La OCDE advierte: Hemos de reformar ya nuestras pensiones

La organización de los países desarrollados pide potenciar el ahorro privado.

En el año 2050, apenas dentro de tres décadas, el Estado español tendrá que abonar cinco millones de pensiones más que ahora. Lo tendrá que hacer, además, con cuatro millones menos de empleos que en la actualidad. ¿Cómo cuadrar la ecuación? Pues con una reforma en profundidad de nuestra Seguridad Social que gire en torno a dos ejes: transparencia y ahorro privado. La propia OCDE, a través de su economista-jefe en el ramo de sistemas de previsión social, lo ha recordado esta misma semana en un foro organizado por Funcas e Ibercaja: nuestro país no se está preparando para afrontar su venidero «shock» demográfico, porque ni está arrojando luz a la situación real de los futuros pensionistas ni tampoco está potenciando fórmulas de ahorro personal.

Por un lado, la transparencia es fundamental para que los españoles tomen conciencia del problema al que se enfrentarán cuando accedan a la jubilación. Ahora mismo, su única referencia disponible para conocer cuál será su nivel de pensión futuro es el nivel de pensiones presentes: pero si, como decíamos, las condiciones de jubilación actuales no son sostenibles en el tiempo, entonces tomarlas como referencia de futuro sólo nos inducirá al error. De ahí que la OCDE recomiende importar el sistema de cuentas nocionales sueco: un sistema donde el trabajador conoce en cada momento qué pensión va a cobrar en el futuro en función de las contribuciones sociales que vaya aportando. De este modo, nadie se llamaría a engaño y cada cual podría planificar su futuro sobre bases certeras (a diferencia de lo que sucede hoy en España, donde no conocemos por anticipado qué ingresos vamos a percibir durante la jubilación).

Por otro lado, la OCDE también recalca la necesidad de potenciar el ahorro privado para así complementar las menguantes pensiones públicas de mañana. En la actualidad, las pensiones medias representan en torno al 70% de los salarios medios cobrados a lo largo de la vida laboral, pero en el año 2050, y debido al previsible desequilibrio demográfico que experimentaremos, sólo supondrán el 45%. Por consiguiente, si los pensionistas futuros desean mantener su calidad de vida previa a la jubilación, no podrán depender sólo de las pensiones públicas: habrán de apoyarse adicionalmente sobre su patrimonio privado. En España, sin embargo, el ahorro privado se halla muy maltratado desde una perspectiva fiscal; únicamente los planes de pensiones gozan en el corto plazo de ciertos beneficios tributarios, pero no así otras modalidades de ahorro (como las acciones, los bienes inmuebles o la renta fija). Por ello, el Gobierno debería replantearse de raíz el marco impositivo que castiga al ahorro: aligerar los gravámenes que recaen sobre todas las inversiones para así incentivarlas.

Por desgracia, no estamos avanzando ni hacia una mayor transparencia ni hacia un mayor ahorro privado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha limitado a anunciar esta misma semana que planea aprobar una cosmética rebaja en el IRPF que sufren los pensionistas, pero los jubilados con ingresos muy bajos apenas pagaban ya IRPF, de modo que el problema de fondo al que nos veremos abocados durante las próximas tres décadas –unas bajas pensiones antes de impuestos– no se verá en absoluto solventado. Incluso la OCDE se ha decidido a sacarnos los colores por los urgentes deberes que estamos desatendiendo. Y es que, por mucho que se trate de un problema de largo plazo, no podemos desatenderlo hoy. Más transparencia y más ahorro: ese es el camino a seguir.

Día de la deuda

España ha ido reduciendo sostenidamente su déficit público en los últimos años: desde el 11% del Producto Interior Bruto (PIB) al que se llegó en el año 2009 al 3% del presente ejercicio. Sucede que referenciar el déficit público al PIB puede transmitir una imagen engañosa o incompleta: a la postre, la totalidad del Producto Interior Bruto no se encuentra a disposición del Gobierno para amortizar sus pasivos. Por eso, el Foro de Regulación Inteligente acaba de publicar un sencillo indicador que acaso nos puede ayudar a comprender mejor la magnitud de nuestro déficit: el llamado «Día de la deuda». A saber, la fecha a partir de la cual el Estado español ya no financia sus gastos con ingresos procedente de los impuestos sino emitiendo nueva deuda. Este año, el día de la deuda se ubicó el 11 de noviembre pasado: es decir, las Administraciones Públicas viven 50 días «de prestado». En 2009 estábamos mucho peor: el Día de la Deuda fue el 26 de julio, esto es, vivimos 148 días «de prestado». El objetivo debería ser llevarlo hasta el 31 de diciembre.

Desendeudamiento empresarial

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, puso esta semana a las empresas españolas como ejemplo de sana reducción de su deuda. En particular, el italiano alabó que las compañías nacionales hayan minorado sus pasivos desde el equivalente al 215% del Producto INterior Bruto a precios de mercado en 2012 al 150% actual. Se trata de una reducción de nada menos que 65 puntos de PIB (más de 700.000 millones de euros) en apenas un lustro. Merced a tales amortizaciones extraordinarias de sus obligaciones financieras, el tejido empresarial español ha logrado incrementar de manera muy sustancial su solvencia presente, volviéndose de ese modo más resistente frente a cualquier «shock» económico que pudiera sobrevenir en el futuro. Claramente, pues, el sector privado español sí se ha puesto manos a la obra para corregir los desequilibrios financieros que había acumulado a lo largo de la burbuja inmobiliaria. No así el sector público, el cual no ha parado de endeudarse desde 2008 por mucho que el déficit sí haya ido disminuyendo. Ojalá nuestras administraciones públicas se hubiesen comportado con la misma diligencia y profesionalidad que nuestras empresas.

Populismo oficialista europeo

La mayoría de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se han reunido en la ciudad sueca de Gotemburgo para debatir sobre empleo y crecimiento económico. Uno de los documentos más renombrados que nos ha dejado la cumbre ha sido un nuevo listado de derechos sociales –educación de calidad, igualdad de oportunidades, salario justo, inclusión social, etc.– con el que se pretende plantar cara a la nueva oleada populista. Sucede que tal listado de nuevos derechos sociales no es más que una muestra del populismo oficialista europeo que venimos padeciendo desde hace años: no sólo porque se trata de una simple declaración de buenas intenciones –dado que no es vinculante para los líderes políticos– sino porque tales derechos son sólo una forma de prometer que los ciudadanos pagarán sufridamente muchos más impuestos para que los Estados gasten inútilmente mucho más de su dinero en tratar de perseguir objetivos demagogos. La nueva Europa que necesitamos no es una Europa más socialdemócrata, sino un Continente basado en la baja fiscalidad y en las regulaciones moderadas. Ningún líder europeo, empero, tiene en su agenda promover tal giro copernicano.