La Justicia estudia anular miles de sanciones a Uber y Cabify

El TSJ de Madrid solicita más de 2.000 expedientes abiertos el último año por la Comunidad por presunta captación ilegal de pasajeros porque duda de la legalidad de los criterios sancionadores.

Una de las principales acusaciones de los taxistas contra Uber y Cabify es que sus vehículos captan clientes en la calle aunque lo tienen prohibido por Ley. El Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) obliga a estas compañías a que los servicios que preste sean previamente contratados de forma telemática. En los últimos años, las comunidades autónomas, competentes en la materia, han abierto miles de expedientes a vehículos de alquiler con conductor (VTC) por estas presuntas captaciones irregulares. Sin embargo, los tribunales están empezando a poner en duda estas multas. Fuentes judiciales han confirmado a LA RAZÓN que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reclamado al Gobierno regional los más de 2.000 expedientes sancionadores que ha abierto en el último año por esta causa. El motivo, añaden, es que el organismo judicial duda de que los criterios sancionadores empleados sean legales.

Según explican estas fuentes, la comunidad ha abierto cientos de expedientes a vehículos VTC por el mero hecho de encontrarse estacionados en lugares de concentración y generación de demanda de servicios de transporte de viajeros como aeropuertos u hoteles. Sin embargo, añaden los consultados, nada impide a los vehículos de Uber o Cabify permanecer estacionados en estos lugares. La Comunidad de Madrid, aseguran, ha hecho una interpretación «sui géneris» de la norma, pues lo único que especifica es que sólo pueden prestar servicios previamente contratados. A pesar de ello, la región perseveró en estas sanciones, que tienen un evidente perjuicio para los transportistas. Ante ello, los afectados recurrieron al TSJM de Madrid los criterios sancionadores y la instancia judicial va a revisar la totalidad de los expedientes para determinar si mantiene las sanciones.

Sentencias favorables

Algunos tribunales ya se han pronunciado en los últimos meses a favor de reclamaciones similares de las VTC. En abril, como adelantó LA RAZÓN en su edición del 18 de mayo, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid falló a favor de un conductor de Cabify que había sido sancionado con 601 euros por un expediente abierto por la Comunidad de Madrid por una infracción de captación ilegal al estar estacionado en una calle madrileña. El tribunal aseguró que el Gobierno autonómico había sancionado al conductor por el mero hecho de estar estacionado en un lugar de generación de demanda de sus servicios, criterio que entendía había sido fijado por la Administración de forma unilateral, lo que cuestionaba su legalidad. Desde marzo, ha habido más sentencias en el mismo sentido, dicen las fuentes consultadas.

Comparecencia clave

Los taxistas y los propietarios de licencias VTC estarán muy pendientes hoy del Congreso de los Diputados. Allí comparecerá el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para explicar las medidas propuestas para intentar atajar el conflicto del sector. La comparecencia tendrá así lugar un mes después de que Fomento, en medio de un paro de taxistas y tras reunirse con los dos sectores y las comunidades autónomas, anunciara para mediados de septiembre un cambio legislativo con el fin de que las regiones que lo soliciten puedan asumir competencias en VTC. El Ministerio también indicó entonces, sin aportar más detalles, que, en virtud de la reforma, se articularán «otras medidas tendentes a corregir el desequilibrio» que actualmente registra la proporción entre VTC y taxi fijada por ley, la que establece un vehículo de las firmas como Uber por cada treinta taxis, una cuota actualmente sobrepasada ampliamente. En Madrid, por ejemplo, ronda las cuatro licencias de taxi por cada una de Uber o Cabify.