislatura se reinventa la rueda y se añaden nuevas cargas regulatorias? Tomemos, como ejemplo, el reciente caso del impuesto extraordinario a energéticas y entidades financieras. En muchos sectores, como el energético o el financiero, los beneficios siguen un comportamiento cíclico: hay años en los que se gana poco (en relación al capital invertido) y hay otros años en los que se gana mucho. Lo que cuenta, claro, es el promedio entre ejercicios: un inversor mete su dinero en tales sectores porque los años “buenos” compensan los años “malos”. Pero hete aquí que el Gobierno decidió que, durante los años buenos, bancos y energéticas tendrían que pagar un impuesto extraordinario. ¿Se lo devolverá durante los años malos? No, no lo hará. ¿Resultaba ese impuesto previsible para las compañías del sector? No, fue una medida que el Ejecutivo se sacó de la manga para contentar a Podemos y al ala más radical del PSOE. De cara al futuro, energéticas y bancos habrán tomado nota y se lo pensarán dos veces antes de invertir tanto como podrían haberlo hecho en España. Y visto lo visto, ¿acaso no podrían terminar llegando impuestos extraordinarios a otros sectores… como el de la construcción? Inseguridad jurídica: mejor fuera que dentro de España. Eso ha pensado Ferrovial después de contemplar el panorama.