La Audiencia Nacional investiga a los VTC por hasta ocho delitos

Las aguas parecían bajar tranquilas, pero un nuevo movimiento del sector del taxi ha reavivado el conflicto y ha abierto un nuevo capítulo en la guerra contra plataformas como Uber y Cabify. El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional admitió a trámite ayer una querella criminal interpuesta por la Plataforma Integral del Taxi contra las principales empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC). El tribunal iniciará una investigación del caso ante «la posible existencia de una infracción penal».

El gremio, a través de un documento de más de 300 páginas, acusa a 19 empresas del sector y 39 administradores y consejeros de estas compañías de hasta ocho delitos. Entre ellos se encuentra el de estafa contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores, así como los de administración desleal, blanqueo de capitales, alteración del precio del servicio «con engaño», recogidos en el Código Penal. La suma de todos estos cargos puede alcanzar los 57 años de cárcel.

La querella presentada por los taxistas cuenta con diversos informes periciales, testigos e investigaciones realizadas por detectives, según confirmó a LA RAZÓN el coordinador y portavoz de Taxiproject 2.0, Tito Álvarez. En el auto, la magistrada María Tardón transmitió la querella a la Fiscalía para que, en su caso, inicie las diligencias a practicar. La resolución no es firme y puede ser recurrida.

Según ha podido confirmar este diario, entre los querellados se encuentran empresas del sector VTC como Uber, Cabify, Vector Ronda, Moove Cars, Prestige and Limousine, Maxi Mobility o Cibeles Confort Cars. El documento carga también contra los empresarios Nicolás Guardans Bonet, Jaime Castellanos Borrego, Pedro del Corro García, Mark Gualch David, José Luis López Schummer Treviño, Alfredo Luis Plaza, María Segimón de Manzanos (todos ellos relacionados con Moove Cars); Miguel Ángel Toledo Casado (Vector Ronda); José María Goñi Allet, Ángel Gutiérrez Alonso, Juan Ignacio García Braschi (Prestige), Manuel María Puga Fernández, Rafael García Tapia González (Moove Cars), entre otros administradores y consejeros.

Amenaza a Glovo y Deliveroo

La jugada del sector en general y de Taxiproject en particular no acaba con esta querella. «En septiembre daremos otro golpe muy potente», explicó a este diario Tito Álvarez, que abandonó a principios de esta misma semana la asociación Élitetaxi. En este caso, no se tratará de un ataque a nivel nacional ni irá dirigido exclusivamente contra Uber y Cabify. El portavoz de la nueva plataforma del gremio amenaza ahora a las plataformas de reparto de comida a domicilio Glovo y Deliveroo y promete que las repercusiones serán mundiales. De esta forma, la intención del sector es «tejer una red de asociaciones del taxi para interponer querellas» más allá de nuestras fronteras. El «grupo de presión» iniciará una ruta en París y pasará por grandes ciudades europeas como Bruselas, Milán, Roma o Berlín para luchar contra la «uberización» de la economía.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomienda una «reforma integral» en la regulación del transporte de pasajeros para solucionar el conflicto, El organismo añade en su informe que, aunque los VTC han crecido muy rápido en poco tiempo, hay que tener en cuenta que el número total de autorizaciones de taxi y VTC en Madrid es más bajo que en otras grande ciudades del resto del mundo.

La CNMC pide igualar taxis y VTC en Madrid

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cree que el proyecto de ordenanza municipal de VTC en Madrid, elaborado por el equipo de Manuela Carmena, es «discriminatorio» con los vehículos como Uber y Cabify. Considera que generará efectos negativos en el servicio, con un «aumento de precios». El organismo recomienda «armonizar» los horarios de taxis y VTC.