La utopía de la renta mínima universal

El movimiento a favor de la Renta Básica Universal está ganando fuerza en todo el mundo. Los defensores de esta ayuda social argumentan que se trata de la mejor alternativa para crear sociedades más justas, erradicar la pobreza y terminar con la discriminación de clases, aunque a lo largo de la historia, pocos son los estados en los que ha sido sostenible la implantación de este tipo de amparo social.

En este sentido, José Ramón Pin, profesor del IESE Business School, afirmaba en LA RAZÓN que la renta básica se utiliza «como bandera electoral». Antes de analizar los estados que han intentado aplicar este subsidio conviene aclarar el concepto, descifrar qué es una renta universal. Se trata de una prestación monetaria –no en especie como la sanidad o la educación– que el Estado abona a todos los ciudadanos de un país de manera incondicional y por el mero hecho de serlo.

La primera región que concedió la renta básica en todo su territorio fue Alaska. Las primeras pruebas del estado número 49 de Estados Unidos se remontan al año 1976 con la creación de «Alaska Permanente Found», un fondo soberano financiado a través de los ingresos del petróleo con objeto de almacenar, gestionar y repartir los dividendos de la lucrativa exportación de carburante, de forma similar a Noruega. Y desde entonces, «la tierra grande» reparte determinadas sumas de dinero a todos sus ciudadanos anualmente.

A comienzos de 2017, el gobierno finlandés puso en marcha un programa piloto de renta básica que benefició a 2.000 ciudadanos con un ingreso público de 560 euros mensuales, pero el experimento no tuvo el éxito esperado y el Ejecutivo finlandés desmanteló la iniciativa.

Los resultados preliminares mostraron que la medida no tuvo efecto alguno en la empleabilidad de los beneficiarios, ya que trabajaron casi lo mismo y ganaron lo mismo que otro colectivo de características similares. Eso sí, la renta básica sí que fue capaz de mejorar aspectos como la salud o la autoestima de sus beneficiarios.

El caso de Suiza también demuestra que es insostenible el mantenimiento a largo plazo de este tipo de subsidios. Los suizos rechazaron en 2016 una iniciativa popular para instaurar una renta mínima mensual de unos 2.300 euros, que según sus promotores, pretendía garantizar una vida digna para todos los ciudadanos. Todavía quedan Estados democráticos que insisten en la idea. Es el caso de Francia, donde 13 regiones planean aplicar una renta básica en 2019. Y, en proyecto, Italia. Si Francia consigue ser la excepción a los casos citados o no aún queda por verse.

El presidente de ONEtoONE Corporate Finance Group, Enrique Quemada, lo tiene claro. Asegura que este tipo de medidas sólo pueden adoptarlas «los paises ricos».

El coste de la renta universal para España

Con este análisis de países que han intentado instalar una renta básica para sus ciudadanos y finalmente, han recapacitado, España no podía ser una excepción. En 2018, cuando el Gobierno del PP tumbó una iniciativa legislativa popular de la izquierda de implantar una renta mínima, el entonces secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, sostenía que llevar a cabo esta idea supondría «un coste de 15.000 millones anuales, provocando la quiebra del Estado».

El mismo dato estaba avalado por el actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en aquel momento responsable de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ya advirtió en una Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de que el coste de una prestación de esta magnitud podría oscilar entre los 13.000 y los 14.000 millones de euros cada año.

Sin embargo, aunque la proposición fue rechazada existían diversas opiniones entre los expertos. Así, mientras que Enrique Quemada confiaba en que dado el nivel de endeudamiento de España, Europa no habría permitido la aprobación de tal decisión, José Ramón Pin aseguraba estar convencido de que «llegará inexorablemente». Explicaba que se trata de una propuesta populista con el fin de sumar votos electorales, por lo que se convertiría en una medida política y no económica. Sin embargo, consideraba que el Gobierno debería «adelantarse» a los partidos que pretenden aprovecharse de la popularidad que suscita la renta básica, pues «el problema no es cuándo se aplicará, sino qué tipo de renta se aplicará».