La Autoridad Fiscal quiere una renta de 430 euros para los hogares pobres

Pide que sea compatible con el salario para no desincentivar la entrada en el mercado laboral. El coste sería de 3.500 millones de euros y beneficiaría a 1,8 millones de familias

El presidente de AIREF, José Luis Escrivá
El presidente de AIREF, José Luis Escrivá

Pide que sea compatible con el salario para no desincentivar la entrada en el mercado laboral. El coste sería de 3.500 millones de euros y beneficiaría a 1,8 millones de familias

La renta mínima propuesta por los sindicatos no es eficiente. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ideada por CC OO y UGT en 2016 reduciría la pobreza en un 27,6% y permitiría mejorar la distribución de la renta en un 4%, pero tendría un elevadísimo coste fiscal de 7.200 millones de euros, según estima el informe «Los Programas de Rentas Mínimas en España», elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La tasa de pobreza extrema, que actualmente se sitúa en un 7%, bajaría al 5% con la ILP, pero seguiría por encima de la media de la Unión Europea (3,5%).

La receta del organismo presidido por José Luis Escrivá sería una renta mínima estatal del 80% del IPREM (algo más de 430 euros al mes) para los hogares con mayores carencias, más un complemento por hijo a cargo de 1.200 euros al año, con un máximo de tres descendientes. A esta prestación sólo podrían acceder aquellas familias con una renta que no superase los 490 euros al mes (20% de la mediana).

La AIReF pide que este ingreso para paliar la desigualdad sea estatal y compatible con el empleo. De esta forma no se desincentivaría la entrada en el mercado laboral de los parados de larga duración, cosa que sí ocurriría con la propuesta de los sindicatos. Además, reduciría la tasa de pobreza severa un 60,4%, dejándola en un 2,7% (por debajo de la media europea) y tendría un coste fiscal de 5.500 millones, que se reduciría en 2.000 millones por la supresión de duplicidades con otros programas de protección. En total, el coste se situaría en 3.500 millones, lo que supone una rebaja del 51,3% (3.700 millones de euros) respecto a los sindicatos. La propuesta de la Autoridad Fiscal beneficiaría a 1,8 millones de hogares, frente a los 1,1 millones de la ILP inicial.

El organismo también plantea una aplicación alternativa de sus propuestas. En este caso, estaría enfocada a corregir los saltos entre prestaciones para que tener un euro más de renta no impida acceder a la ayuda. Los hogares con ingresos por debajo del 30% de la mediana (746 euros mensuales para un hogar de dos adultos y dos niños) recibirían una prestación decreciente desde los 430 euros hasta los 53 euros y un complemento por hijo a cargo de 1.680 euros al año. Los hogares con unos ingresos entre los 746 y los 1.490 euros (30-60% de la mediana) sólo percibirían una asignación de 1.200 euros al año por cada hijo a cargo. En este caso, el coste fiscal sería el mismo que en la otra opción que propone la Autoridad Fiscal, pero la distribución de la renta mejoraría en un 4,2% y reduciría la tasa de pobreza severa un 46%.

Plan a medio plazo

No obstante, el coste es lo bastante «significativo» como para enmarcar la puesta en marcha del sistema en una estrategia fiscal a medio plazo que asegure la sostenibilidad de las administraciones públicas. Hay que tener en cuenta que el déficit estructural es superior a 2 puntos del PIB y el nivel de deuda está próximo al 100% del PIB. Junto al menor coste, el organismo de control fiscal también ha destacado que sus alternativas reducen en mayor medida el porcentaje de pobreza extrema en España, la segunda mayor tasa de la Unión Europea, sólo por detrás de Rumanía.

La AIReF considera que para solventar los problemas de diseño del plan original sería necesario establecer como requisito principal para el acceso a la prestación la renta del hogar, pero focalizando la ayuda en la pobreza severa. Además, sugiere eliminar los requisitos de estar inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE); simplificar el sistema de rentas, eliminando el solapamiento entre las ayudas de diferentes administraciones; y establecer la obligación de estar inscrito en la Agencia Tributaria para agilizar trámites y reducir el riesgo de fraude.