La AIReF pide más poder sobre el Gobierno

Algunos países de la Unión Europea ya han dotado de más responsabilidades a estos organismos. Lo que se persigue es reforzar los controles internos a las acciones gubernamentales, sobre todo en materia de política presupuestaria.

La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), el «pepito grillo» económico del Gobierno, reclama más poder para controlar algunas grandes decisiones gubernamentales de carácter económico. La institución, que preside José Luis Escrivá, nació en 2014 por imposición de la Unión Europea como una de las condiciones del rescate financiero. La misión de la AIReF es garantizar el cumplimiento efectivo por parte de las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestarios y del endeudamiento público.

Desde su constitución, este organismo y su presidente han protagonizado encontronazos frecuentes con el Gobierno de Rajoy, especialmente con el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La llegada al poder del Partido Socialista mitigó inicialmente las tensiones, pero con el paso de los meses, llegaron las críticas, sobre todo con el fallido proyecto de Presupuestos de 2019 y con la evolución de la deuda pública, que supera ya los 1,2 billones de euros.

La AIReF ahora, a través de un estudio –publicado en inglés– de dos de sus miembros, Carlos Cuerpo y Lucía Rodríguez, aparecido recientemente en un informe más amplio del Consejo Fiscal Europeo, aboga, aunque en un lenguaje rebuscado y algo críptico, por «un papel reforzado para la institución para limitar las áreas donde la discreción podría socavar las efectividad del marco fiscal, como la evaluación de la situación cíclica o que no cambien las proyecciones que prevén déficit primario». En la práctica, lo que plantean Cuerpo y Rodríguez –que agradecen expresamente a su jefe José Luis Escrivá los comentarios y sugerencias sobre su trabajo– es que la autoridad tenga más capacidad para indicarle y de alguna manera «conducir» al Gobierno de turno por la vía de la ortodoxia económica y que sus decisiones económicas no pongan en peligro la estabilidad.

La AIReF, de esta manera, se suma a la corriente europea de dotar de más instrumentos a este tipo de instituciones, presentes en la mayoría de los países de la Unión Europeas y algunas con una larga historia, como la holandesa Central Planning Bureau (CPB)–, que nació hace nada menos que medio siglo.

Experiencia

La institución que preside José Luis Escrivá aprovechó la participación de Cuerpo y Rodríguez en un seminario organizado por el Consejo Fiscal Europeo, que es un órgano independiente que asesora a la Comisión Europea, para presentar esas reclamaciones en un contexto de debate europeo entre expertos en lugar de planteárselas directamente al Gobierno. Evita tensiones, pero no impide que esos sean, a más o menos corto plazo, los objetivos que persigue la AIReF que, en 2020, cuando cumpla seis años, deberá elegir otro presidente para un mandato único de seis años. El nombramiento lo hará el Gobierno, pero deberá tener la mayoría absoluta del Congreso, y ese relevo, sin duda, pondrá de manifiesto el verdadero compromiso de Pedro Sánchez y su equipo con la estabilidad presupuestaria. Rajoy nombró a Escrivá, que fue un candidato «sugerido», tras el rescate bancario por las autoridades europeas y que procedía de la dirección general de América –incluye Estados Unidos, Canadá y toda América Latina– del Banco Internacional de Pagos de Basilea.

Más autonomía

La propuesta/petición de la AIReF de más poder se enmarca en el debate europeo sobre la función y las responsabilidades de las instituciones fiscales independientes de cada país. El objetivo último es que en lugar de que sean las autoridades de Bruselas, que tienen equipos limitados, quiénes avalen las cuentas públicas de cada país, lo hagan los llamados «owner-ship» –propietarios del barco, según la traducción literal del inglés–; es decir, los organismos específicos, pero siempre independientes, de cada uno de los Estados miembros de la UE. Es decir, se trata de reforzar, con todas las garantías, los controles internos de los Gobiernos, sobre todo en asuntos de política presupuestaria.