La morosidad ahoga a las pymes

Representa la amenaza más seria en términos de supervivencia empresarial. Hasta el 30% de las pequeñas y medianas compañías que desaparecen lo achacan a la demora en los pagos. Unas 65.000 empresas están en riesgo extremo, ya que soportan tasas de impago superiores al 10%

Lo prometido es deuda. O no. Más allá de provocar quebraderos de cabeza y rasgaduras de vestiduras, las facturas pendientes de cobro resultan pesadas losas para las empresas, que pueden hundirlas e incluso hacerlas desaparecer. Falta de oxígeno que las asfixia. Toxina que las envenena.

Lejos de que el 90% de las medianas empresas sufra facturas pendientes de cobro y de que el 12% tenga más del 20% de su facturación en esta situación, entre el 25 y el 30% de la desaparición de las pymes se debe a la morosidad, según la Comisión Europea. Sólo en 2014, el número de pymes con asalariados que pudo cerrar por este motivo se situó en unas 29.000.

Estos datos constituyen una prueba evidente de que los impagos a proveedores son un virus letal para pymes y autónomos. Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), afirma que los países y empresas que tardan más en cobrar necesitan más financiación, por lo que son menos viables y menos competitivos, al tener que pagar los intereses correspondientes a la misma. «Si la financiación es la comida de una empresa y los pagos el aire que ésta respira, dejar sin oxígeno a una compañía es lo peor que podemos hacer, porque se puede vivir con poca comida, pero sin aire no se sobrevive».

Si bien la normativa establece que el plazo medio de pago no puede exceder los 60 días en las operaciones comerciales entre empresas, en el segundo trimestre de este año se situó en los 80,7 días. Frente a ello, las pymes no tienen más recursos que denunciar los impagos y afrontar largos y costosos procesos, con el riesgo añadido de perder la condición de proveedor de la empresa morosa. Desde Cepyme instan a establecer un régimen proporcional y objetivo de infracciones y sanciones, como «instrumento disuasorio» para combatir a corto plazo el retraso intencional de los pagos. También consideran preciso reforzar jurídicamente la facultad de comprobación de la Administración contratante, penalizando a quien se presente a la contratación pública e incumpla este requerimiento.

Aunque el Índice Sintético de Morosidad Empresarial (ISME) reflejara un descenso durante los años de la crisis, en los últimos meses se aprecia una ligera ralentización en el ritmo de reducción de la morosidad, «que resulta preocupante». José Alberto González, secretario general de Cepyme, piensa que es fundamental impulsar un cambio de cultura en la gestión empresarial, aceptar que la demora de los pagos no puede ser una práctica habitual, ni una manera de autofinanciarse a costa de terceros. «La legislación es positiva, pero hay que hacer que se cumpla», apostilla.

La morosidad es una práctica nefasta para la economía, que detrae recursos financieros necesarios para la actividad productiva y constituye la causa final del cierre de numerosas empresas, especialmente pymes y autónomos. La deuda comercial en mora en el segundo trimestre superaba los 310.000 millones de euros, con un coste financiero de 1.619 millones de euros, equivalente al 0,1% del PIB.

Pese a que la morosidad cause un grave perjuicio económico a todas las empresas, las pymes son más vulnerables al contar con menos recursos para afrontar los impagos. González destaca que las compañías pequeñas pagan antes que las grandes, y que cuanto mayor es el tamaño de las empresas, más aumenta el período medio de pago de las facturas.

En España, la morosidad afecta al 44% de las facturas, pero no es una lacra específica de nuestro país. En Alemania, Austria o Bélgica el porcentaje de las facturas afectadas es del 42%. «Resulta vital para una empresa contar con herramientas, como el seguro de crédito, para que esa morosidad no se transforme en un impago que jamás llegará a cobrar». Las fuentes consultadas de Crédito y Caución piensan que las medidas adoptadas en esta lucha forman parte de una preocupación común de los distintos países europeos que persigue mejorar los niveles de liquidez y solvencia empresarial, y que el principal eje de la reforma es la limitación de los plazos del pago, tanto del sector público como del privado.

Más de la mitad del tejido empresarial –el 56%– trabajó el último año con plazos de cobro superiores a los 60 días en el B2B, y la principal razón esgrimida para explicar este incumplimiento entre compañías es la falta de disponibilidad de fondos. Pagar fuera de plazo se está convirtiendo en una práctica cultural, y no únicamente en España. En Estados Unidos, por ejemplo, la morosidad afecta al 47% de las facturas. Los más cumplidores son los daneses, húngaros y japoneses. Pero, históricamente, nuestro país presenta uno de los plazos de pago más dilatados, junto a Italia, Portugal o Grecia.

O no hay voluntad para pagar o no hay capacidad. Una de cada tres empresas que desaparece en Europa lo hace porque tiene problemas de pago con sus clientes. Podían ser competitivas, tener productos o servicios que aportan valor, pero la morosidad puede considerarse un síntoma de que un cliente está viendo descalabrada su solvencia o liquidez. Y si ese deterioro no se detiene, sobrevienen los impagos, que son la amenaza más seria en términos de supervivencia empresarial.

