La UE estudia si los avales a los activos fiscales de la banca son ayudas de Estado

La Comisión Europea pide información a España, Italia, Portugal y Grecia

La Comisión Europea ha solicitado información a los gobiernos de España, Italia, Portugal y Grecia para determinar si los avales concedidos por sus estados a los activos fiscales diferidos pueden constituir ayudas incompatibles con la legislación comunitaria. En una rueda de prensa, el portavoz Alexander Winterstein confirmó ayer en Bruselas que el ejecutivo europeo ha enviado cartas a los estados que dieron avales a diferentes activos fiscales para entender cómo funcionan esas medidas. La Comisión no ha querido aclarar las razones por las que ha solicitado esa información a países que, como España, Portugal o Grecia estaban bajo la supervisión europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando aprobaron las medidas de aval.

En el año 2013, el Gobierno español aprobó un Real decreto ley para permitir a la banca contabilizar como capital principal («core capital») el 60% de los activos fiscales diferidos que tenía contabilizados, lo que en la práctica suponía dejar en sus ratios de solvencia alrededor de 30.000 millones de euros.

La nueva normativa de solvencia, conocida como Basilea III, no considera los DTA como capital de alta calidad a efectos de contabilizar en sus ratios de solvencia, aunque permite, bajo determinadas condiciones, su contabilización hasta 2019.

El Ministerio de Economía descartó ayer que las garantías concedidas por España a los activos fiscales diferidos de la banca constituyan ayudas públicas ilegales, según informaron a Europa Press en fuentes del departamento que encabeza Luis de Guindos que explicaron que estas garantías no pueden considerarse como ayudas de Estado a la banca al no tratarse de un mecanismo discriminatorio, ya que cualquier empresa puede hacer uso de esta prerrogativa. Además, hicieron hincapié en que casi todos los países miembros de la Unión Europea disponen de garantías similares sobre los créditos fiscales diferidos.

Lo primero que pretende aclarar Bruselas, según señaló la portavoz Lucía Caudet, es si se trata de un régimen sectorial o se aplica a todas las empresas por igual. Tres eurodiputados españoles y uno alemán enviaron preguntas parlamentarias por escrito a la CE sobre esta cuestión en 2013 y 2014: Ramón Tremosa (CDC), Willy Meyer (IU), Paloma López (IU) y el alemán de los Verdes Sven Giegold, en abril de 2014.

Se trata de una investigación en curso que, en ningún caso, prejuzga el resultado.