De acuerdo con los datos de Crédito y Caución, el actual impacto de la morosidad en la economía es sensiblemente superior al que soportaba el tejido empresarial antes del estallido de la crisis, aunque se encuentra ya lejos del máximo histórico alcanzado en 2012, cuando dos de cada tres compañías sufrían impagos significativos. No obstante, las empresas vuelven a centrarse en la búsqueda de nuevos clientes, por lo que empiezan a asumir nuevos riesgos. Fuentes de Crédito y Caución sostienen que el 98% de las compañías vende a crédito a otras empresas. «La compleja y tupida red de relaciones comerciales que generan estos intercambios multiplica la virilidad de la transmisión de los problemas de morosidad e insolvencia entre empresas». Según algunos datos, cerca de 65.000 empresas están en riesgo extremo de supervivencia, ya que soportan tasas de impago superiores al 10%.

¿Método de financiación?

El riesgo de morosidad y la falta de crédito, en gran medida, están asociados. Y es que el 68% de las empresas que sufren la morosidad de sus clientes la achacan a la falta de disponibilidad de acceso a la liquidez de su cartera. La morosidad incumbe tanto al sector público como al privado. De los informes de Crédito y Caución se desprende que la mitad de las empresas que trabajan para el sector público no percibe ninguna mejora en sus plazos de cobro y todavía el 9% soporta tasas de impago que suponen una seria amenaza para su supervivencia. En el ámbito privado, ese porcentaje desciende hasta el 5% del tejido empresarial.

Al tiempo que la morosidad se percibe como un problema para las pymes, también puede considerarse un método de financiación para las grandes empresas, porque muchas compañías utilizan el retraso en los plazos de pago acordados para mejorar sus niveles de liquidez. El estudio más reciente de Crédito y Caución refleja una flexibilidad creciente de los plazos de cobro, como parte de la relación comercial. Así, el 42% de las empresas –máximo de la serie histórica– permite a sus clientes retrasos en pagos superiores a los 90 días antes de iniciar acciones de recobro. El secretario general de Cepyme admite que, en algunas ocasiones, es cierto que las empresas demoran intencionadamente los pagos a sus proveedores para tener mayores recursos financieros y, en este proceso, pymes y autónomos son el último escalón, y el más débil.

El método de recobro más utilizado es el desarrollo de procesos internos. A la hora de buscar ayuda fuera de la compañía, le siguen en importancia el uso de despachos especializados o de aseguradoras de crédito. Desde Crédito y Caución remarcan que únicamente el 1% hace uso de personajes caracterizados en sus acciones de recobro, «una metodología cuya presencia mediática no responde a su representatividad real».

Los señalados

Las seis constructoras del Ibex35 presentan unos plazos de pago que, al menos, triplican los 60 días que fija de límite la ley. Según el informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), la cadena de cobro se rompe sin fluir el dinero hasta el último eslabón. Es decir, los subcontratistas, que en su mayoría son autónomos y pymes. Pese a la mejora que han experimentado sus periodos de cobro, los plazos medios de pago de estas grandes compañías empeoraron en 2014. Desde la PMcM proponen, entre otras medias, la agilización de la recuperación del IVA o la obligatoriedad para las administraciones públicas de contratar a compañías que tengan al día sus pagos a proveedores.

Durante el primer semestre del año, el 74% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los que establece la Ley. Según los últimos datos recabados por la PMcM, en 2014 el plazo medio de pago del sector privado aumentó un 5% respecto al año anterior, pasando desde los 85 días en 2013 a los 89 el año pasado, frente a los 60 legales. Asimismo, el sector público los redujo un 26% –desde los 111 días en 2013 a los 82 en 2014–.

Autónomos asfixiados

La morosidad también supone un virus letal para los autoempleados. El mes pasado, el período medio de pago de las administraciones públicas con sus autónomos se situaba en 83 días, mucho más tarde de lo que exige «la Ley con más insumisos de España». Lorenzo Amor, presidente de ATA, lo resume como «una lacra que dura demasiado», y alerta de que no podemos permitirnos perder de nuevo el tejido empresarial que ha sobrevivido a la crisis. Hay que fortalecer a los empleadores para consolidar la creación de empleo y «la morosidad es su principal freno a la hora de crecer y contratar». Unos 500.000 autoempleados y empresas han echado el cierre debido a la morosidad, por lo que los autónomos piden embargar a los ayuntamientos morosos. Amor piensa que «no habrá afianzamiento de la recuperación económica hasta que no pongamos fin a este problema y ni un autónomo pueda decir que tras meses de realizar un trabajo no ha recibido su justo pago».

Las empresas de más de 1.000 trabajadores que, a priori, puede parecer que son las que más capacidad tienen para abonar sus facturas, son las que más tardan en pagar. Sin embargo, Amor sostiene que los autónomos y las empresas con menos de 10 empleados conforman los únicos sectores que cumplen con lo establecido. Según sus cálculos, las transacciones entre los autónomos se sitúan en 54 y en 57 en el caso de las microempresas.

Desde ATA lamentan que la Ley de Segunda Oportunidad tenga muy poco de segunda oportunidad. Su presidente resalta que se trata de un intento fallido y una ocasión desaprovechada para ayudar a los autónomos que lo pierden todo. «A los autónomos no sólo hay que ayudarles y tenerles en cuenta cuando empiezan, si no también cuando fracasan y han puesto todo lo que tienen para sacar adelante su proyecto». Lorenzo Amor piensa que debería vincularse el procedimiento al reemprendimiento, como una forma de garantizar el pago a acreedores a través de una nueva actividad.